Una orden de arresto y medidas coercitivas contra Nicolás Maduro y los artífices de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esa es la petición que más de 50 juristas le hicieron esta semana a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ante la represión y las violaciones de los derechos humanos en el país luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio que dieron por ganador al actual presidente y donde el número de fallecidos tras las protestas asciende a 27, según cifras oficiales.
La misiva también la firman la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, los abogados colombianos Jaime Granados, Iván Cancino y Francisco Bernate, entre otros.
Los juristas denuncian un patrón generalizado y sistemático de abusos por parte del régimen de Nicolás Maduro y le piden a la justicia internacional detener la impunidad en Venezuela y responsabilizar a aquellos que han cometido crímenes atroces en el país.
El pedido se enmarca en el caso que lleva la CPI y que estudia delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela en el marco de las protestas opositoras de 2017, en las que murieron al menos 100 personas.
EL TIEMPO habló con Orlando Viera-Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, presidente de la asociación VenAmérica y uno de los abogados firmantes del documento enviado a la oficina de la CPI.
Viera-Blanco le dijo a este diario que ya es hora de que la CPI actúe con celeridad para frenar el aparato represivo en Venezuela y habló de los caminos que se abren en el país tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó el discutido triunfo de Maduro.
Atención‼️Un grupo de juristas del mundo, defensores de los DDHH y la Justicia Penal Internacional, solicitan ante @IntlCrimCourt y Oficina del Fiscal @KarimKhanQC, active medidas de detención, comparecencias forzosas y coercitivas contra Nicolás Maduro y cadena de mando. 🧵 pic.twitter.com/ooyYDhrYPM
— Orlando Viera-Blanco (@ovierablanco) August 18, 2024
¿Cuál es la petición que le hacen a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Nicolás Maduro y los demás responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
Se trata de una fase del procedimiento ante la Corte Penal Internacional, específicamente en el proceso que se denomina Situación Venezuela 1, que habiendo agotado la fase de examen preliminar hace seis años con la anterior fiscal Fatou Bensouda, habiendo superado lo que se llama la verificación de complementariedad o aplicación supletoria de la justicia penal internacional en manos de la Corte Penal Internacional, habiendo cumplido también el fiscal con etapas de cooperación y de acercamiento al Estado miembro que está siendo investigado, llegamos a la etapa de investigación.
En la etapa de investigación se abren una serie de potestades y de facultades al fiscal para que en caso de verificar lo que ya se acumula en el expediente, que es la creencia cierta de que en Venezuela se están perpetrando crímenes de humanidad, poder pedirle a la sala de cuestiones previas medidas coercitivas, medidas de arresto, de comparecencia forzosa, previo agotamiento de las medidas de alerta. Ya el fiscal, esto es importante señalarlo, emplazó a Maduro y al régimen de Venezuela a que se abstuviera de continuar con la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Por eso, un grupo de juristas hemos firmado esta petición para que la CPI agote las medidas que detengan la acción represiva del régimen venezolano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro saluda al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Foto:EFE/Prensa Miraflores
Como usted menciona, esta denuncia se enmarca en el proceso que ya lleva este tribunal contra el gobierno de Maduro por los crímenes cometidos en las protestas de 2017. Pero hay quienes creen que ha habido demoras por parte de la CPI. ¿Cómo evalúa usted la actuación del fiscal Karim Khan y en general de la CPI en este caso?
Creo que, en líneas generales, la actuación del fiscal Karim Khan ha sido diligente. Lo primero es entender que la Justicia Penal Internacional es una justicia supranacional. Para que entre en jurisdicción deben agotarse una serie de verificaciones, por ejemplo, de que en Venezuela no hay justicia imparcial. Ya lo dijo en un pronunciamiento y esto lleva tiempo. Debe verificarse de manera jurídica y profesional. Debe verificarse que hay retardo de cara a la urgencia criminal que hay en el país.
Sin duda, como activista de derechos humanos, nos queda un sinsabor en la garganta de que sí se ha procedido con mucha inmediatez y rapidez en el caso de (Vladimir) Putin, en el caso de (Benjamín) Netanyahu, con órdenes de detención. Claro, en el marco de la tipicidad de crímenes de agresión o de crímenes de guerra o genocidio. En Venezuela, aunque no son estas las tipicidades, pues son crímenes de lesa humanidad, hay bastante evidencia.
Creo que el fiscal, de cara a esas evidencias, sí comienza a estar un poco retardado en el debido proceso de no solamente alertar al régimen de Caracas, sino decirle al señor Maduro y a la cadena de mando: vamos a ordenar la comparecencia y la detención de todos los responsables de estos crímenes porque es la única manera de evitar una impunidad que se sale de control y lleva a lo que está sucediendo en Venezuela, donde los órganos policiales y represivos y muchas fuerzas militares se han dedicado de manera absolutamente libre a detener y a desaparecer a los venezolanos.
Protestas en Barcelona contra el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones en Venezuela.
