La ONG Provea denunció este lunes que en Venezuela se han configurado «patrones represivos» que «se afianzan» y «producen cada vez más víctimas», tras las detenciones registradas durante las protestas poselectorales en rechazo a la anunciada victoria de Nicolás Maduro, que ha sido cuestionada dentro y fuera del país.
A través de X, la organización aseguró que familiares y organismos internacionales han denunciado detenciones «sin órdenes» judiciales, que se han llevado a cabo sin el «debido proceso» en «la mayoría de los casos», sin precisar cantidades.
«La presunción de inocencia, esa garantía del debido proceso y del derecho a la libertad, no existe en Venezuela para quienes asumen posiciones disidentes. Todo disidente es calificado de enemigo y todo enemigo se presume culpable», alertó Provea.
Frente a esto, manifestó que «no son hechos aislados», sino que «corresponden a una política de Estado» que «ha contado con la tolerancia de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público (MP, Fiscalía)».
Detenidos en Venezuela luego de las elecciones
Militares detienen a ciudadanos durante una protesta en Caracas, un día después de las elecciones presidenciales. Foto: Yuri Cortez / AFP
Según el Ministerio Público, más de 2.400 personas han sido detenidas por generar «violencia» y causar daños materiales durante las protestas poselectorales, cuando también la Fiscalía registró 25 muertes.
Al respecto, Maduro ha responsabilizado al abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, así como a su principal valedora, María Corina Machado, por las muertes, la «violencia criminal» y la «destrucción» de lugares públicos.
Este sábado, González Urrutia dijo que Maduro, en vez de «prepararse democráticamente para una transición en paz», ha decidido «perseguir, apresar y asesinar» a venezolanos que lo «único que han hecho es exigir que se respete su voluntad mayoritaria».
De esta forma, el antichavista reiteró que la victoria fue suya en las presidenciales, un reclamo que la oposición mantiene y que ha sustentado con la publicación del «83,5 %» de las actas electorales, lo que ha sido tachado por la Fiscalía como documentos falsos.