La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), alertó el miércoles que Nicolás Maduro pretende dejar a los venezolanos sin líderes, luego de que el Parlamento -controlado por el chavismo- instara a las autoridades a investigar a 351 personas, entre ellos 95 exdiputados contrarios al Ejecutivo.
En un comunicado, la PUD reaccionó al acuerdo aprobado el martes en la Cámara, que pidió judicializar a 94 legisladores del quinquenio 2016-2021, así como a la exdiputada y líder opositora María Corina Machado, por su presunta vinculación con el despojo y robo de Citgo -filial de la petrolera estatal Pdvsa con sede en Estados Unidos-, que corre el riesgo de ser embargada debido a los impagos del país caribeño.
«Maduro, a través de la Asamblea Nacional (Parlamento) que controla, ha decidido profundizar la política de terrorismo de Estado y les ha ordenado a distintas instituciones que controla que persigan a toda la dirigencia opositora», reza el escrito.
El mandatario hace esto, a juicio de la PUD, para «evitar cualquier oposición verdadera a su decisión de quedarse en el poder de forma autoritaria e ilegítima más allá del 10 de enero de 2025», cuando comienza el nuevo sexenio presidencial, fecha en la que Maduro prevé jurar el cargo, luego de su controvertida reelección en los comicios del 28 de julio.
PUD reitera victoria de Edmundo González en las elecciones
La PUD reiteró que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue elegido por soberanía popular, un reclamo que la oposición ha sustentado con la difusión de 83,5% de las actas electorales, tildadas de falsas por el gobierno.
«Señalar y amenazar hoy a la dirigencia opositora con este tema no es más que una excusa, en un intento por dejar a los venezolanos sin líderes, subestimando el poder de organización que vive en cada uno de esos casi 8 millones de personas que, el pasado 28 de julio, le dijeron a este régimen que ya basta al desfalco de los recursos de nuestro país», sostiene el escrito.
Además, la alianza aseveró que Citgo está sometida al acoso judicial de los acreedores en un proceso que «es consecuencia de grandes deudas derivadas de las expropiaciones y el incumplimiento de contratos por parte de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro».
El Parlamento pidió investigar, además de los exdiputados, a 108 personas que participaron en las llamadas instituciones paralelas y juntas ad hoc, creadas por el expresidente del Parlamento Juan Guaidó tras auproclamarse presidente encargado en 2019 y recibir el reconocimiento de casi 60 países.