Sol Ocariz, 64 años de edad, se levanta todos los días a las 5:00 am para librar su propia batalla: liberar a su hermano Edward Ocariz, de 53 años de edad, activista de los derechos humanos en la ONG Provea y exvicepresidente de organización del partido opositor Primero Justicia en Coche. Fue detenido el 2 de agosto durante las protestas poselectorales. Sol debe hacer las diligencias legales necesarias para su defensa, otros días organiza y prepara los alimentos, ropa, medicinas y artículos de higiene personal que le llevará a la cárcel de Tocuyito o Internado Judicial de Carabobo, la principal prisión de Valencia, centro al que trasladaron a su familiar, sin avisarle, el 8 de agosto en horas de la tarde, último día en que pudo verlo.
Luego de la detención de Edward, la pensionada dejó su casa en Puerto Píritu, estado Anzoátegui, donde vive con su papá, un señor muy mayor que está en silla de ruedas y al que, por los momentos, cuida otra persona. Su vida dio un cambio que trata de asimilar y ahora su rutina consiste en acudir a la fiscalía, ir a tribunales y preparar lo que le llevará a su hermano en bolsas plásticas transparentes. En ocasiones, Ocariz debe llamar a parientes cercanos, primos o sobrinos, para que la ayuden a cargar con todo: en cada visita debe llevar insumos que cubran las necesidades básicas por un par de días pues no sabe cuándo podrá volver a viajar hasta Valencia desde Caracas.
Las visitas al penal resultan sumamente agotadoras, cuenta Ocariz, la única pariente directa de Edward, quien no tiene hijos ni pareja. Tras levantarse temprano para organizar todo, sale del apartamento familiar ubicado en Coche, urbanización La Rinconada 2, y toma el transporte público hacia el terminal La Bandera. De allí, debe pagar otro pasaje de autobús para ir a Tocuyito. El autobús la deja en el terminal Big Low de Valencia, desde donde debe tomar una tercera unidad hasta las puertas del penal.
Allí, a Ocariz le toca hacer largas colas durante varias horas, a veces bajo la lluvia o el sol inclemente. No sabe si lo que lleva lo recibe su hermano, quien además es hipertenso y sufre de artritis reumatoide, condiciones de salud para las que necesita tratamiento médico. Tampoco sabe en qué condiciones está o si lo tienen recluido con la población común: a ninguno de los familiares se les permite ver o hablar con los detenidos.
“La semana del 15 de agosto tuve la oportunidad de hablar con la persona encargada del penal. Le solicité una defensa privada para mi hermano, me dijo que le llevara la carta de designación del abogado y ella se lo haría llegar. Le pregunté si mi hermano estaba con la población común, donde hay personas de todos los estratos y acusados por todo tipo de delitos. Ella me dijo que los detenidos por las protestas poselectorales tienen un salón común aparte donde, al parecer, están bien. Incluso me dijo que estaban de maravilla, que no me preocupara porque ellos tienen luz, agua y hasta baño, casi que lo describió como un hotel. ¿Cómo tú dices que mi familiar está bien cuando él no ha cometido ningún delito y está preso?”.
Sol Ocariz no tiene miedo de denunciar con su nombre y apellido lo que ocurre en un entorno donde los familiares permanecen callados por miedo | Foto Leonardo Vega @soyvegaleonardo
Los días que no viaja a Tocuyito, Ocariz igualmente se levanta temprano para hacer las diligencias legales necesarias. Por los momentos, está enfocada en conseguir que los tribunales acepten la defensa privada, un derecho que a ninguno de los detenidos en el marco de las protestas poselectorales se les ha permitido. A todos se les ha asignado un defensor público, el único que tiene acceso al expediente del caso y el que puede abogar por los privados de libertad. Ocariz, sin embargo, no confía en la defensora pública de su hermano.
“La defensora pública lo único que me dijo cuando le pregunté sobre dónde o cómo estaba mi hermano fue: a mí tampoco me informan nada. Desde ese momento dije que no volvería a ir más a la Defensoría Pública. No tengo nada que hacer allí, debo lograr que me acepten la defensa privada». Para ello, hizo la carta de designación y la llevó a Tocuyito. Dejó a su prima haciendo la cola mientras ella hablaba con la guardia custodia del penal.
