Los detenidos tras la crisis poselectoral fueron sometidos a torturas y aislamientos prolongados, denunciaron los familiares.
En una rueda de prensa, denunciaron que no han podido realizar las visitas a los presos políticos en los centros de reclusión debido a la incomunicación a las que son sometidos.
«Esta situación de aislamiento prolongado y de tortura es un crimen de lesa humanidad, nos han querido someter a esta situación y, en pleno siglo XXI, la única comunicación que nosotros tenemos con nuestros familiares es un papel con cosas que ellos escriban, donde colocan lo que necesitan», explicó Sairam Rivas, pareja del exconcejal Jesús Armas, quien este martes 28 de enero cumple 50 días detenido.
FAMILIARES LLAMAN A LA SOLIDARIDAD | Sairam Rivas, pareja de Jesús Armas, preso político en El Helicoide, hizo un llamado a la solidaridad de los organismos internacionales, las universidades y los parlamentos del mundo para que intercedan por los presos políticos en #Venezuela y… pic.twitter.com/H69qqqaL5r
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 28, 2025
Presos políticos sin acceso a la defensa
Recordó que a todos los detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio se les ha impedido el acceso a abogados privados.
«Han sido presentados bajo audiencias clandestinas, incluso, en muchos de los centros donde han sido torturados y, hasta el día de hoy, ni sus familiares ni abogados saben cuáles son, en muchos casos, los cargos que se les imputan, no tienen acceso a sus expedientes, no saben ni siquiera cuál es el tribunal ni cuál es el fiscal que está a cargo del caso», señaló.
Igualmente, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, detenido el pasado 30 de julio, indicó que ya cumple 182 días sin poder visitar al dirigente político.
«He asistido a todas las instancias nacionales e internacionales, defensoría, tribunales, sin embargo, en ningún sitio me han podido dar información oficial sobre el caso de mi esposo, alegan una y otra vez que el caso de Freddy Superlano es un caso pesado y un caso que amerita la autorización directa de Presidencia», sostuvo.
Entretanto, Andreína Baduel, integrante de la ONG Comité por los Familiares de los Presos Políticos, denunció que en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda (norte), los detenidos, entre ellos su hermano Josnars Adolfo Baduel, son sometidos a «aislamientos prologados en una celda dos por dos».
«Todavía sigue habiendo restricción de alimentación, de hidratación, de medicación», denunció Baduel, al tiempo que dijo que su hermano necesita cuatro cirugías por «secuelas de tortura».
«Asimismo, hay otros familiares que tienen más de 60 días que no ven a sus familiares y que hoy están completamente incomunicados temiendo por sus vidas», agregó.
Con información de Efe.