Cuando el 19 de mayo de 2021 se conoció la noticia de la muerte en territorio venezolano de Jesús Santrich, líder de las disidencias de las FARC, pasaron tres meses para que Nicolás Maduro se refiriera al hecho pero alegando que su país no estaba obligado a emitir comunicación.
En ese entonces, el mandatario, en conferencia de prensa, aseguró que “en Colombia asesinan a líderes sociales; no es mala idea que emitamos comunicados oficiales cada vez que matan a un líder social, a un exguerrillero que ha firmado la paz”.
Ahora, con las bajas de alias el Paisa y Romaña, el silencio se hace nuevamente presente y los analistas creen que se debe a dos razones: la primera sería aceptar que estos grupos irregulares operan en territorio venezolano y dos se necesita tiempo para armar un discurso sobre lo acontecido.
Joseph Humire, experto en seguridad global y director del Center for a Secure Free Society, plantea que no reaccionar se debe a que necesitan construir una narrativa para acusar a Colombia, además, el gobierno de Maduro posiblemente debe conversar primero con Iván Márquez, otro líder de la disidencia, para construir ese discurso y victimizar al Estado.
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La relación del chavismo con los grupos irregulares colombianos, que según la ONG Fundaredes operan en casi todo el territorio, con especial énfasis en los estados fronterizos, es de vieja data. Ya se había acusado a Hugo Chávez de darles cabida y dejarlos operar, pero Nicolás Maduro también ha sido señalado y él mismo en 2019 declaró que «Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz».
“Si ellos reconocen que el hecho ocurrió, están reconociendo que la guerrilla sí está en Venezuela y opera en el territorio, especialmente en Apure”, dice a El Tiempo el excomisario Iván Simonovis, ahora en el exilio. El Paisa y Romaña, según los reportes de la inteligencia colombiana, habrían muerto en ese estado llanero.
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Para Simonovis, el panorama se complica para el gobierno si intentara explicar las muertes porque, de haber sido una incursión externa no supieron proteger al Paisa y si fue un ajuste de cuentas entre los frentes, “significa que la nueva Marquetalia tiene sus diferencias y eso es algo que se ha dicho desde hace algún tiempo”.
El fiscal en el exilio Zair Mundaray detalla que no solo se trataría de aceptar o no que esas personas operan en Venezuela, sino que aceptar las muertes debería dar paso a una investigación bajo el ordenamiento jurídico venezolano que involucraría a entes que no están vinculados con este fenómeno, es decir, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), al Ministerio Público, los tribunales, entre otros.
“Admitirlo generaría un clima de inestabilidad entre los mismos grupos irregulares , porque no es el territorio venezolano seguro para desplegar estas actividades criminales como ellos lo han querido hacer ver”, enfatiza Mundaray.