Las acusaciones del oficialismo esta semana contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) podrían ser la antesala a la reanudación formal de las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, consideran defensores de los derechos humanos.
En un comunicado publicado el lunes, el gobierno de Nicolás Maduro cuestionó la imparcialidad del despacho del fiscal jefe de la CPI, el británico Karim Khan, y lo acusaron de mantener vínculos con ONG en el país.
La asociación civil Control Ciudadano advirtió que el comunicado demuestra que el gobierno de Venezuela ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la investigación.
La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló que la CPI tendrá que ejercer jurisdicción sobre los casos sometidos a examen ante la negación de que estos ocurrieran por parte del Estado venezolano.
El abogado Carlos Lusverti, profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que la cooperación positiva y proactiva que se palpaba en noviembre de 2021 entre el fiscal jefe de la CPI y el gobierno venezolano puede estar afectada a la luz del comunicado de la Cancillería de Maduro.
“Parecería que el romance que tenían con la Fiscalía en noviembre de 2021 ha terminado o no está en un momento portentoso. No sabemos si esto es el preludio de un momento más tenso (del Estado venezolano) ante la Corte”, manifestó el especialista a la Voz de América.
Lusverti, coordinador general de Amnistía Internacional Venezuela, recomienda esperar declaraciones del fiscal general Tarek William Saab para saber si la relación podría tornarse más hostil.
La defensora de derechos humanos Liliana Ortega, directora fundadora de Cofavic, considera que la Fiscalía de la CPI debe procurar buscar todas las fuentes posibles que le lleven a concluir la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
“No puede solo valorar la información que recibe del Estado o solo la de las víctimas. Debe corroborar diversas fuentes para el establecimiento de la verdad y la justicia. Esto es práctica regular de cualquier organismo internacional y debería ser también así de los órganos nacionales”, indicó la abogada.
San Miguel y Lusverti coinciden en que es previsible que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorice la continuación de la investigación sobre Venezuela.
“Hace muy mal el gobierno venezolano con estos comunicados, cuando debería enviar argumentos y documentos jurídicos para tener una discusión jurídica sobre si se cumplen o no los extremos de los tratados internacionales”, concluyó Lusverti.