“En la calle uno puede correr, pero ¿en tu propia casa a dónde corres?”, dice una vecina de uno de los edificios de El Paraíso que esta semana fue atacado directamente por la GNB. En varios casos los militares actuaron junto con la PNB y grupos de civiles armados. Entre el 4 de abril y el 5 de mayo de 2017, solo en el Área Metropolitana de Caracas, se han registrado ataques directos con bombas lacrimógenas, disparos y destrozos en residencias de El Valle, El Paraíso, Petare, avenida Victoria, Candelaria, San Bernardino, San Martín, La Vega, La Urbina, El Llanito y San Antonio de Los Altos. Defensores de derechos humanos y víctimas califican los hechos de terrorismo de Estado
Durante todo el 1° de mayo, los cuatro miembros de la familia Medina (identidad protegida) a duras penas respiraban encerrados en el baño de la habitación principal de su apartamento, en una de las cinco torres de las residencias Terrazas del Paraíso.
El ambiente de la sala, la cocina y el resto de los cuartos era irrespirable. Desde las 10 de la mañana comenzaron a recibir el bombardeo lacrimógeno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sin que alguno tuviera tiempo de salir de la casa. Era el tercer bombardeo en menos de 15 días.
En medio de pequeñas pausas, uno lograba salir a la cocina para buscar algo de comida al resto y volvía al encierro. Así transcurrió el desayuno, algo parecido al almuerzo y sin darse cuenta les llegó por tercera vez el hambre de la cena. Eran las 8 de la noche y no habían podido abandonar el baño.
“Ya nos había pasado lo mismo con las protestas del 19 de abril cuando destrozaron las rejas laterales y unos tipos se metieron por los edificios para saquear el Arturos (local vecino). Después el 26 de abril cuando se hizo de noche llegó una gente en moto pero vestidos de civil, no eran guardias. Uno se metió a las residencias disparando perdigones y dejó heridos pero era para amedrentarnos porque no se robaron nada. Y después vino lo del 1° de mayo”, cuenta Jenny, hija mayor de los Medina.
Lo que pasó el 1° de mayo fue la incursión violenta de unas personas que destrozaron la reja peatonal del conjunto y cargaron con ella en una moto, tumbaron las rejas que dan acceso al estacionamiento, entraron a los edificios, partieron los vidrios de las puertas de entrada, prendieron fuego a la garita de los vigilantes e incluso corrieron detrás de unos adolescentes que veían todo desde un área común del salón de fiesta.
El asalto había sido precedido por más de nueve horas continuas de bombas lacrimógenas lanzadas por la GNB pero durante los 30 minutos que duró el ataque de este grupo no identificado, las tanquetas se retiraron del lugar.
“Después de eso el silencio fue sepulcral. Poco a poco los vecinos fueron saliendo de los apartamentos y alguien sacó una reja vieja o quitaría la de su propia casa, entre todos la amarraron con guayas en la salida para medio cerrar y pasar la noche. Pero en mi casa nadie durmió ni un minuto”, cuenta la joven.
Una vecina de la torre más cercana a la calle cuenta que desde ese día su esposo y ella decidieron pasar doble llave, tanto a puerta y reja. Pero además bloquearon la entrada con un tubo.
“Esta gente pudo tumbarnos la puerta de la casa, estaban dentro del edificio. El ascensor estaba abierto en planta baja y le partieron el vidrio. Así mismo pudieron subir a cualquier apartamento”, narra la mujer de 56 años de edad, quien lleva 15 de ellos viviendo en esta urbanización. “Es una pesadilla que te ataquen en tu casa. La misma guardia dispara a los edificios y no les importa si te asfixias o te prenden en candela. Porque en la calle uno puede correr pero ¿en tu propia casa a dónde corres?”.
La palabra terror y guerra se repite en las descripciones. “Cuando atacaron los verdes (Conjunto Residencial El Paraíso) se escuchaba desde lejos a la gente gritando por las detonaciones pero desde ese día sabíamos que nos podía pasar. Vivo asustada en mi propia casa: con decir que el comedor está pegado a la ventana y ninguno de nosotros se sienta de espaldas al balcón”.
Después del ataque al Conjunto Residencial El Paraíso, sus vecinos de las residencias Araguaney, ubicadas en el puente 9 de Diciembre que conecta El Paraíso con San Martín, tomaron previsiones bajo la lógica de un resguardo de emergencia: pagaron una cuota extra de condominio para reforzar las rejas, compraron unos candados para encerrarse desde la medianoche y organizaron grupos de guardia vecinal que alertan de cualquier posible incursión violenta en las noches. Los médicos, enfermeras o personal de asistencia que viva en la comunidad se unieron en redes para prestar ayuda en caso de que sea necesario.
