Transferir la custodia de los presos políticos al Ministerio de Servicio Penitenciario no borra las huellas de tratos crueles dejadas por el régimen de Nicolás Maduro, advirtió el abogado defensor de los derechos humanos Rafael Narváez.
“Ordenar a la Dgcim y el Sebin transferir custodia de privados de libertad al sistema penitenciario no exonera de responsabilidad ni borra las huellas de tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas contra presos políticos y asesinatos como los de Fernando Albán y Acosta Arévalo”, expresó el jurista en su cuenta de Twitter.
En la Gaceta Oficial N° 42.125, con fecha del 12 de mayo, el régimen transfirió la custodia de los presos políticos, que suelen ser recluidos en El Helicoide y la Dgcim, al Ministerio de Servicio Penitenciario.
También se exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias para contribuir con el cumplimiento de la orden en los próximos 30 días.
“Se deberá incluir la emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos de las personas que actualmente permanecen detenidas tanto en la Dgcim como en el Sebin”, subraya el documento.
La diputada Delsa Solórzano, al conocerse la noticia, fue enfática en que ahora los presos políticos serán llevados a cárceles comunes.
Mientras que el abogado Joel García afirmó: “Curioso es que el decreto (…) no mencione para nada el artículo 272 de la Constitución, que es la norma que establece cómo han de ser las cárceles”.
El referido artículo establece: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.