Foto:AFP
Ustedes han presentado a la CPI un total de 770 incidencias con pruebas y testimonios de víctimas de crímenes de lesa humanidad en este período. ¿Cuáles son esos crímenes que han podido documentar y enviar a la CPI?
Son incidencias que obedecen a un lapso reciente. Van, en el caso nuestro, de marzo a julio, la primera etapa hasta la fecha de las elecciones presidenciales el 28 de julio. Después del 28 de julio, una semana después, viene un nuevo lote de 346 y recientemente un lote de incidencias referidas a lo ocurrido en el estado Táchira. Pero hay que rescatar que hay miles de incidencias y relatoría en seis años de investigación que recogen los crímenes de lesa humanidad que se cometieron y perpetraron en el 2017 y en el 2014.
¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad? Son 11. De los 11 se están perpetrando en Venezuela específicamente detecciones forzosas, asesinato, persecución política, segregación política, violaciones. Tenemos delitos de tortura, tratos crueles y degradantes y que en esta última etapa arrecian. ¿Por qué arrecia esto después del 28 de julio? Porque ya el mundo sabe que hubo un golpe de Estado institucional contra la voluntad popular y la gente salió a las calles a reclamar su derecho a elegir y a haber elegido a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela.
La respuesta del régimen ha sido reprimir, además confesamente porque primero lo advirtió diciendo que venía un baño de sangre y segundo ordenó abiertamente no solamente a las fuerzas policiales o militares del Estado sino a los paramilitares, a los colectivos, ir por ellos. Hasta establecen patrones y sistemas de cooperación para acusar, criminalizar e incriminar a venezolanos inocentes. Hay una historia completa y un expediente sumamente nutrido que engrosa las justificaciones de rigor para que la CPI en este momento también vaya a la misma velocidad de la arremetida que ha tenido el régimen contra venezolanos indefensos.
¿Qué impacto real puede llegar a tener la orden de captura contra Maduro si finalmente se emite? Como usted dice, existe el precedente de Vladimir Putin y el primer ministro israelí, pero lo que vemos es que estas capturas no se han hecho efectivas…
Obviamente no es el impacto que las víctimas y muchos venezolanos quisiéramos: una detención real que obedezca a esta orden, pero sí hay impactos igualmente reales muy importantes. Por ejemplo, en el caso de Putin se detuvo el proceso de secuestro de niños en Ucrania y muchos fueron devueltos, es decir, el hecho de abstenerse de manera abierta de esta conducta punitiva es un efecto que se crea, sin duda alguna. En segundo lugar, esto también viene a ser un acto de alerta eficiente en contra de la cadena de mando. Si yo estoy obedeciendo órdenes ilegales e ilegítimas igualmente estoy sujeto a condena. Entonces un segundo impacto es que esa cadena de mando se la piense mejor porque está siendo investigada, está siendo objeto de una lupa por parte de la justicia penal internacional a la cual tendrá que responder eventualmente.
En tercer lugar, independientemente de que quedan atrincherados ciertamente en el país, hay todo un sistema de cooperación internacional que de alguna manera evita esto de que estén transitando por el mundo y sientan que lo pueden hacer de forma libre porque en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar. Las cosas ya cambiaron, ya en Venezuela hubo un reventón electoral, un reventón republicano y ciudadano, ya existe un presidente electo que ha sido reconocido además por el mundo.
En el momento que arranca la transición política las órdenes que pueda emitir la Corte Penal Internacional juegan una dinámica diferente. Por eso existen otros mecanismos transicionales como la justicia transicional, pero que le dan la fortaleza al nuevo gobierno para eventualmente rescatar un principio de justicia territorial y local: vamos a emprender una justicia interna, vamos a limpiar lo que ha sido todo un proceso de criminalización de la justicia, vamos a iniciar con las comisiones de la verdad. Todo esto es lo que presiona y empuja la justicia penal internacional desde La Haya.
Usted menciona una suerte de presión internacional ante el riesgo de que el responsable pueda ser capturado en un país que esté suscrito al Estatuto de Roma. En el caso de Maduro no lo vemos salir tanto del país, pero vemos que otros líderes como Gustavo Petro van directamente a hablar con él en Caracas. ¿Una orden de captura contra Maduro representaría mayor presión para el régimen?
Ya los propios aliados del régimen se han desmarcado. El propio Lula en Brasil trata de buscar algún tipo de soluciones. Algunas son realmente fuera de orden como tratar de repetir una elección, cosa que no existe en nuestra Constitución, además que ya el pueblo decidió, pero se desmarcan (de Maduro). No se quieren estar retratando mucho con quien no solamente ha quedado al descubierto en un fraude electoral, en un autogolpe de Estado a la soberanía popular, sino que ahora, siendo indiciado de una investigación penal internacional, puede ser objeto de medidas coercitivas. Todo esto también le da al mundo una percepción correcta de que en Venezuela estamos siendo, por lo pronto, regidos por un régimen que, aparte de que ha cometido de manera confesa fraude en contra de la voluntad popular, está muy cerca de tener que responder a la justicia penal internacional.