Práctica sistemática
Raúl Herrera, director del Centro para la Paz y los DDHH de la UCV, vio con sus propios ojos el rostro de una señora de 70 años de edad a quien la GNB le vació una carga de perdigones en la cara mientras ella intentaba sostener la puerta para que no se metieran en su casa en la urbanización Sucre, en Barquisimeto, durante una incursión de la GNB, la noche del 26 de abril.
La palabra que le viene a la mente a Herrera es ensañamiento: “No hay ningún tipo de excusa ni justificación. Son violaciones de derechos humanos, incursiones sin orden de allanamiento ni orden judicial. Estos no son hechos aislados, estamos hablando de un uso sistemático de la violencia para castigar y atacar a la gente en su propia casa”.
La continua escalada violenta de los ataques ocurridos en Caracas son una amplificación de algo que ya había ocurrido en 2014 en el interior del país, observa Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. La ONG Provea los contabilizó: en el marco de las protestas de hace tres años se produjeron 204 ataques a residencias y al menos 10 acentros de salud, durante más de 4 meses de manifestaciones seguidas. En 81% de los casos la GNB fue el órgano responsable.
Pero entre el 4 de abril y el 5 de mayo de 2017, solo en el Área Metropolitana de Caracas, se han registrado ataques directos con bombas lacrimógenas, disparos y destrozos en residencias de El Valle, El Paraíso, Petare, avenida Victoria, Candelaria, San Bernardino, San Martín, La Vega, La Urbina, El Llanito y San Antonio de Los Altos. En estos casos se ha registrado a través de fotografías y videos de los mismos habitantes la actuación combinada de la GNB, PNB y grupos de civiles armados.
“¿Qué tiene que ver eso con control de orden público?”, se pregunta Ligia Bolívar. “El orden público tiene que ver con personas que generan disturbios en la calle pero lo que vemos es un ataque a gente que está durmiendo en su casa. Eso sí es terrorismo, el único sitio seguro y allí es donde te van a atacar”.
Una guerra en casa
Dos noches seguidas de asfixia, trasnocho y terror se resumen en los rostros desencajados de los vecinos del Conjunto Residencial Victoria, ubicado en El Paraíso. Para ellos la larga noche del 1° de mayo comenzó a las 8:00 pm, cuando inició el ataque con una incontable cantidad de bombas lacrimógenas que la GNB, sus vecinos de la sede la Comandancia, les lanzaban directamente desde el elevado que conduce a la autopista Francisco Fajardo.
Solo tendrían un breve receso de dos horas y media. Quienes lograron salir a sus jornadas laborales antes de las 5:45 am pudieron dejar por unos minutos la trinchera en la que se convertirían sus propias casas durante todo el martes 2 de mayo. Diez horas de un ataque continuo por parte de la GNB contra las cinco torres y el preescolar que conforman las residencias, que se convirtió en epicentro de la atención cuando el sótano y los primeros pisos ardieron en llamas. 3 apartamentos y 3 vehículos hicieron combustión, producto del impacto de más de 200 bombas lacrimógenas que quedaron como evidencia en las áreas comunes de los edificios y los cartuchos regados en buena parte del elevado que conecta El Paraíso con Quinta Crespo.
Todo el que entra y sale de los cinco edificios cierra con doble llave las rejas principales. Uno de los portones tiene un boquete que abrieron los Bomberos que acudieron al lugar cinco veces durante la tarde del martes 2 de mayo. Por medidas de seguridad le pidieron a los vecinos que retiraran las cadenas con candados que habían puesto desde adentro pero los habitantes se negaron y la mañana del miércoles pusieron una nueva cadena en una de las rejas laterales más cercana a la calle. “Yo cerré mi puerta por dentro con una tranca aunque vivo en el piso 18, porque si los dejamos se meten en las casas y nos tumban las puertas”, comentó una vecina que vive hace más de 20 años en el edificio.
El agotamiento que dejó la primera parte del ataque en las residencias Victoria impidió que los padres pudieran llevar a los niños al preescolar que funciona en los edificios. Pero los que estaban dentro de sus casas no pudieron estar a salvo. Una pareja que salía del edificio la mañana del miércoles 3 apuraba el paso para disminuir los estornudos incontrolables de su hijo de 6 años.
El niño intentaba detenerse a curiosear los restos de bombas que encontraba a su paso. Pero la madre lo halaba del brazo: “No toques nada”, le decía. La joven contó que trató de sacar al niño a casa de los abuelos pero le daba miedo que les dispararan al salir. “Los niños estaban asustadísimos porque pensaban que eran granadas”.
