Julio no fue un buen mes para Nicolás Maduro. El fin de semana, el general de división Luis Rafael Laiza, director del comando estratégico de las fuerzas militares, falleció. Víctima de recurrentes episodios de depresión, este alto oficial -uno de los más cercanos y leales al mandatario- se quitó la vida, según medios caraqueños.
En un episodio menos trágico, Maduro -quien suele tener problemas con el manejo del español- ha sido objeto de repetidas burlas en redes sociales por la forma como se le trabó la lengua en el acto de graduación de unos profesionales de la salud, al tratar de pronunciar las palabras “otorrinolaringólogo” y “otorrinolaringología”.
Pero lo verdaderamente grave ha sido la revelación de una vertiginosa caída del 7% en el PIB venezolano durante el primer semestre de 2023, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
La respetada entidad llamó la atención sobre “un nuevo ciclo recesivo”, tras dos trimestres consecutivos de contracción económica, -7,6% en el primer trimestre y -6,3% en el segundo.
Y a este panorama se suma la consolidación del liderazgo opositor de la exdiputada María Corina Machado, quien encabeza las encuestas para las elecciones primarias citadas para octubre. Según los sondeos, Machado batiría a Maduro en una elección limpia el año entrante.
No obstante, la Contraloría General, dominada por el chavismo, confirmó que Machado está inhabilitada para ser elegida, debido a una sanción impuesta en 2015 en su contra, por una supuesta falla en su declaración jurada de patrimonio y que se mantiene vigente hasta 2030.
Machado encabeza las encuestas para las elecciones primarias del antichavismo citadas para octubre. Foto: AFP
La sanción -vista como una jugada sucia- despertó duras críticas del gobierno de Estados Unidos, así como de la Unión Europea, que venían acompañando las negociaciones entre el oficialismo y oposición para un retorno de Venezuela a la democracia. Incluso el presidente Gustavo Petro, que ha querido posicionarse como impulsor de esas conversaciones, cuestionó la confirmación de la sanción a Machado.
“Ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a un ciudadano», señaló el mandatario colombiano sobre una tesis que defiende desde 2013, cuando la Procuraduría colombiana lo destituyó del cargo de alcalde de Bogotá, sanción que luego fue revertida.
Con 31% de aprobación y más de 65% de desaprobación en las encuestas, con la economía de vuelta a la recesión, y con el apoyo de Washington y Europa a las negociaciones con la oposición en veremos por el caso Machado, el panorama para Maduro -y para Venezuela- es muy distinto al que asomaba hace un año.
En 2022 florecieron las esperanzas de un eventual retorno de Venezuela a la democracia. La mesa conformada en Ciudad de México entre el gobierno y la oposición daba la impresión de avanzar en acuerdos concretos con la intervención de Estados Unidos y de la Unión Europea como garantes. Hasta el impulso que quería darle el presidente Petro a una salida política a la crisis de su vecino alimentaba las ilusiones.
Los datos económicos de entonces contribuían al optimismo.
Aunque hubo bastante disparidad en las cifras, desde las más altas del Banco Central de Venezuela (en torno al 18% de crecimiento del PIB en 2022) hasta las más modestas del FMI (6%), la realidad es que el país frenó en ese año 27 trimestres consecutivos de contracción, lo que había significado una verdadera catástrofe económica de casi siete años.
Parte del impulso económico se debió a la reactivación de la producción petrolera. En los mejores años de la estatal Pdvsa, Venezuela llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios.
En 2022, el país frenó 27 trimestres consecutivos de contracción. Foto: AFP
Para inicios de esta década, había caído muy por debajo del medio millón, con períodos críticos en los que apenas superaba los 350.000 barriles. En 2022, Venezuela volvió a estar por encima de los 700.000 barriles al día, lo cual, aunque lejos de los niveles alcanzados 12 años atrás, permitió darle un respiro a una economía enormemente dependiente del crudo.
Parte de ese petróleo (unos 180.000 barriles al día) fue adquirido por Estados Unidos, que levantó de manera parcial las sanciones económicas al régimen para entre otras cosas suplir las compras estadounidenses de petróleo ruso, cuyo suministro quedó suspendido por la invasión a Ucrania.
Washington y Caracas avanzaron hacia una «detente» en varios frentes, incluido un intercambio de presos en octubre pasado. El presidente Joe Biden otorgó el perdón judicial a los sobrinos políticos de Maduro, Efraín Campo Flores y Francisco Flores. A cambio, Caracas liberó a siete ciudadanos estadounidenses, incluidos cinco ejecutivos de la petrolera Citgo que según Biden habían permanecido años “encarcelados de manera errónea en Venezuela”.
