Provea ha documentado casos de torturas y maltratos contra adolescentes detenidos en el contexto poselectoral en Venezuela. Oscar Murillo, coordinador general de la ONG, mencionó que hubo menores de edad que estuvieron durante un día bajo el sol con la cabeza rapada y que incluso no les permitían el esparcimiento.
«Una serie de maltratos que van además acompañados por lo injusto de la detención. Hay que entender y comprender que después de esta situación, lo que más desea la persona es aislarse, estar en su familia, en su entorno», declaró en una entrevista con VPI TV.
El sistema penitenciario no estaba preparado
El periodista y defensor de derechos humanos también destacó que el sistema penitenciario no estaba preparado para acoger a 2.000 detenidos.
«Si ya tenemos todos los problemas preexistentes, te podrás imaginar lo que significan 2.000 personas en unas cárceles donde tienes que proveer de agua, de condiciones sanitarias que no existen, pero además en un clima de alta seguridad, donde las visitas no son constantes y la alimentación no es la adecuada», señaló.
Dijo que se debe comprender a los familiares de los excarcelados que intentan, en este momento, proteger a sus allegados que vivieron esas duras situaciones de reclusión y de injusticia.
«Lo importante es que se formalicen este tipo de denuncias. Tiene que haber investigaciones sobre cuál fue el trato que recibieron y también el tema del acceso a la justicia: ¿cómo quedan estás personas? ¿Van a poder volver a la rutina, a su trabajo, a sus estudios? ¿Debe presentarse cada cuántos días?», cuestionó.
¿Cuántos adolescentes siguen detenidos?
El coordinador de Provea estima que todavía hay entre 25 y 30 adolescentes detenidos, de unos 90 que había computado la ONG desde que comenzaron los arrestos tras las elecciones presidenciales.
«El llamado es a que continúen estas excarcelaciones, que no pueden ser vistas, aunque la narrativa del gobierno va por esos lados, como una especia de regalo, una dádiva, una concesión, no. Se trata de detenciones arbitrarias, nunca debieron estar detenidos y, por lo tanto, deben regresar a sus casas», declaró el defensor de derechos humanos.