Le dijo que necesitaba la firma de su hermano. La encargada le pidió que esperara. Al rato, le entregaron el documento firmado por Edward. Fue un alivio, reconoce. “Solo pude pensar: Dios mío, por lo menos está vivo, al menos puede firmar. Reconocí su letra, él firmó”. Esa es la única prueba que tiene, desde la semana del 15 de agosto, de que su hermano sigue con vida tras su detención.
Sol Ocariz junto a su hermano Edward | Foto cortesía
Protestas poselectorales: Edward Ocariz, uno de 1.780 detenidos
Desde el 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, hasta el 26 de agosto la ONG Foro Penal ha contabilizado 1.780 detenidos. Edward Ocariz es uno de los 1.550 hombres a los que detuvieron en el marco de las protestas poselectorales que estallaron después de que el Centro Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador a Nicolás Maduro y que la comunidad internacional considera fraudulentas. La detención, cuenta su hermana, fue parte de lo que el régimen bautizó como la Operación Tun Tun.
“El que se coma la luz… Tun tun. No seas llorón, vas pa’ Tocorón”, dijo el pasado 6 de agosto Nicolás Maduro. Con esta referencia al reconocido villancico navideño se le dio nombre a los arrestos masivos en las protestas poselectorales. Ocariz fue uno de ellos. Ocurrió el 2 de agosto alrededor de la 1:30 pm de la tarde. Edward se encontraba en el apartamento de la familia, donde vive con una tía que tiene más de 80 años, preparando su almuerzo. Tocaron la puerta. Abrió. Lo primero que hicieron los guardias de la Policía Nacional fue preguntarle su nombre. Ocariz enseñó su cédula y, sin orden de arresto, se lo llevaron.
“Le preguntaron si era Edward Ocariz. Él dijo que sí. Les mostró la cédula y ya. Eso fue todo. Lo secuestraron en la puerta de su casa. Solo bastó que abriera la puerta para que se lo llevaran. Él pidió que le mostraran alguna orden, le dijeron que lo harían, pero a la hora de la chiquita no mostraron nada”, cuenta la hermana. Antes de que lo detuvieran, el defensor de derechos humanos logró grabar con su celular el momento: hizo un video en directo en Instagram, un contenido que su hermana guarda con la esperanza de demostrar su inocencia.
La tía que vive con él, debido a su avanzada edad, no pudo hacer nada para impedirlo así que llamó inmediatamente a sus familiares. El primero en enterarse fue el sobrino de Edward, quien vive en Estados Unidos. Fue quien llamó a Sol, su mamá, para darle la noticia.
“Fue muy desesperante. Mi hijo me llamó y me dijo: mamá, se llevaron a Edward. Me mortifiqué toda. Para empezar, no tenía dinero para trasladarme de Anzoátegui a Caracas. El sábado 3 de agosto logré ubicar el dinero pidiendo prestado al resto de la familia. Así he podido costear tantos gastos. A primera hora de la mañana me vine para ver cómo y dónde estaba mi hermano”, cuenta Ocariz, quien vive principalmente del ingreso que recibe de su pensión. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales confirmó que la pensión, en agosto de 2024, fue de 130 bolívares, lo que equivale a 3.55 dólares.
Ocariz ha acudido a asesorías jurídicas y así como a diferentes actividades con los familiares de los detenidos en las protestas para intentar liberar a su hermano | Foto Leonardo Vega @soyvegaleonardo
No fueron momentos fáciles. Ocariz visitó varios centros de detención en Caracas antes de dar con su hermano. Lo buscó, incluso, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en El Helicoide. “Estaba desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Lo ponen a uno de aquí para allá y uno mortificado sin saber. Cuando me dijeron que lo buscara en el SEBIN, lo único que pensé fue: ya está, debe de estar malogrado porque todo el mundo sabe lo que pasa en el SEBIN y de lo que se encarga el SEBIN”.