Petro y Maduro en Caracas. Foto:Presidencia de Venezuela
¿Qué evaluación hace usted de la reacción de la comunidad internacional ante la situación que vive Venezuela? ¿Siente que la presión ha sido suficiente para impulsar esta transición de poder?
Le voy a hablar con la experiencia de haber sido embajador del gobierno interino del presidente encargado Juan Guaidó y de lo que significó el apoyo de la justicia, de la comunidad internacional, en ese momento. No existe en los últimos 25 años un apoyo internacional tan definido, tan alineado, tan intenso, como el que ha tenido Venezuela en este momento.
Cuando usted ve que, en tan solo una semana, órganos como la OEA emplazan a una plenaria y emiten contra todo pronóstico un considerando donde piden que se cuenten las actas y que cese la represión y la violación de derechos humanos; cuando usted ve el statement del panel de expertos de las Naciones Unidas, que ha dicho que aquí no hubo transparencia ni integridad en la gestión de resultados y además cuestiona lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia tratando de lavarle la cara al Consejo Nacional Electoral y legitimar un triunfo que solo lo puede totalizar el CNE; cuando usted observa las declaraciones del Alto Comisionado de los Derechos Humanos; cuando usted observa que el propio Karim Khan le ha dicho a Maduro que se abstenga de seguir con crímenes de humanidad y estamos a tiro de que puede activar el artículo 58 del Estatuto de Roma con estas órdenes, no ha habido realmente una alineación tan clara antes.
La oposición venezolana, que ya dejó de serlo porque para mi concepto en este momento Edmundo González Urrutia es gobierno, está iniciando un proceso de transición. Esa oposición hizo lo que la comunidad internacional siempre le pidió: háganlo con unidad, trabajen con unidad y vayan por la ruta electoral. Pues estamos unidos, ha habido una absoluta unificación de la oposición y agotamos la ruta electoral con mucha valentía.
En las denuncias ante la CPI ustedes han explicado la cadena de mando detrás de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero también dicen que es dentro de esa misma donde puede estar un punto de quiebre para el régimen. ¿Por qué?
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado que estamos en presencia de un Estado terrorista. La cadena de mando, que ya figura en los expedientes de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y de la propia Corte Penal Internacional, no solamente es una cadena de mando militar. También corresponde a policías regionales, a gobernadores, corresponde al Poder Judicial donde también hay una cadena persecutoria y de criminalización de la justicia. Pero existe, aunque no sea algo que se vea de manera palmaria, un proceso donde venezolanos honestos que pertenecen o trabajan en estos poderes públicos, que pertenecen a las fuerzas armadas o las fuerzas policiales, dicen: ‘no más, yo no me presto más a estas órdenes que además son órdenes ilegales y que me pueden incriminar’.
Ni siquiera en las peores dictaduras en Venezuela estuvieron tan alineadas todos los poderes públicos y parte de policías locales y policías nacionales en esta actitud criminal, y como no es parte de nuestra cultura y tampoco es legal, hay definitivamente un estado de conciencia, una reflexión profunda de todos estos funcionarios. Algunos incluso ya han sido detenidos por negarse a atender o acatar estas órdenes.
Protestas en Catia contra el resultado de la elección presidencial.
Foto:AFP
El Tribunal Supremo de Justicia ya emitió un fallo ratificando el resultado y tenemos rumores de negociación y ofertas al régimen. ¿Qué caminos cree que vienen a partir de ahora para Venezuela?
El tema del fallo ha sido suficientemente debatido. La Ley Orgánica de Procesos Electorales le adjudica la competencia de totalización, adjudicación, acreditación y proclama al Consejo Nacional Electoral. Luego esto es un artificio al que ha recurrido Maduro con su TSJ para tratar de legitimar una proclamación que no fue legal.
Creo que en este momento en el que usted y yo estamos hablando hay aproximaciones de negociación. El régimen, de manera estratégica, negocia desde el poder o desde lo que le queda de poder en este lapso que corre desde el 28 de julio al 10 de enero para tratar de generar lo que se podría denominar un inicio de una transición política, de rescate democrático, en el marco de ciertas garantías también para la coalición dominante.
No dudo que esas conversaciones están ya encaminadas. Obviamente, hay partes dentro del propio régimen que se radicalizan, que precisamente impulsan estos crímenes de lesa humanidad y esta represión. Hay otras, donde creo que está incluido el propio Nicolás Maduro, que de pronto están tratando de ver cuál es el mejor escenario para negociar y para no seguir impidiendo lo que no pueden impedir. Es como tratar de impedir en su momento que cayera el muro de Berlín. Aquí ha caído toda una fuerza represiva que era el miedo. La gente tiene un miedo superior a un salto a la pobreza, a la miseria, la desesperanza, a un salto a la oscuridad, a un no futuro para nuestros hijos. Esa es una fuerza superior al miedo represivo, y la coalición dominante lo sabe. Luego sí creo que hay procesos de negociación.
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