El párroco Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, y Marino Alvarado, coordinador legal de Provea, se pronunciaron este jueves 19 de mayo sobre la demanda por difamación que impuso en su contra el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.
«Nuestro informe no es contra su persona, es a favor de la vida. Para que se conozca la verdad y para que los familiares tengan acceso a la justicia», manifestó el padre Infante en rueda de prensa en Caracas.
Lacava interpuso la demanda contra los defensores de los derechos humanos luego de que la semana pasada, durante la presentación del informe anual de Provea, se mostraran datos de ejecuciones extrajudiciales por cuerpos policiales, donde el estado Carabobo figura con los índices más altos.
«Estamos convencidos de que pedir una investigación ante presuntas ejecuciones extrajudiciales es un derecho y deber ciudadano amparado en la Constitución nacional, no es un delito», agregó el sacerdote de la parroquia La Vega.
Instan a Lacava a investigar presuntas ejecuciones
Infante instó a Lacava a dirigir sus esfuerzos a presionar a la Fiscalía de la República y a la Defensoría del Pueblo para que abra investigaciones en contra de los presuntos responsables de las ejecuciones arbitrarias. «Si así lo hiciera estaría sentando bases importantes en materia de derechos humanos del país», señaló.
Alvarado exhortó a la Gobernación de Carabobo a designar una comisión para investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales. «No es posible que un gobernador salga de inmediato a la defensa de funcionarios que son posibles violadores de los derechos humanos. Su responsabilidad como gobernador es facilitar las investigaciones para aclarar lo sucedido», agregó.
El coordinador de Provea también pidió a Lacava que en lugar de criminalizar el trabajo de las ONG, abra sus espacios para diseñar políticas públicas que eviten que este tipo de situaciones en contra de los derechos humanos de los venezolanos se sigan cometiendo.
«Tarek William Saab tiene la obligación de adelantar investigaciones genuinas de todas las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela», añadió.
Aseguró que es la primera vez en la historia del activismo de derechos humanos en Venezuela que se toma una iniciativa legal de esta naturaleza, por lo que consideró que es otra medida para limitar el trabajo de las ONG en el país.
«A quienes pretendan amenazarnos: no nos van a intimidar, tenemos muchos años en esto y nuestro compromiso es con las víctimas», concluyó Alvarado.
Procedimiento legal
El abogado Joel García, quien también estuvo en la rueda de prensa, señaló que ayer acudió a entregar una solicitud para representar legalmente a los activistas de Provea y el Centro Gumilla, pero esta le fue negada porque el procedimiento legal debe llevarse a cabo en el estado Carabobo.
«Es un tribunal de Caracas que debería llevar este litigio, por el Área Metropolitana y no por el estado Carabobo», afirmó.
Ante la negativa de los tribunales, García explicó que acudirán al estado Carabobo para presentar nuevamente la solicitud. Una vez cumplidos estos pasos, se les asignará una fecha para un acto de conciliación. De no llegarse a nada, tendrán que acudir a juicio.
«Vamos a promover como testigos a todas aquellos familiares de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Carabobo», indicó el abogado.
Afirmó que también presentarán el caso ante instancias internacionales como la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Corte Penal Internacional.
“Nuestro Informe no es una campaña contra un Gobernador, es un Informe por la vida, es un Informe nacional, no regional” Padre Alfredo Infante s.j. #DefendemosLaVida ante demanda penal de Rafael Lacava https://t.co/fVD68RztzI
— PROVEA (@_Provea) May 19, 2022
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