El pasado viernes 9 de febrero fue denunciada la detención arbitraria de la defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Su abogado Juan González Taguaruco señaló que no tiene información del paradero de la activista por lo que consideró que se trata de una desaparición forzada. ¿Qué implica esto?
De acuerdo con Amnistía Internacional, la desaparición forzada o forzosa ocurre cuando «agentes estatales (o con el consentimiento del Estado)» detienen a personas en «la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran».
El organismo internacional agrega que con frecuencia estas personas son víctimas de torturas y «muchas son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que las maten». Además, aquellas que logran escapar o son liberadas, tienden a vivir con las secuelas del infortunio momento.
González manifestó su preocupación por el paradero de San Miguel, debido a la falta de información por parte del órgano policial que la detuvo. Así como el desconocimiento del nombre del fiscal que estaría a cargo de la investigación o de una orden del tribunal.
«Tampoco sabemos cuál es el sitio de reclusión. Hemos visitado varios y en ninguno nos dan respuesta positiva; simplemente dicen que ella no está. Nos preocupa y esta situación corresponde a un supuesto caso de desaparición forzosa», expresó el abogado.
A esto se le añade que Miranda Díaz San Miguel, hija de Rocío San Miguel, no ha respondido llamadas desde hace al menos 48 horas, según denunció el jurista. Por lo que sospecha que ambas estarían en un caso de desaparición forzada. El abogado también confirmó que los hermanos de la activista, Miguel Ángel y Alberto; el padre de su hija, Víctor Díaz Paruta, y Alejandro González Canales, un familiar, está desaparecidos.
Desaparición forzada: cuándo aplica
El mecanismo es usado frecuentemente como una estrategia para sembrar miedo en la socidad, de acuerdo con Amnistía Internacional.
«La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas. Sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto», añaden.
Generalmente, estas desapariciones suelen apuntar en contra de defensores de derechos humanos, profesionales del derecho, familiares de víctimas o testigos clave.
Y muchas comienzan luego de una detención arbitraria, es decir, sin una orden de reclusión.