Senadores demócratas y republicanos introdujeron un proyecto de resolución en el que denunciaron las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en Venezuela, por considerar que el proceso no contó con las condiciones para garantizar unos comicios justos y transparentes.
En consecuencia, rechazaron la actual directiva de la Asamblea Nacional que se instaló el 5 de enero de este año.
En el documento, los legisladores reiteraron que las pasadas parlamentarias representaron la mayor erosión de la democracia venezolana, pues no se cumplieron con los estándares internacionales de un proceso electoral libre.
«El régimen de Maduro buscó utilizar elecciones legislativas fraudulentas para instalar una nueva Asamblea Nacional el 5 de enero de 2021, en un esfuerzo por socavar la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue elegida democráticamente en 2015″, alegaron en la resolución.
Los senadores también ratificaron el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela e instaron al régimen a garantizar unas elecciones presidenciales y legislativas lo más pronto posible, cumpliendo con los estándares internacionales.
La resolución, que fue firmada por los republicanos, Marco Rubio, Ted Cruz y Rick Scott; y los demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin y Ben Cardin, establece las siguientes condiciones:
El cese de la campaña de persecución sistemática contra los partidos políticos independientes de Venezuela por parte del régimen.
La inmediata liberación de todos los presos políticos.
Facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias y poner fin a su campaña de ejecuciones extrajudiciales.
Poner fin a las desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias de opositores políticos, defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil, manifestantes por la paz y ciudadanos.
Tomar nota de la conclusión de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela de que la campaña de violencia y represión patrocinadas por el Estado contra el pueblo de Venezuela equivalió a crímenes de lesa humanidad; y, por ello, convocar a Nicolás Maduro y a sus funcionarios de altos cargos para que se responsabilice de sus acciones.