Tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que atropellan a manifestantes, disparos a quemarropa, personas en llamas. La cifra de heridos en Venezuela durante más de un mes de protestas asciende incontrolablemente mientras la capacidad de los hospitales para atenderlos cada día está más comprometida por falta de insumos, personal y hasta por amenazas. La violencia también persigue a los médicos y centros de salud.
Aunque era el Día del Trabajador, Jesús Ibarre asistió a la manifestación del 1° de mayo para vender sus famosos roles de canelas que usualmente ofrece en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde cursa Ingeniería de Telecomunicaciones, para pagar la mensualidad de sus estudios, ya que su padre tiene más de un año desempleado.
Por un impacto que recibió en la cabeza, el joven de 19 años de edad perdió el equilibrio y cayó al río Guaire. Tragó tanta agua que sus pulmones siguen infectados y no puede respirar por sí mismo. Hasta la fecha permanece en coma inducido. Su padre, José Ibarre, lo único que quiere es que su hijo sobreviva, por eso reza todos los días para que el gobierno abra el canal humanitario para –por lo menos– acceder a los medicamentos que necesitan.
“Lo que sea que lo haya golpeado le pulverizó el hueso de la cabeza. La parte dura del cráneo pegó con la parte blanda, esto le produjo laceraciones. Se le empezó a inflamar el cerebro de tal manera que parecía una persona con hidrocefalia. Gracias a Dios la operación resultó exitosa, pero el agua del Guaire invadió todo su cuerpo. Los doctores le hacen exámenes constantemente para determinar si se contagió de otra enfermedad como hepatitis”, dice Ibarre.
Durante varios segundos, antes de ingresar al quirófano, el futuro ingeniero estuvo sin signos vitales. Lo revivieron con electroshock. Antes de llegar al hospital estuvo en el CDI de Chuao, donde sus allegados aseguran que le robaron el celular y 14.000 bolívares que había obtenido por la venta de dulce. La única atención médica que recibió fue una especie de “vendaje” elaborado con su propia camisa empapada de agua contaminada que le pusieron alrededor de su cabeza.
Ibarre no crítica a su hijo por participar en la marcha, por el contrario, respeta su deseo de querer conocer lo que es una democracia. “La culpa de que haya estado en ese sitio la tengo yo, porque siempre le comentaba cómo era la Venezuela de antes y la comparaba con la del presente. Los jóvenes han sufrido mucho. Ellos quieren saber cómo es ese país en el que puedes elegir sin problemas a alcaldes, gobernadores y presidentes que no se quieren perpetuar en el poder”.
Más de mil heridos se han registrado solo en la capital, según cifras de Salud Chacao y Salud Baruta, durante 40 días de protestas. Sin embargo, para el coordinador nacional de Médicos por la Salud, Danny Golindano, la cifra asciende a, por lo menos, el triple.
“Esto es un balance estadístico básico que se hace en cualquier evento de represión masiva. Por cada herido siempre se calcula que en ese perímetro de acción hay una o dos personas más que resultaron afectadas, ya sea de manera leve, moderada o severa y que pudieron ser atendidos clínicamente o no. Así que estaríamos hablando de más de 3.000 heridos”, señaló.
El hematólogo explicó que muchos de los pacientes no se trasladan a los centros de su salud por miedo a ser detenidos, porque prefieren llegar rápidamente a sus hogares o porque consideran que las salas de emergencias no tienen las condiciones adecuadas para brindar el servicio requerido.
“Los heridos de protesta corroboran que tenemos un sistema de salud quebrado. Cuando llega el contingente se descompensa el poco equipo de trabajo que tenemos y muchas veces no hay cómo atender a los muchachos”, expresa el presidente de la Sociedad de Pediatría, Huníades Urbina.
Hasta la fecha el 3 de mayo ha sido el día con mayor número de lesionados. Casi 400 heridos reportaron las instituciones municipales en Caracas. Los médicos de Salud Chacao indican que se observa un incremento en el porcentaje de heridos por traumatismos. De las 164 personas que atendieron ese día, 137 llegaron por ese diagnóstico, es decir 84% de todos los atendidos sufrieron algún tipo de golpe o herida con trauma. Si se compara con el 19 de abril, cuando se registró 54% de personas que tuvieron algún tipo de impacto directo en el cuerpo de bombas se refleja el aumento de la fuerza como método de contención.