La mesa de negociación en México, que había quedado congelada a finales de 2021 tras la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos de Álex Saab, pudo por fin reactivarse en noviembre de 2022.
Aunque Caracas siguió reclamando la liberación de Saab -un agente de negocios al que Venezuela le otorgó pasaporte diplomático después de ser detenido en Cabo Verde, y al que la justicia estadounidense acusa de servir de testaferro para la corrupción de altos dignatarios del régimen de Maduro-, llegó a un acuerdo con la oposición sobre el manejo de 3.000 millones de dólares de fondos congelados al gobierno en la banca mundial.
Delegación de nueve miembros del oficialismo para el diálogo con la oposición en México. Foto: Prensa Presidencial
Según lo pactado, esos recursos serían utilizados en un programa que ambas partes diseñarían para atender necesidades básicas del pueblo venezolano, que por la grave crisis económica ha enfrentado un drama social de proporciones catastróficas, al haberse disparado el índice de pobreza de menos de 30% a más de 80% en la era Maduro.
Con este cuadro de mejoría del ambiente económico y del político-diplomático, al cierre de 2022 había razones para pensar en una salida negociada y el retorno a la democracia plena.
Desde mediados de 2021, y a instancias del gobierno de Iván Duque, Washington y la Unión Europea acogieron las condiciones que debían cumplir las elecciones en Venezuela, si en verdad Maduro quería comprometerse con un retorno a la democracia.
“Elecciones generales (presidencia y Parlamento) libres, con garantías para la oposición y vigilancia internacional” fueron las palabras que la entonces vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez le transmitió al secretario de Estado, Antony Blinken, y que este acogió.
Partidarios de Maduro en Caracas. Es presidente desde el 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Foto: Federico Parra. AFP
¿El año de la desilusión?
El 2023 no ha estado a la altura de las expectativas. Maduro comenzó a darle largas a una nueva reunión de la mesa en México, que una vez que había avanzado en el tema de los fondos congelados estaba obligada a abordar un calendario electoral claro para unas elecciones generales libres y debidamente supervisadas.
A finales de abril, el fracaso de una cumbre citada por el presidente Petro en Bogotá sirvió para confirmar que el proceso no gozaba de buena salud. La víspera de la reunión, Caracas volvió a exigir la liberación inmediata de Saab y el desmonte de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea como condición para seguir negociando.
Al hacerlo, dejó la cumbre herida de muerte antes incluso de su inicio. El encuentro se saldó sin acuerdos y sin siquiera una declaración conjunta. “Petro quedó muy molesto con Maduro”, le dijo a EL TIEMPO un alto funcionario de la Cancillería colombiana.
“Después del optimismo del año pasado, con la confirmación de la sanción contra Machado, el fracaso de la muy improvisada reunión de Bogotá, y las largas que Caracas ha dado al regreso a la mesa de México, ni en las cancillerías europeas ni en Washington estamos optimistas”, le dijo hace pocos días a EL TIEMPO una fuente diplomática europea en París.
“Y lo más inquietante es que a medida que se acerca la precampaña electoral en Estados Unidos y se hace evidente que varios gobiernos europeos están inclinándose hacia gobiernos de derecha, el riesgo de un nuevo endurecimiento de las sanciones vuelve a elevarse”, agregó la fuente.
20 delegaciones se reunieron en el Salón Bolívar de la Cancillería en abril. Aunque la cumbre cerró si mayores éxitos. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO
“Si Maduro no envía señales claras de compromiso con un proceso electoral sin trampas, para que deje de ocurrir que los candidatos opositores fuertes, como Machado, sean descalificados por vías de dudosa legalidad, las sanciones no solo no van a desaparecer sino que incluso pueden volver con más fuerza”, concluyó.
¿Le preocupa eso a Maduro? Tal vez, pero no lo suficiente como para cambiar su postura. Hace pocos días, el diario The Washington Post hizo un balance poco halagüeño, tras la confirmación de la sanción a Machado.
En el artículo, el diario cita al profesor venezolano de Tulane University David Smilde, quien sostiene que con las encuestas mostrando que Maduro y su partido naufragan entre los votantes, su régimen tiene miedo de lo que pueda pasar con unas elecciones libres y con garantías.
“Creo que la idea de una solución electoral (para Venezuela) no parece prometedora”, dijo.
Andrés Izarra, exministro de Comunicaciones de tiempos de Hugo Chávez, y hoy en día duro crítico de Maduro, le dijo al Post que Maduro no tiene posibilidades de ganar en una elección competitiva. Para Izarra, Maduro y su gente “no van a dejar el poder para ir a la cárcel (…). Y tienen el poder para evitar que eso suceda”.
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