La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaró al Parlamento en desacato en 2016 no solo ha limitado sus funciones, sino que ha afectado las reivindicaciones laborales. Desde hace dos años, la Oficina Nacional de Presupuestos se niega a enviar los recursos a la junta directiva para honrar los compromisos con los diputados y los trabajadores, así como para mantener la infraestructura. Esta situación ha provocado gran descontento y reclamos hacia los que presiden la cámara.
José Vicente Rivero, secretario general del Sindicato de Funcionarios de la AN, consignó un documento ante el presidente de la cámara, Omar Barboza, en el que exigió que el sueldo que perciban se ubique entre 15 y 19 salarios mínimos de acuerdo con los escalafones.
A pesar de ello, otro grupo de trabajadores considera que las acciones deben ser más concretas hacia “los principales jefes de la AN” y no hacia el Ministerio de Finanzas. Una trabajadora aseguró que planifican colocar candados en la entrada del edificio administrativo y en la sede del Palacio para llamar la atención de los diputados.
En mayo, el despacho de Finanzas aprobó un aumento de 8 salarios mínimos que perdió su valor por la hiperinflación. Recientemente, la junta directiva solicitó un bono de 211 millones para cada trabajador por concepto de uniformes, pero aún no ha obtenido respuesta.
Una periodista contó que desde febrero no cobra porque el gobierno se niega a enviar la partida que le corresponde al Poder Legislativo. La infraestructura y equipos de oficina también se encuentran deteriorados. “Ni las manillas de la puerta sirven. No hay dinero para arreglar nada”, dijo una recepcionista.
La falta de recursos también ha ocasionado que los trabajadores reduzcan su jornada laboral a tres días (lunes, martes y miércoles). Mientras que los jueves y viernes, cada área se turnan semanalmente para trabajar solo tres horas en la mañana. Por las condiciones de trabajo y de traslado a Caracas, las comisiones también han dejado de sesionar con regularidad. Ayer, solo se reunieron la Comisión de Defensa y Seguridad, y la de Cultos y Régimen Penitenciario.
Penitenciario. El diputado y ex preso político, Gilber Caro, asumió la presidencia de la Subcomisión Seguimientoy Control de Centros de Detención Transitoria y se comprometió a defender los derechos de los privados de libertad, que son sometidos a retrasos en el debido proceso y a tratos crueles e inhumanos.
Caro informó que su equipo estará integrado por otros ex presos políticos y ONG.