El estudiante y fotógrafo de Unión Radio, Reynaldo Ryobueno, fue víctima del ataque violento y directo de la GNB en ese día récord de heridos. “Disparen al del suéter blanco”, escuchó mientras capturaba la imagen de un guardia apuntando hacia su dirección. Sintió el golpe en la pierna izquierda que culminó en una fractura de la tibia. Luego de su operación, tendrá que estar 30 días en reposo absoluto y dos meses en rehabilitación. Son un par de ojos para documentar estos días que quedan fuera de combate.
“Con mi cámara he visto cómo los guardias no disparan hacia arriba (en parábola) sino directamente para agredir a la gente y lo hacen para que estemos tres meses fuera de la calle. En estas protestas somos como corresponsales de guerra, ya ni respetan a la prensa. Ese día, teníamos solo 5 minutos de haber llegado y nos amenazaron y lanzaron bombas. Definitivamente esto va en escalada, pero yo cuento los días para volver a salir a la calle”.
Ryobueno tiene 23 años de edad es igualmente estudiante de Telecomunicaciones en la UCAB. Sin embargo, en las calles también se observan niños y abuelos en resistencia, luchando de frente a los guardias y exigiendo libertad. De los 1.499 heridos que han atendido entre Salud Chacao y Salud Baruta, 11% son menores de 17 años y personas de la tercera edad. Urbina recomendó a los padres evitar llevar a sus hijos pequeños a estas concentraciones, porque el riesgo es muy alto. En ambos municipios se han reportado 94 menores de edad lastimados, lo que representa dos niños por día.
Baruta es zona de guerra. En los 41 días de protesta asistieron a 923 heridos, el mayor número entre todos los municipios de la capital. 39% de estos pacientes lo ocupa el sexo femenino. Solo en este lugar 363 mujeres resultaron afectadas. Hasta el mismo equipo de salud local ha presentado heridas. El director de Salud Baruta, Enrique Montbrum, recibió un golpe directo de bomba lacrimógena en su rodilla. Sin embargo, no dejará de ejercer su profesión en la calle.
“En Baruta creemos que un gran número de médicos debe hacer trabajo de campo. Tenemos que estar en la calle. Muy pocas veces estoy en los centros de salud. Lo mejor es captar las heridas al instante. Hemos desplegado ambulancias con insumos y médicos suficientes para que hagan monitoreo por las distintas zonas de las manifestaciones y, a la vez, mantenemos un equipo importante de doctores en nuestros centros de emergencia. El más frecuentado es el de la Plaza Alfredo Sadel”, comentó.
El abogado y defensor de derechos humanos, José Vicente Haro, informó que el Ministerio Público no está cumpliendo con sus facultades legales porque considera que el llamado de paz que hizo la fiscal Luisa Ortega Díaz no es suficiente como medida y que la institución debería abrir una investigación, a través de la dirección de derechos fundamentales. Recordó que la función de la Fiscalía en escenarios de conflicto es clave y las acciones no solo le corresponden a la Defensoría del Pueblo.
“La política que está asumiendo el Ministerio Público es esperar que la víctima o familiar denuncie. Esto no debería ser así. Su función es resguardar la integridad física y la vida de los venezolanos durante las manifestaciones. Si saben que hay un patrón de heridos y muertos, deberían abrir una investigación de oficio, ser proactivos y tomar la iniciativa de asignar fiscales especiales en derechos fundamentales que estén presentes durante las protestas observando cómo se desarrollan y actuar de inmediato al momento de una situación de muertes o lesionados. Deberían enviarlos a los hospitales a registrar los casos”, explicó.
Aunque se han nombrado fiscales para la investigación de los fallecidos por las protestas (44 hasta el jueves 11 de mayo), el Ministerio Público no ha publicado ninguna orden para iniciar el estudio de la cantidad de casos de personas lastimadas.
