Los padres de Michelle Pernía, que tenía 5 años de edad, piden justicia por la muerte de su hija a raíz de que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió el paso de la ambulancia que transportaba a la menor de edad hacia Colombia para recibir atención médica.
El hecho ocurrió el 30 de noviembre en Boca de Grita, estado Táchira. La niña, que padecía problemas cardíacos, debió ser bajada de la ambulancia tras la negativa de los uniformados de permitir el paso. La subieron a una carretilla de madera, pese a que en el momento llovía fuertemente. La pequeña murió antes de poder llegar al Puente Internacional La Unión, que comunica con Puerto Santander, Colombia.
Niña murió desspués de que impidieron el paso de ambulancia
El padre de la niña, Jonathan Pernía, denunció que se desconoce el avance de las averiguaciones, aunque según Freddy Bernal, gobernador del Táchira, se iban a desarrollar. Sin embargo, el progenitor de la menor de edad, denunció que aunque ha pasado una semana del suceso las autoridades de la entidad no se han acercado a la familia.
«Ya basta de tanta injusticia con nosotros los pobres, eso es una humillación», manifestó Pernía, según un reporte de La Opinión. El padre denunció que lo que sucedió con Michelle ha sucedido con otras personas debido a las acciones de la GNB.
Junto con la madre de la pequeña solicitó al fiscal Tarek William Saab que inicie una investigación.
«Le pido el favor, ¿qué pasó con las investigaciones de mi niña, en qué están las averiguaciones, cuál es la notificación, dónde están los testigos?, los testigos somos nosotros», expresó.
En un video que se difundió en redes sociales, se ve a la madre de la niña, notoriamente conmocionada, solicitar justicia y que se abra la frontera para que casos como este no se repitan.
«Qué no vuelva a pasar. No quiero que ninguna otra madre pase el dolor que estoy pasando, que estoy sintiendo dentro de mi corazón. Qué se hag justicia con los guardias que no me dejaron pasar a mi hija, que iba grave en la ambulancia», dijo.
Indicó que decidieron llevar a la niña al otro lado de la frontera porque la familia no contaba con los recursos financieros para trasladarla a un centro de salud privado.
Cecodap exige apertura de investigación por pedofilia
En otro caso que involucra a menores de edad, la organización defensora de los derechos de los niños Cecodap considera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe fijar posición sobre la demanda contra William Vahey por pedofilia mientras era docente en la Escuela Campo Alegre.
«Cecodap considera que el TSJ debe fijar una posición en torno a la demanda interpuesta por los abogados de una de las víctimas de William Vahey -considerado el pedófilo más grande de la historia por el FBI-, quien abusó de decenas de alumnos durante su ejercicio docente en la Escuela Campo Alegre», señaló la organización en una nota de prensa.
Y destacó que su director general, Carlos Trapani, en una entrevista con el diario Últimas Noticias fue consultado sobre la omisión de justicia por parte de los tribunales de Lopnna de Caracas y el retardo de la Sala Social del TSJ para fijar la audiencia que ponga fin al litigio y establezca la responsabilidad del colegio por los abusos cometidos por su docente durante los viajes de receso de primavera a varios países.
A lo que Trapani respondió: «Lo más importantes es que el TSJ fije una posición, que le otorgue o lo niegue, pero que diga algo. No puede estar tantos años una situación de indefinición».
Escuela Campo Alegre
Cecodap recordó que los abogados Javier Pipkin y Eddy Méndez solicitaron a la Sala Social fijar la audiencia para cerrar la demanda civil por abuso sexual que sufrió un estudiante a manos del profesor norteamericano contratado por la Escuela Campo Alegre (ECA). La institución está ubicada en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, del estado Miranda.
Los abogados hablaron en nombre de la víctima, quien para el momento de ocurrir el hecho contaba 12 años de edad. «El caso guarda relación con prácticas de pedofilia masiva por parte de William James Vahey durante viajes organizados cada Semana Santa», señaló Cecodap.
Y señaló que el abogado Méndez explicó que la audiencia en la Sala Social ha sido suspendida en dos ocasiones por diversas razones.
«El llamado que le hacemos a la Sala Social es a cumplir su compromiso con la justicia, con la sociedad venezolana; hace falta una sentencia ejemplarizante en este caso, nadie está por encima de le ley». Así lo declaró Méndez.
«Necesitamos que la Sala Social fije fecha pronto para la celebración de la audiencia final, la justicia debe ser expedita; este es un caso con un retardo procesal exagerado», añadió.