Alagendra estudió Derecho en la Universidad de Londres, además de una maestría en leyes. Su hermana, Shyamala Alagendra Khan, también es abogada y esposa del fiscal de la CPI. Ambas son integrantes del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional, donde han prestado servicio y representado a varios acusados.
La CPI ha investigado la situación de Venezuela desde 2018. Comenzó en febrero, con la apertura de un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en las protestas de abril de 2017. En diciembre de 2019, se añadieron los casos de las manifestaciones de 2014 y especificó que su revisión del examen preliminar terminaría en 2020.
El 14 de diciembre de 2020 concluyó que había una base razonable sobre la posible comisión de crímenes dentro del país. Luego, en noviembre de 2021, el fiscal Karim Khan abrió una investigación contra el Estado venezolano y, desde entonces, ha visitado Venezuela 4 veces.
La CPI autorizó el 1 de marzo de 2024 al fiscal Karim Khan a reanudar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es el primer país de América Latina que llega a este punto.
¿La presencia de la cuñada del fiscal de la CPI representa un conflicto de intereses?
¿La presencia de Alagendra en el equipo legal del mandatario venezolano representa un conflicto de interés? La Fundación Arcadia, con sede en Washington DC, presentó una solicitud formal de recusación ante la CPI contra el fiscal Karim Khan, argumentando que el vínculo «compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial».
La ONG pidió el nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen «sin sesgos o apariencia de conflicto de intereses». Asimismo, solicitó una investigación sobre violaciones éticas de la CPI para determinar si la no divulgación del conflicto de intereses por el fiscal constituye una violación de sus obligaciones éticas y del Código de Conducta.
Este código obliga a sus miembros abstenerse de cualquier conflicto que pueda derivarse de «un interés personal en el caso, incluida una relación conyugal, parental u otra relación familiar, personal o profesional estrecha con cualquiera de las partes».
Sin embargo, el Estatuto de Roma establece en su Artículo 42, numeral 8, que «la persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusación del fiscal o de un fiscal adjunto». En la investigación que está llevando a cabo la Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad, dicha figura todavía no se ha determinado, pues se está en fase de investigación todavía. Por lo tanto, no hay quien tenga la capacidad procesal para interponer esa figura.
Por otro lado, según The Washington Post, desde la oficina del fiscal Khan se envió un comunicado para aclarar que la composición del equipo jurídico de Nicolás Maduro ante la CPI es de dominio público. Además, alegó que «ninguna de las partes en los procedimientos planteó objeciones» para el momento en que se supo que Alagendra formaba parte de la defensa del mandatario.
El equipo de abogados de Alagendra intentó apelar seis veces para que el caso contra Maduro no continuara en la Corte Penal Internacional. Ninguna procedió. La última vez fue en noviembre de 2023, cuando la CPI determinó que las investigaciones debían continuar.