Entre fuegos y tanquetas
Descuidarse por unos segundos fue su “error”. Durante una mínima fracción de tiempo, Pedro Michel Yammine quedó de espaldas a la tanqueta y el conductor lo arrolló, no una sino dos veces. Sus padres no se han atrevido a ver el video que corrió por redes sociales el 3 de mayo.
Yammine es fotógrafo independiente, pero no de manifestaciones. Desde su lente busca enaltecer los paisajes nacionales. Su último curso fue sobre fotografía marina para mostrar los corales de los mares de Venezuela. Su hermana, Jessica Yammine, lo describe como una persona dispuesta a ayudar a los demás y recuerda que el 12 de febrero de 2014 su hermano fue uno de los que cargó a Bassil Da Costa y lo trasladó hasta el hospital cuando iba herido de muerte.
Año y medio de recuperación es lo que le espera al joven de 22 años de edad. Continúa en terapia intensiva con un drenaje en el pulmón izquierdo. Tiene siete costillas y los dos omoplatos fracturados. “Él siempre salía a marchar porque buscaba construir un país mejor y soñaba con resaltar esa belleza pero en libertad”, dice la hermana.
Minutos después de que arrollaron al joven, el estallido de un tanque de gasolina de una moto de la GNB dejó cuatro heridos por quemaduras graves. Uno de ellos es Víctor Salazar, estudiante residente en Ciudad Bolívar que viajó a Caracas solamente para participar en las protestas. Sus padres no tenían conocimiento de esto hasta que recibieron una llamada en la que se les informó que su hijo estuvo varios segundos en llamas. Aunque ha respondido bien al tratamiento, 40% de su cuerpo tiene quemaduras de primero, segundo y tercer grado.
Médicos acosados
Golindano denunció que las directivas tanto del Hospital Universitario de Los Andes como del Hospital Central de Barquisimeto prohibieron a los residentes atender a pacientes heridos por las manifestaciones. Un grupo de médicos de estas instituciones denunció que los habían amenazado con despidos y amonestaciones.
Mientras, el personal del Hospital Vargas se declaró en asamblea permanente ante la falta de insumos, la inoperatividad de los quirófanos y las condiciones precarias en las que trabajan lo que impide un tratamiento eficiente para atender a los pacientes que lleguen con algún tipo de lesiones.
“A los residentes los amedrentan. Les dicen que si van a protestar se quedan sin trabajo, los obligan a mantenerse callados. Ellos son la parte más delgada de la soga pues su posgrado depende de esa residencia. Acá se está violando todo el código ético de la medicina que establece que se debe atender a cualquier paciente sin ninguna distinción. No importa su raza o afinidad política”, señala Urbina.
El código internacional de la Cruz Roja apunta que el personal sanitario en escenarios de conflictos no debe ser atacado ni se le puede causar daños. Urbina afirma que el ataque a los médicos no ocurre ni siquiera en países declarados en guerra. Pero ese mismo 3 de mayo, la Policía Nacional Bolivariana arremetió contra los jóvenes de primeros auxilios de la Universidad Central de Venezuela y también contra ambulancias de Salud Baruta.
Parte del equipo voluntario que se encarga de asistir a los heridos en medio del fragor de las manifestaciones fueron víctimas directas de agresiones. Denunciaron que habían arrastrado a una médico por el medio de la calle, golpearon a otro, lanzaron cinco bombas lacrimógenas hacia el carro en el que se trasladaban, les partieron el vidrio del parabrisas y les robaron todos los insumos, que comienzan a escasear y por lo cual han iniciado campañas para recibir donaciones en plazas e incluso internacionalmente a través de una página en Amazon.
Los estudiantes de Medicina narraron que ese día, cuando un señor intentó ayudar a los voluntarios, el funcionario de la PNB le gritó a una de las jóvenes: “¿Tú no eres médico, pues? Atiéndelo”, y acto seguido le disparó al señor a quemarropa.
“Estamos viendo muchísimos más traumatismos craneoencefálicos, especialmente en jóvenes de 20 a 30 años. La represión cada día es más dura y por supuesto que nos asusta, pero nuestro compromiso es mayor. Es nuestra responsabilidad ofrecer toda la ayuda que esté a nuestro alcance”, afirma la directora del grupo, Federica Dávila.
