El informe presentado en 2021 por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dejó nuevamente en evidencia las graves violaciones de derechos humanos contra opositores de Nicolás Maduro.
En su segundo informe de 212 páginas, Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, detalló cómo las deficiencias del sistema judicial venezolano «han ido de la mano» de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, entre los que se incluyen secuestros, torturas y un método nazi para amedrentar a los detenidos.
«En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales», dijo Valiñas, citada en un comunicado.
En el punto 73 del informe, la Misión denunció que los agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar utilizaron «tácticas criminales», incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores para lograr los arrestos.
Esta acción es conocida como Sippenhaft, una táctica de castigo colectivo que se basa en la detención de familiares de perseguidos o presos políticos como forma de presión.
La misión reseñó el testimonio de uno de los acusados de la Operación Gedeón, la supuesta intervención militar en Venezuela, quien declaró ante el Cuarto Tribunal de Control con Competencia en Casos de Terrorismo durante la audiencia preliminar que entre la fecha de su detención y la fecha de su audiencia de presentación (el 8 de mayo de 2020), agentes de la Dgcim lo interrogaron bajo tortura.
Foto Archivo
Aseguró que durante la sesión de interrogatorio fue asfixiado, lo que originó que fuera trasladado a un hospital militar para ser reanimado. Además, dijo al Tribunal de Control que, tras negarse a hacer las declaraciones que le plantearon, los funcionarios le dijeron que aplicarían el Sippenhaft.
El detenido agregó que los uniformados posteriormente fueron a su vivienda y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado. Estuvieron retenidos durante 32 días.
¿Dónde nace el Sippenhaft?
Sippenhaft se derivó como principio legal del derecho germánico de la Edad Media. Sin embargo, la táctica fue adaptada durante la Segunda Guerra Mundial por Heinrich Himmler, jefe de las SS, con la finalidad de justificar la detención y castigo de parientes de acusados del Plan Valquiria, un fallido atentado para asesinar a Adolf Hitler el 20 de julio de 1944.
Los arrestados incluían a la mayoría de los familiares de los líderes militares y civiles de la conspiración, y se extendió a abuelos y suegros. Para agosto de 1944, los hijos de los acusados, menores de 16 años, fueron arrestados y confinados en un campamento situado en Bad Sachsa. Allí ubicaron, al menos, a 44 menores de edad.
El castigo de los familiares usualmente era el encarcelamiento. Aunque la confiscación de sus bienes también constituía la base de la amenaza.
Uno de los casos más conocidos fue el del hermano de Claus von Stauffenberg, Alexander von Stäuffenberg, quien fue juzgado y condenado por traición.
Para el momento del atentado, Alexander trabajaba como oficial de las Fuerzas Armadas en Grecia. La esposa de Claus también fue condenada a prisión y sus hijos llevados a un orfanato, salvándose de ser procesados por ser menores de edad.
Foto AP
El investigador Robert Loeffelei mencionó en uno de sus escritos sobre la faceta del terror que se originó después del complot contra Hitler, que el castigo también fue ampliamente promovido por los principales nazis jerarcas del ejército alemán y demás componentes de seguridad, pues las deserciones, en el último año de la guerra, fueron tratadas como de naturaleza política.
Loeffelei, en su investigación, se refiere al caso de Bruno Ditter von Dittersdorf, quien abandonó su puesto como miembro de la «Policía del Orden» en Berlín a finales de 1943 y sus hijos, Karin de 7 años de edad y Hans Gerd, 2 años, aparecieron en el campamento de niños.
Papel de jueces y fiscales de Venezuela
El informe de la Misión de la ONU señaló además que los jueces y fiscales de Venezuela han tenido un papel muy importante en graves violaciones de derechos humanos contra opositores.
«Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela», agregó Valiñas en el comunicado.
Los jueces y las juezas «ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional», «mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona», y «dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo».
De su lado, los fiscales «presentaron evidencia contaminada por la tortura, la que a su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba», dice el texto.
«En algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura».
Las largas demoras procesales negaron a las personas acusadas la oportunidad de impugnar las pruebas en su contra dentro de un plazo razonable.
«Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas -incluso en la salud física y mental- de las víctimas y sus familias», afirmó Marta Valiñas.
La Misión indicó que para el informe realizó «177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos».
Además efectuó un «extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales», y de «183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno» entre 2014 y agosto de 2021, y documentó «las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal».