La presidencia interina de la República y la junta directiva nombrada por Juan Guaidó en la estatal Petróleos de Venezuela introdujeron el pasado 19 de febrero un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el que piden la reconsideración de la sentencia sobre la demanda de Crystallex International.
«El gobierno legítimo demuestra una vez más su firme convicción de no descansar en la lucha para proteger los activos venezolanos«, señaló un comunicado.
Recordó que Venezuela corre el riesgo de perder Citgo desde 2016. El proceso inició cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial emitió un laudo arbitral a favor de Crystallex International.
El laudo arbitral condenó a Venezuela por el pago de 1.200 millones de dólares por la expropiación de los activos de la minera canadiense, ordenada y ejecutada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2008.
Crystallex International, bajo el alegato de que Pdvsa es el alter ego de la República, solicitó en 2017 al Tribunal de Distrito de Delaware una orden de embargo sobre las acciones de PDV Holding Inc.
El objetivo era cobrarse la deuda de Venezuela ordenada por el Ciadi. En el 2018, la Corte emitió esa orden de embargo, ejecutable contra Citgo Petroleum Corporation, único bien de PDV Holding Inc.
Acuerdo «ilegítimo y fraudulento»
Asimismo, la presidencia interina señaló que poco después de esta decisión, el régimen de Maduro firmó un acuerdo, que calificó de ilegítimo y fraudulento, con Crystallex International.
En esa resolución, el régimen reconoció la obligación de pagar la deuda con la empresa, pero sin contar con la autorización de la Asamblea Nacional. Avanzó un pago de cerca de 400 millones de dólares, según el comunicado.
La presidencia interina además afirmó que este acuerdo representa una lesión al pueblo venezolano, producto de políticas irresponsables del régimen socialista.
Pero la ejecución del embargo fue paralizada el 1 de marzo de 2019 porque Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.
El comunicado indicó además que el equipo de trabajo de Guaidó introdujo nuevos alegatos a través de la apelación de la decisión del Tribunal de Distrito de Delaware.
Pero en julio de 2019, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión tomada en Delaware. La medida puso en riesgo el principal activo de Venezuela en el extranjero.
Sin ejecutarse el embargo
Esta medida no se ejecutó porque el 21 de noviembre 2019 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros aclaró que ningún acreedor puede embargar activos de Pdvsa.
La razón planteada por el gobierno de Donald Trump ratificó la protección de PDV Holding y de Citgo Petroleum Corporation.
El 13 de diciembre de 2019, la Corte de Distrito del Estado de Delaware acordó suspender la ejecución del embargo. Es la decisión hasta tanto la Corte Suprema revise la decisión de la Corte de Apelaciones.
«Contamos con nuevas herramientas y posibilidades para defender el patrimonio de la República, clave para la atención de la emergencia humanitaria», señaló.