“El capitán de corbeta está a buen resguardo, declarando”, dijo Diosdado Cabello, presidente de la constituyente oficialista y “hombre fuerte” del régimen chavista el miércoles 26 de junio en la noche en su programa de televisión Con el Mazo Dando.
Se refería al militar Rafael Acosta Arévalo, quien falleció el sábado 29 de junio en la madrugada, 15 horas después de haber sido presentado desorientado y prácticamente inmóvil ante un tribunal militar, apenas pidiendo auxilio y asintiendo ante su abogado quien le preguntó si había sido torturado.
El capitán fue detenido el viernes 21 de junio, sin orden judicial, y recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, sin que sus abogados o familiares tuvieran contacto con él hasta el traslado al tribunal, una semana después.
Estos hechos encierran varios delitos: la ley establece que solo puede detenerse a alguien con orden judicial, debe notificarse de inmediato a un fiscal y en menos de 48 horas ser presentado a un tribunal donde debe tener contacto con abogados y familiares. Pero no se trata de una práctica aislada, una excepción. En Venezuela, toda persona señalada por el régimen chavista de estar supuestamente involucrada en un delito político es sometida a esa torre de irregularidades judiciales y desde hace años, también, a torturas.
Luego de algunos casos emblemáticos ocurridos durante el gobierno de Hugo Chávez, desde 2014 esta es una política de Estado del régimen de Nicolás Maduro, afirman desde entonces abogados, familiares de víctimas y ONG de defensa de los derechos humanos. Pero lo que el miedo y la represión mantuvieron a la sombra durante años, la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo lo grita hoy a todo pulmón.
“Ya es posible afirmar desde hace algún tiempo que la tortura es una política del Estado en Venezuela. Hay varios tipos de tortura: la retaliación, el simple placer de hacer sufrir o el objetivo de que el torturado incrimine a alguien más, diga algo que sabe o sobre lo que no tiene ni idea. El tema de (los detenidos en) el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dgcim es que la mayoría de sus casos no tiene sustento probatorio. Lo que hay esencialmente es delación tras delación bajo tortura”, explica a El Tiempo el ex fiscal venezolano por más de 20 años y abogado penal experto en criminalística Zayr Mundaray.
“El mensaje político es que todo el mundo puede ser torturado; si te enfrentas a la revolución, eres susceptible de ser torturado”, afirma el ex fiscal, quien poco después aseguró haber recibido el informe de la autopsia practicada al cuerpo del capitán Acosta Arévalo:
“16 arcos costales fracturados –8 de cada lado, las 3 primeras y la última en buen estado– de ambos lados; fractura de tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos, rodillas, hematomas en el muslo, cara interna, en ambas extremidades. Lesiones (similares a latigazos) en espalda y muslos parte posterior, un pie fracturado, múltiples excoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies (se presume electrocución)”.
A propósito de la primera gran oleada de protestas contra Nicolás Maduro, ocurridas entre febrero y mayo de 2014, la oficina de derechos humanos de la ONU publicó en marzo un informe en el que reporta “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad».
Asimismo, la organización Human Rights Watch, HRW –con apoyo del Foro Penal Venezolano, otra organización de asistencia legal a presos políticos–, elaboró un informe que documentó 45 casos de personas detenidas por protestar que sufrieron “graves violaciones de sus derechos”, de las cuales 10 podrían calificarse como tortura.
En 2017, otro informe frente a las protestas ocurridas entre marzo y mayo de ese año reporta una conclusión similar con 53 casos documentados de graves violaciones de los derechos humanos y 7 de tortura. Para enero de 2019, HRW destaca haber investigado y corroborado 380 casos de trato cruel y 31 de tortura. En ambos documentos, la organización advierte que «no se trata de casos aislados». «Ni resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad (…) los abusos han formado parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas. No obstante las evidencias abrumadoras de violaciones de derechos humanos, no conseguimos prueba alguna de que altas autoridades en puestos clave hayan adoptado medidas para prevenir o sancionarlos”, destaca el informe de 2017.
En 2018, Amnistía Internacional también elaboró un informe en que asegura haber investigado casos de tortura, y en marzo de este año la abogada venezolana Tamara Suju, defensora de Derechos Humanos –exiliada en la República Checa y directora del Instituto Casla, de Estudios sobre América Latina– asegura que solo en los primeros dos meses de 2019 recibió denuncias de 40 casos de tortura ejecutadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen chavista. Suju adelanta un expediente con más de 500 denuncias contra la cúpula chavista que presentará ante la Corte Penal Internacional.
La fiscalía chavista, liderada por Tarek William Saab, anunció este lunes la detención de dos funcionarios de la Dgcim supuestamente involucrados en el crimen contra el capitán Acosta, pero todavía no se conoce la totalidad de la autopsia y hasta el momento no se ha entregado su cuerpo a su esposa.
Mundaray advierte que la detención de los funcionarios de la Dgcim no responde al Protocolo de Estambul, estándar internacional que señala que los casos de tortura deben ser investigados por instituciones imparciales, y la Fiscalía venezolana no es una de ellas. Asegura el experto que pretende tratarse la tortura como un delito común y eximir a los responsables.
«Todo el que participa en la detención sabe que cuando pasa a ‘investigación’, el detenido va a ser torturado, (…) la persona queda en manos de ese torturador y sin posibilidad de defensa», agrega.
“La cadena de mando no fue investigada, pero por supuesto que le atañe. La cadena de mando empieza con quien da la orden de apresar sin orden judicial; se produce una orden de facto porque hay privación ilegítima de libertad, esa es una desaparición forzada. (…) Luego, todo el que participa en la detención sabe que cuando pasa a ‘investigación’, el detenido va a ser torturado, eso lo sabe el superior (…) la persona queda en manos de ese torturador y sin posibilidad de defensa. Los miembros del sistema de justicia, el fiscal militar, el juez militar, todo el que participa en el proceso sabe que eso pasó y no hace nada para castigar a los responsables ni para establecer responsabilidades, ni para establecer investigación ni para evitarlo. Todos forman parte de la cadena represiva, porque dejar hacer a sus anchas tiene graves implicaciones”, dice el ex fiscal.
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