El régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a protagonizar un episodio absurdo. Este jueves, el canciller oficialista, Jorge Arreaza, introdujo una demanda ante la Corte Penal Internacional por los que consideró crímenes de lesa humanidad, por parte del gobierno de Estados Unidos, contra el pueblo de Venezuela.
Aunque pudiera parecer un error, sí fue a esta instancia, ubicada en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Allí, Arreaza entregó una carta suscrita por Nicolás Maduro, en la que este solicita formalmente el inicio de una investigación sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad, que se derivarían “de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y el Estado venezolano en su conjunto”.
“Tenemos la convicción de que las consecuencias de estas medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad; en este caso, contra la población civil de Venezuela”, aclaró Arreaza en una rueda de prensa desde La Haya, tras remitir el caso ante el tribunal internacional.
Denunciamos de manera firme y categórica, ante la Corte Penal Internacional, al gobierno de EE.UU. por sus delitos de Lesa Humanidad contra el pueblo venezolano que tiene derecho a la Paz y a libre autodeterminación. ¡Basta de Tanta Agresión y Bloqueo! ¡Venezuela Exige Justicia! pic.twitter.com/Dfxjvt286R
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 13, 2020
La acción, por supuesto, ha generado confusión entre los más letrados. “Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, no los pueden demandar por esto, ni remotamente”, aclaró el abogado y profesor retirado, Carlos Armando Figueredo, especialista en derecho penal internacional.
Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya Foto: EFE
El Estatuto de Roma es, precisamente, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que fue adoptado en Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, y del que la nación norteamericana, efectivamente, no es signataria.
“Segundo, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, por lo cual esta acción no tendría ningún tipo de efecto”, acotó el internacionalista venezolano Carlos Luna.
Lo de este jueves constituiría, por tanto, una acción simbólica por parte del régimen. Pero, podría tener un trasfondo. “Están huyendo hacia adelante en temor a una eventual acción o represalia por parte de Estados Unidos.”, aseveró Luna.
Y lo hacen en un momento clave: tras el inesperado cierre de la gira internacional de Juan Guaidó en los Estados Unidos, donde fue presentado como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela y fue ovacionado por demócratas y republicanos.
Y podría haber más. “Es un nuevo show para tratar de tapar la metida de pata con lo de Juan José Márquez”, agregó el internacionalista Luna, al referirse al tío del líder opositor, quien fue detenido en la tarde del martes, tras regresar al país con Guaidó, y presentado en tribunales en la madrugada del jueves, donde le imputaron los delitos de tráfico de armas y explosivos.
Algo que, por supuesto, condenó el gobierno de Portugal, país de origen del vuelo en el que viajaron Guaidó y Márquez.
La fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, y su vicefiscal James Stewart, respaldan el esquema de justicia diseñado para castigar a los autores de los delitos más graves del conflicto Foto: AFP
Esta acción, sin embargo, marcaría un precedente importante. “La CPI, si definitivamente da un paso al frente y juzga al régimen venezolano, (…) si se le abre un procedimiento por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, no podrá desconocer la corte, porque la misma corte a la que él está acudiendo es la misma corte que lo juzgaría”, añadió Luna.
El doctor Figueredo recordó que ante la CPI se han introducido denuncias contra miembros del régimen chavista, fundamentalmente por casos de torturas. Sin embargo, insistió en que el proceso es largo.
Tras 16 meses de deliberación, en abril de 2019, la CPI rechazó autorizar una investigación solicitada por su Fiscalía para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas de Estados Unidos, talibanes y autoridades del país.
Aunque aseguraron que en el caso se cumplían todos los requisitos relevantes, “tanto en lo que respecta a la jurisdicción como a la admisibilidad», aseguraron que las perspectivas de una investigación y un procesamiento exitosos eran “extremadamente limitadas».
Poco antes, Washington había anunciado que prohibiría la entrada a Estados Unidos de cualquier trabajador de la CPI implicado en la eventual investigación y retiró el visado a la Fiscal general, Fatou Bensouda.
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