Y lo son. Los cartuchos muestran el uso de por lo menos dos tipos de bombas que llevan el sello de Cavim: las granadas APG-111, que en contacto con materiales inflamables pueden hacer combustión (tres vehículos estacionados en el sótano 1 se incendiaron). Los vecinos narraron que la GNB se apostó en el elevado y la altura permitió que las bombas impactaran en las ventanas de los apartamentos que se quemaron. El otro tipo de cartucho lacrimógeno utilizado son los que contienen gas C5, con identificación roja de Cavim de largo alcance. En los estándares internacionales de protección de derechos humanos, el uso de bombas lacrimógenas es equiparable al uso de una fuerza potencialmente letal.
En las conversaciones de quienes bajaban a las áreas comunes a recontar daños, de los que ni siquiera aspiran que el Estado se responsabilice, el ánimo de los vecinos revelaba una mezcla de miedo e indignación. Todavía con el ardor en el rostro por el aire cargado de gas tóxico, los residentes veían desde la entrada del conjunto a un contingente de la GNB apostado bajo el elevado donde observaban a todo el que transitaba. Apenas unos pasos los separaban de otros vecinos que también respiraron lacrimógenas por dos días: los pacientes y el personal de la Clínica Cabisoguarnac, donde nacen por igual hijos de militares y civiles.
Armas de guerra contra viviendas
El uso de gas se remonta a la Primera Guerra Mundial cuando por primera vez se aplicó de manera formal una versión incipiente del compuesto químico utilizado hoy por las fuerzas de seguridad. El objetivo era obligar a los soldados enemigos a salir de sus trincheras para poder atacarlos con artillería.
Pero con el Protocolo de Ginebra de 1925 se prohibió el uso de armas biológicas y químicas en conflictos bélicos. El Protocolo se redactó y firmó en la ciudad de Ginebra del 4 de mayo al 17 de junio de 1925, por lo que cumple 92 años de vigencia. En 1997 en la Convención de Armas Químicas se reiteró la prohibición del uso de gas en conflictos bélicos pero se permitió el uso restringido solo para la dispersión de multitudes como un mecanismo de orden público.
Pero la ONU definió en 1990 algunas condiciones sobre cómo y cuándo deben usarse “armas no letales” en manifestaciones, entre ellas las bombas lacrimógenas: su uso debe ser excepcional y en proporción con la gravedad del peligro, no podrá derivar en lesiones o amenazas a la vida y debe asegurarse la presencia de personal de salud para atender a los afectados.
El artículo 55 de la Constitución venezolana establece que “los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”. El artículo 68 garantiza el derecho a manifestar y de igual manera establece la prohibición del “uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
La frágil línea de la anarquía
Desde el 4 de abril hasta el 5 de mayo se han contabilizado en varios estados del país por lo menos 15 ataques directos con bombas lacrimógenas y detonaciones contra edificios o conjuntos residenciales, en especial durante la noche, enmarcados en acciones de protestas que derivan en hechos violentos.
11 de abril. Habitantes de La Vega trancaron vías de acceso a la comunidad como protesta y en los enfrentamientos se produjeron saqueos. La GNB lanzó gas lacrimógeno a las calles principales del barrio y dos funcionarios de la PNBresultaron heridos.
19 de abril. Residentes de La Candelaria protestaron con cacerolas mientras transcurría la marcha convocada por el oficialismo. Almelina Carrillo fue herida y luego murió por el impacto en la cabeza de una botella de agua congelada que lanzaron desde un edificio.
20 de abril. Una protesta que inició con un cacerolazo en varios sectores de El Valle derivó en disturbios y saqueos lo que dejó un saldo de por lo menos 14 personas muertas y el desalojo del Hospital Materno Infantil de El Valle. Esa misma noche se registraron situaciones similares en Candelaria, Palo Verde, Petare y Baruta.
26 de abril. La GNB irrumpió con bombas y disparos en la urbanización Sucre de Barquisimeto. Varios residentes recibieron tiros de perdigones dentro de sus casas.
2 de mayo. En un video de habitantes del sector quedó registrado cómo un grupo de civiles armados que actuó frente a funcionarios de la GNB destrozó un muro con un boquete en un edificio de La Urbina y entraron a robar los vehículos. El mismo día, la GNB dispersó a unos manifestantes que participaban en el “trancazo” en El Llanito y luego un grupo de personas armadas disparó contra los edificios, lo que dejó 11 heridos y tres personas muertas. Durante la noche las protestas de los vecinos de La Isabélica, en Carabobo; Montaña Alta en Miranda y Cabudare, en Lara también fueron dispersadas por la acción de la GNB.