La ONG Provea publicó este jueves un informe en el que reseña los patrones de violación de derechos civiles durante los primeros dos meses del Estado de Alarma decretado en Venezuela por la pandemia del coronavirus.
Desde el 13 de marzo al 13 de mayo de 2020, los primeros 2 meses de la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus en Venezuela, se contabilizaron 85 detenciones arbitrarias que no cumplieron con el debido proceso, es decir, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en su integridad.
El informe detalló que la denominada Furia Bolivariana, convocada por el régimen de Nicolás Maduro, generó una ola de hostigamiento contra viviendas de líderes sociales y políticos de oposición. En total 58 residencias en 19 estados fueron vandalizadas.
Los dueños de las viviendas fueron identificados como 51 activistas de partidos políticos, 2 defensores de los derechos humanos, 4 comunicadores sociales y el hermano del ex alcalde del municipio El Tigre.
Un total de 22 periodistas fueron detenidos desde el inicio de la cuarentena, al igual que 11 funcionarios públicos o personas vinculadas con la oposición. El régimen también arrestó a 12 miembros del personal de salud, 3 trabajados de empresas públicas, 4 defensores de los derechos humanos y 3 educadores.
“Un grave patrón detectado fueron las detenciones arbitrarias contra familiares de personas que están siendo buscadas o solicitadas por los órganos de seguridad como forma de presión para que revelen el lugar donde pudieran estar o para que se entreguen. Se monitorearon 8 detenciones adicionales contra personas con perfil diverso. En el caso de las detenciones a la academia de beisbol Valhis Academy sumaron 5 detenciones”, indicó el estudio de Provea.
Los organismos de seguridad también detuvieron a otras 51 personas durante las recientes protestas que se han generado en protesta por los cortes eléctricos, falta de agua, gas, y necesidad de alimentos.
Por último, Provea contabilizó dos personas asesinadas en el contexto de las protestas. La primera en Upata, estado Bolívar, y la segunda en Mérida. Ambos hombres se encontraban manifestando pacíficamente por demandas de alimentación y servicios.
“Aún se desconoce, en ambos casos, los perpetradores y no existen resultados de investigación por parte del Ministerio Público para determinar culpables”, precisó el informe.
La organización exigió el cese de la represión, persecución y hostigamiento contra todas aquellas personas que muestren una actitud crítica hacia el régimen de Maduro.