Un mensaje de texto con información personal, una foto de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (Dgcim) y un emoji de una granada no fue considerado como “una amenaza contundente” para la Fiscalía de Colombia, según le explicó el ente a un exmilitar venezolano que apoyó a Juan Guaidó en 2019 y que ahora hace huelga de hambre frente a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) en Bogotá pidiendo protección y reasentamiento para salir del país.
Como este caso, son varios los venezolanos que denuncian que el Estado colombiano ya no es considerado seguro para proteger a quienes huyen de Venezuela por persecución política. Cada vez se conocen más historias de activistas, políticos, periodistas e incluso militares venezolanos que han recibido amenazas a su integridad, pero Colombia las considera “poco peligrosas”.
Desde el lunes, los sargentos Tulio Moreno y Fabiola Zambrano se encuentran en huelga de hambre a las afueras de Acnur, en Bogotá, solicitando protección y apoyo para salir del país y ser reasentados. Hasta ahora no han habido respuesta.
Sin protección
Moreno y Zambrano forman parte de los militares que en 2019 apoyaron a Juan Guaidó y desertaron a través de la frontera entre Colombia y Venezuela. En ese momento fueron acogidos por Acnur, les entregaron un salvoconducto que sería renovado cada 30 días con la condición de otorgarles refugio, cuenta a EL TIEMPO Fabiola Zambrano.
“Mi compañero (Moreno) pasó con la tanqueta y yo pasé por Puerto Santander”, recuerda la sargento mientras mantiene la huelga de hambre.
El problema es que luego, en mayo de ese año (ellos desertaron en febrero) no les fue renovado el salvoconducto y Migración Colombia, Acnur y Cancillería -dice la joven- los obligaron a renunciar al refugio “para otorgarnos un Permiso Especial”.
En reuniones les explicaron que el permiso les serviría, pero se percataron de que no había protección e incluso recibieron amenazas a su integridad, por lo que tuvieron que moverse a Bogotá.
Las amenazas no son nuevas
“A algunos militares los ayudaron con 250.000 pesos, una colchoneta y que se fueran (…) Nunca vimos a Guaidó, él dejó a algunos encargados, pero los recursos que nos destinaron nunca nos los dieron”, relata Zambrano.
Se sabe que algunos de los militares desertores regresaron a Venezuela, pero fueron apresados o mantienen régimen de presentación en tribunales.
En el caso de Moreno y Zambrano, son acusados de traición a la patria, deserción “y otros delitos más que no sabemos”, explica la sargento.
Pero el temor ha ido creciendo cada día estando en Colombia. Por ejemplo, la semana pasada Moreno recibió un mensaje de un número de teléfono colombiano con una imagen de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (Dgcim) en la que aparecían todos sus datos con un emoji de una granada.
“Mi compañero fue a la Fiscalía en Bogotá y le dijeron que eso no era una amenaza contundente”, señala Zambrano.
Las amenazas no son nuevas – insiste la sargento-, pues en Cúcuta eran similares y el ahora ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en su programa de televisión “ha amenazado a los militares que desertamos en apoyo a Guaidó”.
En Movilidad Segura tampoco ha habido diligencia sobre el caso de estos venezolanos. “Queremos salir de Colombia, no estamos seguros. Secretaría de Gobierno dice que no hay amenazas, pero tenemos temor por nuestra vda” relata Zambrano, quien además cuenta que Acnur solo les indica que regresen a sus casas y que les llegará un correo.
Ambos sargentos continuarán la huelga de hambre hasta obtener una respuesta.
No es el primer caso en el que venezolanos protestan frente a Acnur en Colombia
En febrero de 2023, la periodista venezolana Carolina Briceño solicitó a Colombia que le otorgara el estatus de refugiada luego de recibir amenazas tras la publicación de un reportaje en el diario El Nacional que involucraba a funcionarios del gobierno de Venezuela.
Briceño huyó de Cúcuta a Bogotá e inició una huelga de hambre frente a Acnur. La periodista narró a EL TIEMPO en ese momento que dejó su casa en Villa del Rosario luego de recibir información de que el gobierno venezolano la estaría buscando.
El 25 de enero, Briceño renunció al Permiso de Protección Temporal (PPT) para poder solicitar el refugio, pero aseguró entonces que la Cancillería le respondía que el proceso no se había ejecutado y por ende no se podía otorgar el estatus de refugiado.
La periodista recibió llamadas de amenazas y temía ser expulsada por Colombia a Venezuela, algo que ya ha hecho el Estado colombiano con otros opositores, como el caso de Lorent Saleh.
«Colombia ya no es segura para la disidencia venezolana»
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia está preocupada por situaciones como estas, que se están haciendo más comunes.
Desde el 29 de julio, más de 300 personas han salido de Venezuela por ser perseguidos políticos. La gran mayoría de ellos llegaron a Colombia, pero se encontraron con que no hay mecanismos de protección para sus casos.
Así lo narró el abogado de la ONG, Kelvi Zambrano, haciendo referencia a que muchos opositores venezolanos han tenido que huir de Colombia por recibir amenazas sin encontrar protección del Estado.
Zambrano explicó que entre los Estados se encuentra Colombia, país “que ya no es seguro” para la disidencia venezolana.
Desde la perspectiva del abogado, incluso actores como las FARC y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) están siendo partícipes de las presiones y persecución a ciudadanos venezolanos.
“Hablamos de las personas privadas de libertad pero poco se habla de la cantidad de personas que hoy en día han tenido que huir del país por persecución política. Nosotros desde la Coalición hemos documentado más de 387 casos de personas que han tenido que irse del país por persecución política desde el 28 de julio hasta el día de hoy”, expuso Zambrano.
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