Al no encontrarlo, la desesperación aumentaba. Acudió entonces a la defensora pública asignada al caso. Aunque la joven fue muy amable, ni siquiera ella, como abogada designada, sabía dónde estaba. Sol Ocariz todavía no entiende cómo es eso posible. Después de recorrer diferentes centros de reclusión, supo, el lunes 5 de agosto, que su hermano estaba detenido en Zona 7, el centro de detención de la Policía Nacional ubicada en Boleíta, Caracas.
“Cómo es posible que la primera vez que yo fui con la defensora pública para ver dónde estaba mi hermano, me respondió: ay señora, pero es que a mí no me informan, no me dicen lo que hacen con el detenido. Ella es muy bonita, muy cariñosa, decente, me trató espectacular, pero como defensora pública no me sirve. ¿Qué es ella? ¿Una pieza de ajedrez? ¿Una muñequita de torta? Está allí únicamente para figurar. ¿Cómo me va a decir que no sabe si ella es la defensora pública asignada al caso? Miren la fecha que es, desde el 2 de agosto está mi hermano detenido y ella no me ha pedido nada para poder liberarlo”, denuncia.
Edward Ocariz está detenido desde el pasado 2 de agosto | Foto Archivo
Fe de vida: las visitas a los detenidos
Una vez ubicó a su hermano, Sol Ocariz pudo verlo y constatar su estado después de días de las protestas poselectorales. “Me dijo que estaba bien y que no lo habían malogrado. Él estaba bien cuando lo vi, esa es la verdad. Lo logré ver del 5 al 8 de agosto, día en que lo trasladaron. Ese día estuve con él hasta el mediodía, le llevé comida y ropa. Resulta que cuando voy el viernes 9 de agosto, me dijeron que lo habían llevado a Tocuyito”.
A los detenidos no les dejaron llevarse nada de lo que tenían en el centro de detención de Zona 7. Sol Ocariz tuvo, entonces, que volver a llevarle ropa, comida, artículos de higiene personal y medicinas, esta vez hasta Valencia. A la inversión tuvo que añadirle el “uniforme” que le pidieron: un mono, un short, zapatos blancos sin trenzas y camisa azul rey. Incluso a ella, como visitante, le exigen un «código de vestimenta» particular para poder entregar los artículos. “Hay que comprarles un uniforme a los detenidos para que lo luzcan allá. Aparte de todo, los familiares debemos ir uniformados también, debe ser para que nos señalen a nosotros: ay, esos son familiares de los presos que están allí”.
En Tocuyito, cuenta Sol Ocariz, hay una inmensa tristeza e impotencia entre los otros familiares de los detenidos, en su mayoría mujeres, las únicas a las que dejan entrar al penal. Tras hacer kilométricas colas, los guardias identifican a las visitantes, les piden las cédulas de identidad y las registran. La ONG Foro Penal advirtió, en un encuentro de asesoría jurídica con los familiares, que en algunas cárceles hasta desnudan a las visitantes. Tras el chequeo, las mujeres dejan los insumos en unos mesones largos y, seguidamente, se procede a revisar todo el contenido de las bolsas.
En la cárcel de Tocuyito los familiares de detenidos pasan horas en cola para entregarles comida, insumos y medicinas | Foto archivo
“Sacan todo de las bolsas. La comida la pican, la ven, la huelen, es todo lo que hacen. A todas estas yo no sé si él recibe todo lo que le llevo, ningún familiar lo sabe. La cola para poder entrar a Tocuyito era inmensa en la semana del 15 de agosto. Estaba lloviendo en Valencia. Yo estaba enchumbada, la cola era terrorífica y nosotros allí, bajo la lluvia. Fue horrible”.
Sol Ocariz es una mujer fuerte. Y como tal, seguirá peleando por la libertad de su hermano. Cada vez que hace cola para las visitas, habla con los familiares y les pide que no se queden callados.
