Filipinas está en crisis. De una población de 100 millones, más de 20 millones son pobres. La pandemia del nuevo coronavirus, con más de 100.000 infectados, ha significado un nuevo golpe para esta nación, hoy gobernada por Rodrigo Duterte, un polémico y variopinto mandatario, que asimismo es señalado de feroz represor.
Sus acciones, vistas desde lejos por los venezolanos, han llamado la atención, sobre todo por su recomendación de lavar los tapabocas con gasolina si no se cuenta con alcohol.
“Si no hay alcohol disponible, especialmente para la gente pobre, vayan a una estación de gasolina y úsenla para desinfectar los tapabocas”, señaló.
En muchos casos parecido a Nicolás Maduro, Duterte hace uso del poder militar como respaldo, es frecuente represor de quienes lo adversan y ataca a periodistas y medios que no alaban su gestión, todas ellas características del gobernante venezolano. También adversa a los jerarcas de la Iglesia Católica que lo critican. De 75 años de edad, es presidente de Filipinas desde 2016.
La militarización
La respuesta de Duterte contra la pandemia ha sido la militarización. Lo mismo que ha hecho Maduro.
Según informaciones de medios locales, recogidas por El Mundo de España, alrededor de 40.000 personas han sido detenidas por saltarse el confinamiento. Algunos de los prisioneros fueron retenidos en jaulas para perros, en instalaciones sin condiciones.
Ante el inminente colapso del sistema de salud, los trabajadores reclamaron al gobierno de Duterte la apertura de la cuarentena, medida implementada la semana pasada, y pidieron que volviera a decretar el cierre de Manila y las provincias cercanas ante la emergencia
Duterte cedió, pero se molestó por la solicitud. “No había ninguna necesidad”, dijo. Amenazó a los médicos y enfermeros.
Represor
Hace cuatro meses amenazó con matar de un tiro al que no respetara la cuarentena. “No dudo. Mis órdenes son para la policía y el Ejército; si hay problemas o surge una situación en la que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar”, ordenó Duterte.
Para enfrentar la pandemia ha recurrido a los arrestos masivos y las amenazas de represión estatal, lo que fue común en una campaña antidrogas, en la cual la policía ha sido señalada de estar implicada en ejecuciones extrajudiciales, según The Washington Post.
“Juntos enfrentaremos esta pandemia con el mismo fervor de nuestra campaña contra las drogas ilegales, la delincuencia, la rebelión y la corrupción en los lugares concentrados del poder”, dijo.
A principios de julio se aprobó una ley antiterrorista que otorga amplios poderes al Ejecutivo. Organizaciones de derechos humanos criticaron la legislación.
Los periodistas
La periodista filipina María Ressa, una de las mayores críticas de Duterte, enfrenta varias demandas. Directora del portal Rapler fue declarada culpable de difamación, por lo que podría cumplir hasta seis años de prisión, reseñó la agencia de noticias EFE.
Ressa recalcó que todos los cargos han sido fabricados para acallar el medio que dirige. Duterte vetó el acceso de Rapler al palacio presidencial. Lo acusa de estar al servicio de la CIA, de inventar noticias y manipular la información.
A principios de julio, el gobierno de Duterte cerró el canal ABS-CBN, el mayor medio de comunicación de Filipinas. El Congreso decidió no renovarle la licencia para transmitir en señal abierta. Duterte ya los había amenazado con la suspensión.
ABS-CBN cuenta con un canal por cable y sitios de internet.
La Iglesia Católica
También los obispos de la Iglesia Católica han caído en desgracia con Duterte. Sus críticas no han sido bien vistas por el mandatario filipino, según EFE.
En una carta pastoral publicada a finales de julio denunciaron el patrón de intimidación que ha impuesto el gobierno. Compararon a Duterte con Ferdinand Marcos, dictador filipino que se mantuvo en el poder entre 1965 y 1986.