El empresario Rafael Hernández Quintero, detenido esta semana por funcionarios de la Policía Nacional Contra la Corrupción, ha sido señalado de estar implicado en la supuesta trama de corrupción de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y presuntamente también estaría vinculado al restaurante Altum.
Hernández Quintero fue identificado como el testaferro de Joselit Ramírez, jefe capturado de la Sunacrip hace unos meses, de acuerdo con fuentes del medio La Tabla.
El empresario presuntamente cuidaba los intereses de Ramírez en su participación en el polémico restaurante Altum, ubicado en Altamira, Caracas.
«El excéntrico restaurante/plataforma Altum ubicado en Altamira está rodeado de un velo que trasluce indicios de delitos derivados de la actuación de la mafia de corrupción de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) a través de operadores financieros al servicio de altos funcionarios», afirma el medio.
El martes, la Policía Nacional Contra la Corrupción ejecutó una medida de «aseguramiento» de las instalaciones del restaurante, cuyo propietario oficial es Nelsy Blanco Gil.
Blanco, quien también es el dueño de Buono Restaurante, anunció días atrás el cierre del Altum alegando poca afluencia por miedo a las alturas.
A Rafael Hernández Quintero también se le vincula directamente con Tareck El Aissami. Durante el paso del exministro de Petróleo por la gobernación de Aragua, el empresario figuró como Coordinador Administrativo del Monumento Bicentenario de la Batalla de La Victoria.
Hernández aparece como dueño, junto a Daniel Alejandro Sifuentes Contreras, de la empresa JMT Solution Technology, contratada como proveedora del Carnet de la Patria que había sido lanzado en enero de 2017.
De acuerdo con su cuenta individual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, comenzó a cotizar como trabajador de la Vicepresidencia en enero de 2017, coincidiendo con la creación del Carnet de la Patria. Es decir, Hernández y Sifuentes registraron JMT Solution Technology el 5 de abril de 2017, sólo tres meses después del anuncio de la creación del carnet, de acuerdo con el portal Runrunes.
Esta contratación de la empresa para crear la aplicación viola el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 73 de La Ley contra la Corrupción por obtener ventaja económica con posible aprovechamiento de las funciones que ejerce.
Los creadores de la aplicación, Hernández y Ramírez, coincidieron El Aissami cuando estudiaron en la Universidad de Los Andes.