“Lo que no se dice, no se menciona o no se muestra, se olvida. Yo lo único que he hecho es publicar, declarar y divulgar. He conversado con muchos familiares y muchos me dicen que no quieren hablar porque eso va a perjudicar a sus detenidos y yo me pregunto: ¿qué más les va a perjudicar si ya están presos y son inocentes? Yo lo dije ante los medios, todas estas personas son inocentes, ninguno es asesino, ladrón o violador. Son inocentes. Mis hijos, que están fuera del país, me dicen que tenga cuidado y yo les digo que no me importa, porque yo tengo que denunciar”, asegura. Y así lo hizo: no tuvo miedo de ir, incluso, a la fiscalía para hablar con el fiscal sobre las irregularidades que ha vivido en la defensa de Edward.
Muchos familiares no quieren hablar por represalias | Foto Leonardo Vega @soyvegaleonardo
Terrorismo, incitación al odio y escándalo público
En su visita a la fiscalía, Sol Ocariz pidió ver el expediente de su hermano, un documento que es público y al cual, por ley, cualquiera con el número de cédula del detenido puede acceder. En el caso de Sol, no solo tiene su número de cédula sino que además es la única familiar del detenido. “Resulta que los tribunales no están juramentando a los abogados privados y, además, no me dejaron ver su expediente. A mí el fiscal me habló de la defensora pública para poder saber qué tiene el documento y le respondí que a mí no me sirve una defensora pública”.
Ocariz insiste en que, para poder preparar la defensa, necesita saber qué dice el expediente, de qué se acusa a Edward. “Allí tienen cosas que no son imputables a mi hermano. Puedo demostrar con hechos y grabaciones cuando fue sacado de su apartamento y fue llevado por la policía. Además, puedo demostrar que es un líder comunitario muy querido, donde incluso le hicieron un rosario para pedir por su bienestar y liberación. El fiscal se me quedó viendo, vio el expediente, lo ojeó y allí supe que yo le estaba dando una información que no tenía”.
Ocariz acompañando a la comunidad en una protesta por salarios dignos | Foto Twitter
El fiscal accedió a explicarle que a Edward Ocariz, como a todos los detenidos en las protestas poselectorales, se le imputaron cargos por el delito de terrorismo. Nadie se salva de ese, le dijo a Sol, antes de ejemplificar la situación con la metáfora de una fábrica: “Me explicó que es como si yo tuviera una fábrica y van sellando los productos en masa, chaca, chaca, chaca, así pero con el cargo de terrorismo para todo el mundo”. La Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, aprobada en 2012, es la que castiga este delito el cual define como el acto intencionado que por su naturaleza o su contexto puede perjudicar gravemente a un país. Se castiga con prisión de 25 a 30 años.
A Edward también le imputaron cargos por el delito de escándalo público y por incitación al odio estipulado en la Ley contra el odio y se castiga con prisión de 10 a 20 años. La alteración del orden público, por su parte, se castiga con pena de prisión de 3 a 6 meses. Ocariz insistió en la defensa privada y el fiscal le explicó que la orden que recibieron fue no permitirle a nadie un abogado privado. Tampoco están permitidas las medidas cautelares. “No hay tintas medias”, le dijo el fiscal a Sol Ocariz quien destacó que, a pesar de su amabilidad y buen trato, el fiscal no la ayudó en nada.
“También me dijo que la nueva orden para las autoridades es que el expediente de los detenidos únicamente lo puede conocer el fiscal, la defensoría pública y el agraviado. Allí fue cuando le dije: ¿cómo mi hermano va a conocer su expediente si él está metido en una celda o un sótano de Tocuyito? Lo tengo que conocer yo que soy su hermana, que soy la que está afuera y tengo que velar porque se haga justicia. ¿Cuándo le van a llevar el expediente a mi hermano para que lo vea? Eso no puede ser”.
Sol insiste en la defensa privada. “Voy a comenzar una campaña para denunciar lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que luchar, levantar la voz, decir las cosas. Hay que tener mucha fuerza y mucho coraje. Pa’lante, no podemos tener miedo. El que tiene miedo no va a la guerra y yo estoy en la guerra”.
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