En tiempos legales, el caso venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha avanzado con una celeridad que impresiona a muchos. Justo el martes 7 y este miércoles 8 de noviembre se presentó una audiencia de apelaciones en la que el gobierno de Maduro ha tenido que dar razones a la justicia internacional, que lo acusa de no investigar crímenes de lesa humanidad.
Lo interesante de esta audiencia consiste en que es la primera vez que ocurre en un caso de este tipo. En los dos parecidos, Filipinas y Afganistán, ninguno llegó a este punto. En el primero se convocó una audiencia para dictar sentencia y en el segundo todo fue por escrito. ¿Qué esperar entonces para Venezuela?
Caracas, defendida por el controversial abogado británico Ben Emmerson, introdujo un recurso en contra de la decisión de los jueces de autorizar al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en las audiencias del martes y este miércoles, los alegatos no han sido suficientes para convencer a los jueces, quienes insisten en que se han cometido crímenes, y lo peor, que no se están investigando en el país.
El canciller chavista insistió en su discurso negacionista y aseguró que el sistema de justicia venezolano es más eficiente que la Corte Penal Internacional https://t.co/FY1KB8cclR pic.twitter.com/DnVao3zm6y
— Monitoreamos (@monitoreamos) November 8, 2023
Uno de los alegatos de Venezuela es que no se le exigió al fiscal Khan tomar en cuenta los documentos presentados por Venezuela en español, que alegó que no hizo las traducciones porque «muchos países pobres solo hablan español».
«El fiscal tiene la responsabilidad de hacer las traducciones necesarias. Venezuela no tiene la obligación de hacerlo porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto. Es decir, que cualquier Estado cuyo idioma de trabajo fuese el inglés o el francés no tiene la obligación de traducir los documentos, pero sí los que utilizan el español, que son muchos países pobres», argumentó Emmerson.
Pero este alegato fue rechazado y tanto la Fiscalía como la Oficina de Defensa de las Víctimas recordaron que Venezuela podía haber solicitado oficialmente que el proceso se llevara adelante en español, pero no lo hizo.
Una audiencia inédita
Para esta audiencia, el Estado venezolano tuvo que ir a la CPI a defenderse. Además de Emmerson, intervinieron el canciller Yvan Gil, el secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe, y Karen García, de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
«Es la primera vez para un caso análogo. En los dos precedentes no se realizó este tipo de audiencia. En el caso de Filipinas se convocó a una audiencia pero para dictar sentencia. En el caso de Afganistán todo fue por escrito», explica a EL TIEMPO el abogado Alí Daniels, coordinador de la organización Acceso a la Justicia.
Las víctimas ven esta audiencia como una luz de esperanza, pues son al menos 124 los casos presentados ante la CPI. Uno de ellos es el del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado por un disparo de bomba lacrimógena durante una protesta en 2017.
«Hoy nos sentimos vulnerados, agotados, que juegan con nosotros. Pero sentimos una esperanza de una justicia genuina», expresó Elvira Llovera, madre del joven.
#Venezuela: Hace minutos ocurrió un momento clave en la audiencia en la @IntlCrimCourt. Ante preguntas específicas de la juez peruana Ibáñez Carranza, un abogado del gobierno admitió que todos los casos identificados todavía están siendo investigados. 1/3
— Mariano de Alba (@marianodealba) November 8, 2023
Venezuela reconoce que no ha hecho justicia
En medio de los rifirrafes entre la representación venezolana y los jueces de la CPI, los representantes del gobierno de Maduro admitieron que la mayoría de los casos presentados en La Haya siguen abiertos, por lo que se mantienen impunes.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza preguntó a los representantes del gobierno sobre el estatus de los 124 incidentes presentados ante el tribunal.
«Los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados», dijo el abogado Aitor Martínez Jiménez.
“En relación a los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales de la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos”, continuó.
Emmerson dijo que en algunos casos se han identificado los sospechosos y en otros no porque la investigación no ha alcanzado ese nivel.
Policía antimotines dispara lacrimógenos contra manifestantes durante una de las protestas en sectores populares de Caracas. Foto: Federico Parra. AFP
¿Qué esperar?
Con esta audiencia lo que se espera es que siga la investigación encabezada por el fiscal Karim Khan, quien ya ha visitado Venezuela en dos oportunidades. En ambas le ha recordado a Maduro la importancia de hacer justicia castigando a los responsables.
El Estado venezolano había solicitado conocer nombres y detalles de quiénes eran los denunciantes, algo que la CPI negó dando mayor esperanza a las víctimas.
Los abogados defensores de derechos humanos explican que el resultado de esta audiencia será un sentencia en corto tiempo, que se basaría en dictaminar responsabilidades individuales sobre la comisión de estos crímenes.
Al finalizar la audiencia, la CPI concluyó que Venezuela no investiga ni investigará, por lo tanto es la Corte el único lugar donde las víctimas encontrarán justicia.
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