A principios de 2019 se conoció la investigación contra el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo, quien presuntamente blanqueó en España al menos 4 millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela.
El 20 de mayo de ese año, cuatro personas relacionadas con el caso fueron detenidas, entre ellas Alejo Morojo, hijo del exembajador. Estas capturas se realizaron en el contexto de una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Morodo de forma irregular.
Raúl Morodo, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad, pero fue citado a declarar en la Audiencia Nacional posteriormente. Sin embargo, dos días después de que se llevaron a cabo las detenciones los acusados fueron puestos en libertad y el juez les impuso a los cuatro, así como al propio exembajador español, medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salir de España.
Raúl Morodo Leoncio es un jurista y político español. Catedrático de derecho político y constitucional, fue cofundador del Partido Socialista Popular. Fue diputado constituyente por Madrid con el PSP (1977-1979). Ha sido diputado por el Centro Democrático y Social (CDS) al Parlamento Europeo entre 1987 y 1994.
Fue embajador político en tres ocasiones: embajador-representante permanente ante la Unesco (1983-1985), embajador en Portugal (1995-1999) y en 2004 fue nombrado por el Consejo de Ministros embajador de España en Venezuela, asimismo en 2005 de la República Cooperativa de Guyana, cargos en los que cesó en 2007. Fue sustituido por el embajador Dámaso de Lario.
Morodo fue nombrado embajador de Venezuela por el entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y estuvo en el cargo hasta el año 2007.
Santiago Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero sustraído supuestamente por funcionarios y ciudadanos venezolanos de Pdvsa y en este caso realiza la instrucción por unos hechos relacionados con Morodo, que se remontan al período 2012-2015.
En la operación también se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del exembajador.
A los investigados en esta causa se les atribuyó un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.
Esta causa contra Morodo tiene relación con el saqueo a Pdvsa que se investiga en varios juzgados españoles. Las acusaciones contra el exembajador indican que este habría blanqueado en España el dinero obtenido de Pdvsa gracias a falsos contratos de asesoramiento profesional a la petrolera.
Los investigadores señalaron que ese dinero irregular lo remitió a España bajo la excusa de que eran honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, fondos que luego blanqueó con inversiones inmobiliarias.
El saqueo a Pdvsa lo investigan Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.
Investigaciones contra la familia Morodo
En febrero de este año se conoció que familiares del exembajador también están siendo investigados por lavado de dinero de Pdvsa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional acordó librar una nueva comisión rogatoria a Portugal. Esta medida es para aclarar el origen de 480.000 euros que la consuegra del exembajador transfirió a su hija y que ella, tras devolverle 225.000, utilizó para la compra de una vivienda en Portugal. El caso se incluye al llevado por la Fiscalía Anticorrupción.
Luego de pasar por Suiza, Panamá y Portugal, estos fondos acabaron en la familia y en las cuentas de algunos de sus socios: 8 personas cuyos movimientos bancarios están bajo la lupa porque se movieron hasta 35 millones de euros entre 2010 y 2018.
En un comunicado al que tuvo acceso Efe, la familia Morodo desmintió apropiarse de decenas de millones de euros de la estatal venezolana.
En el texto señalan que mantuvieron una relación contractual con Pdvsa: «Prestando servicios de asesoría jurídica, consultoría y coordinación legal. Todo de carácter técnico e internacional, respondiendo a una plena legalidad y reconocimiento».