Los nombres de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete aluden a tres de los episodios más tristemente recordados por los venezolanos; tanto por las condiciones de sus asesinatos como por la actuación de los organismos de seguridad y justicia venezolana.
Esos tres nombres han vuelto juntos a la opinión pública nacional debido a las recientes declaraciones de Tarek William Saab, fiscal general del régimen, quien el sábado anunció que el día anterior envió un tercer informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las actuaciones del Estado venezolano en defensa de los derechos humanos.
El fiscal general del régimen dijo: «No hemos sido correspondidos en el tratamiento formal e institucional de cooperación que transmitimos desde el pasado 4 de noviembre en una reunión personal con la Fiscalía de la CPI».
Por ello, indicó, se vio en la necesidad de solicitar a la CPI una evaluación sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con ese nuevo informe presentado enviado el viernes.
“Dicha instancia interviene cuando los posibles casos que puedan entrar dentro de su competencia no han sido investigados por el sistema de justicia de un Estado parte”, recalcó.
Tras lo cual dio un vuelco respecto al tratamiento que se le había dado hasta ahora a los de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete.
Fernando Albán
El concejal Fernando Albán, dirigente del partido Primero Justicia, fue arrojado desde el piso 10 de la sede del Sebin de Plaza Venezuela, mejor conocida como «La Tumba», el 8 de octubre de 2018.
Tres días antes había sido arrestado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando llegaba a Venezuela para visitar a su familia, pues vivía en Estados Unidos.
El régimen lo acusaba de supuestamente estar involucrado en el ataque con drones que ocurrió en la avenida Bolívar de Caracas mientras Maduro realizaba un acto con las Fuerzas Armadas.
Sobre la muerte de Albán, el régimen sostuvo en un principio que se trató de un suicidio.
El 8 de octubre de 2018, el propio Tarek William Saab informó sobre la muerte del concejal y aseguró que aparentemente se trataba de un suicidio, asegurando que Albán se lanzó desde el décimo piso del edificio cuando iba a ser trasladado a tribunales, para lo que pidió que le dejaran ir al baño.
Esa fue la versión que sostuvo el régimen, aunque se imputó a dos oficiales, pero solo por quebrantamiento de la custodia de un reo.
En las nuevas declaraciones de Saab sobre ese caso, dijo. “En un principio se imputó a los funcionarios por quebrantamiento de normas de custodia”.
Pero, aclaró que el Ministerio Público solicitó la nulidad. «Por observar violaciones a las garantías constitucionales, motivo por el cual la causa se retrotrajo a la fase de investigación. Posteriormente, los funcionarios implicados fueron imputados por homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido”.
Al respecto, la familia y defensa del concejal emitió un comunicado recalcando que no se trató de un homicidio culposo, el cual implica falta de intencionalidad, sino de una ejecución extrajudicial.
Rafael Acosta Arévalo
El 26 de junio de 2019, tras seis días desaparecido, Jorge Rodríguez, quien entonces detentaba el Ministerio de Comunicación, informó la detención de tres oficiales de las Fuerzas Armadas, por un supuesto plan para asesinar a Maduro y a Diosdado Cabello. Entre los detenidos se encontraba el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Dos días después, Acosta Arévalo fue trasladado por una comisión de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a la sede del tribunal militar para la audiencia de presentación. Allí llegó con signos de torturas.
El juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar de Fuerte Tiuna. Y más adelante el juez de la causa comunicó que Acosta Arévalo había fallecido en la noche en el hospital.
Tras el fallecimiento, voceros del régimen comenzaron a brindar declaraciones contradictorias entre sí.
Por un lado, Rodríguez y Saab afirmaban que el capitán murió durante el acto de presentación frente al tribunal; pero posteriormente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López emitió un comunicado señalando que el capitán se desmayó antes de llegar al tribunal.
Sobre Acosta Arévalo, Tarek William Saab dijo este sábado que tras la orden del Tribunal Supremo de Justicia para realizar una nueva investigación sobre los hechos, el 22 de octubre de 2020 se celebró una nueva audiencia de imputación contra los efectivos implicados, por la presunta comisión de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.
Juan Pablo Pernalete
Por su parte Juan Pablo Pernalete, fue asesinado en una protesta en Altamira el 26 de abril 2017, tras el impacto que un artefacto en el pecho.
Su caso involucró contradicciones entre las versiones de los miembros del madurismo.
En este caso, la fiscal del momento, Luisa Ortega Díaz, afirmó que el joven fue impactado por una bomba lacrimógena accionada a quemarropa por parte de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que contradecía las versiones del régimen de que el joven murió por una bala de perno accionada por otro manifestante.
Sin embargo, las nuevas declaraciones de Saab reconocen que el elemento causante de la muerte de Pernalete fue una bomba lacrimógena, material táctico exclusivo de seguridad.
«Murió tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho. Por ello fueron imputados 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, señaló Saab.
Funcionarios imputados y arrestados y altos mandos en libertad
Los señalamientos contra Saab por este considerado «intento de vuelco de narrativa», se sostienen sobre la base de que se mencionan funcionarios arrestados, pero no existen investigaciones contra altos cargos que incurrieron en acciones para encubrir los asesinatos.
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Por ello, la sociedad civil considera que se trata de una estratagema para que la CPI no juzgue al régimen de Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad que quedaron recogidos en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
En ese sentido, Delsa Solórzano indicó que para salvarse de las investigaciones de la CPI, el régimen entrega a los oficiales de bajo rango.
«Hoy vimos al fiscal del régimen en un discurso que algunos señalan como un vuelco en la narrativa de la dictadura. ¿Qué busca Tarek? Tarek tiene la clara intención de evadir la competencia de la CPI , haciéndoles creer que en Venezuela se está haciendo justicia”, expresó.
Al respecto explicó que se trata de un intento de evadir a dicha corte, al ocultar la comisión de crímenes de Lesa Humanidad al fingir que el Estado tomó las acciones correspondientes para garantizar la justicia.
«Las violaciones a los derechos humanos no son necesariamente competencia de la CPI, solo los crímenes de lesa humanidad lo son», expuso.