Al menos 80 presos recluidos en los 4 calabozos de la policía municipal de Los Guayos, estado Carabobo, exigen que les realicen la prueba diagnóstica para covid-19 y así descartar que alguno pudiera estar contagiado.
Familiares de los detenidos denunciaron ante el Observatorio Venezolano de Prisiones que la semana pasada se les informó sobre la presunta existencia de un caso de coronavirus. Se trataba de una funcionaria policial que luego de ser sometida a las pruebas correspondientes se anunció que el resultado habría resultado negativo.
Sin embargo, los presos están preocupados porque dicha funcionaria estuvo encargada durante el último mes de entregarles los alimentos que les llevaban sus familiares.
Los parientes de los privados de libertad indicaron que solo fueron sometidos a la prueba de covid-19 los policías que tuvieron contacto con la funcionaria y a otros cinco presos.
80% de los privados de libertad que están en esa dependencia ya tienen sentencia y algunos de ellos han cumplido la pena impuesta, además, otros podrían gozar de un beneficio e incluso obtener libertad plena, pero la paralización de los tribunales ha incrementado el retardo procesal
En relación a la alimentación de los presos, los familiares explicaron que siguen asumiendo el alto costo de la comida diaria. Son muchos los reclusos que pasan hambre porque sus parientes viven en otros municipios y se les dificulta el traslado desde que comenzó la cuarentena.
Carolina Girón, directora del OVP, instó a la policía municipal de Los Guayos a que tramite lo necesario para que los presos de esa dependencia sean sometidos a la prueba para el descarte de covid-19, así como a los funcionarios policiales que laboran allí.
Piden además que se les realice a los familiares de los detenidos que han tenido contacto directo con los utensilios y la vestimenta de ellos que se llevan para lavarlos en sus casas.
Girón agregó que espera que esa dependencia policial tome las medidas necesarias para evitar la propagación de la pandemia al considerar que la población penal es una de las vulnerables en Venezuela.