Los temores en relación con la denominada ley antibloqueo no son infundados. Y tampoco se circunscriben, exclusivamente, a especialistas y sectores de oposición, sino que se extienden entre militantes y allegados al partido de gobierno.
El instrumento legal fue aprobado el pasado jueves por la asamblea nacional constituyente –considerada ilegítima, por ser producto de un proceso electoral irregular– con la supuesta intención de “blindar la economía del país, ante las constantes arremetidas del gobierno de Estados Unidos”, como expuso durante el debate el presidente de la constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
Lo de las sanciones, sin embargo, sería tan solo una excusa para expertos como el reputado abogado venezolano Juan Manuel Rafalli.
“Aquí lo que se quiere es reprivatizar, como se hizo en Rusia; pero con nuevas élites y nuevos aliados”, dijo Rafalli en un encuentro el pasado viernes con la Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela, de la que EL TIEMPO hace parte.
“Ellos están buscando algo de apariencia de legalidad para hacer negocios sobre activos y actividades reservadas del Estado, bajo el paraguas de esta ley, y crear estas nuevas élites”, agregó.
Legalidad de la ley
Entre los aspectos del instrumento legal que le preocupan a este especialista, destaca que permite la inaplicación de normas; la celebración de cualquier tipo de contratos; la creación de mecanismos de endeudamiento; el gasto fuera de las partidas presupuestarias y además un régimen de confidencialidad y reserva que permite que no haya control sobre el Ejecutivo cuando genere los gastos.
Más o menos las mismas preocupaciones que se expusieron en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, este martes, y que desembocaron en la aprobación de un acuerdo mediante el cual se desconoció y declaró “inexistente e ineficaz” la polémica ley, la cual se tildó de “adefesio jurídico”.
Durante el debate, los parlamentarios encabezados por el líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países– insistieron en que es la ley es, además,“inconstitucional”. Esto porque no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, tal y como lo expresa el artículo 202 de la Constitución, y porque viola “de forma sistemática” el Estado de Derecho y principios jurídicos elementales.
Objetivo maquiavélico
Los diputados expusieron, además, lo que consideran que busca el régimen con este nuevo instrumento legal.
“Ese texto tiene como objetivo que la cúpula del régimen pueda disponer de los bienes de todos los venezolanos sin control y en secreto, para beneficiar a testaferros y no para servirle a los intereses del pueblo de Venezuela”, dijo el parlamentario Omar Barboza.
Para el diputado Carlos Bastardo, el objetivo “maquiavélico” consistiría en “saquear las arcas de la nación y adueñarse de los recursos del país para ponerlos a disposición ante un nefasto ‘proyecto político’ que afecta a los venezolanos y atenta contra las democracias del hemisferio”.
Tras la discusión, el Parlamento venezolano instó a investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a las personas involucradas en la promulgación y aplicación de esta ley.
También advirtió que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones amparándose en este instrumento, “podría estar incurso en delitos de lesa patria; asociación ilícita para delinquir; aprovechamiento de bienes provenientes del delito; peculado de uso y doloso; aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente”.
“Con esto no van a lograr nada en relación con los efectos de las sanciones”, acotó Rafalli. Además ratificó que cualquier negociación o contrato que surja será considerado ilegal y desconocido por la AN.
Este lunes, sin embargo, Maduro hizo un llamado a inversionistas nacionales e internacionales, y a jefes y gerentes de las empresas públicas, a incorporarse a la que catalogó como una nueva etapa para el país. Aseguró que cuentan con un portafolio de nuevas alianzas para proyectos productivos.
“Esta ley garantiza todo lo que se necesita para dar este paso, para poder invertir”, acotó.
“La mejor ley antibloqueo que puede existir es la de respetar el ordenamiento jurídico venezolano”, insistió Ricardo Cussano, presidente de Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales de Venezuela, en entrevista de radio.