El Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Ministerio Público investigar penalmente a los integrantes de la Asamblea Nacional por el delito de usurpar las funciones del Poder Ejecutivo y el presidente Nicolás Maduro.
“Se exhorta al Ministerio Público, ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos, para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional”, señaló el TSJ en una declaración leída ante la prensa por el magistrado Juan José Mendoza, de la Sala Constitucional, reportó AFP. El anuncio del tribunal ocurrió minutos antes de que el jefe del Legislativo, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado de Venezuela y asumiera las competencias de Maduro, a quien la AN declaró en usurpación del cargo el pasado 15 de enero.
El TSJ considera que las recientes decisiones del Parlamento, en las que expuso la ilegitimidad de Maduro y aprobó una amnistía para los militares que cooperen con el gobierno de transición, constituyen un “acto de fuerza que pretende derogar la Constitución”. La Sala Constitucional ratificó la “inconstitucionalidad de las acciones del Poder Legislativo”, cuyas decisiones anula sistemáticamente desde 2016 cuando lo declaró en desacato.
Mendoza señaló que la Asamblea Nacional “violenta expresamente el artículo 236, numerales 4 y 15, al pretender usurpar la competencia del presidente de la República en cuanto a dirigir las relaciones exteriores del Estado”, haciendo referencia al hecho de haber nombrado a un representante ante la Organización de Estados Americanos.
Pretenden inhabilitación
El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli asegura que el objeto de esta sentencia es “clausurar de facto a la Asamblea Nacional por vía de la inhabilitación para el ejercicio de sus competencias”.
Para Raffalli se pone en evidencia una vez más la anomalía funcional de los poderes. “El artículo 137 de la Constitución establece la total independencia del Poder Legislativo, por lo que es imposible que otro poder público le diga cómo actuar. Y si de legitimidad se trata, al TSJ no lo eligió nadie y están muy cuestionadas las designaciones de estos magistrados, mientras que los diputados fueron electos por el pueblo”.
Para proceder penalmente en contra de alguno de los parlamentarios, dijo Raffalli, la propia Asamblea debe despojarlo de su inmunidad parlamentaria.