Rafael Narváez, abogado penalista y defensor de los derechos civiles, expresó que está de acuerdo y apoya la decisión de Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI).
«Como defensor por los derechos civiles desde el año 1984 saludo y me muestro solidario para acompañar la iniciativa. Esta debe comenzar con el impulso de la investigación en curso por la CPI sobre las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en el año 2017 ejecutados por el letal plan Zamora», indicó el abogado en una nota de prensa.
Y recordó que el plan Zamora fue «creado por decreto presidencial para contener a los manifestantes que se lanzaron a la calle haciendo uso del derecho constitucional establecido en el artículo 68 que establece el derecho a manifestar pacíficamente. Pero fueron víctimas de la represión, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos».
Asimismo, Narváez se dirigió a Gutiérrez tildando como «tarea urgente» que el máximo tribunal del país ordene procesar penalmente a la cadena de mando involucrada en las violaciones a los derechos humanos.
El TSJ y la CPI
«Y no olvidar darle cumplimiento al memorando de entendimiento firmado con el fiscal de la CPI, Karim Khan, y permitir la instalación de la oficina para técnicos de la CPI que aún el Estado venezolano no la ha permitido», agregó el abogado.
Finalmente, dijo estar «a la orden para ayudar con su experiencia a darle cumplimiento a las tareas sugeridas por el bien del sistema de justicia».
Y recordó que las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Los comentarios de Nárvaez ocurren luego de que el 29 de enero, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, se reunió en La Haya con la primera vicepresidenta de la CPI, Luz Ibáñez.