La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del magistrado Alberto Poveda Perdomo, admitió este martes 22 de agosto la acción de tutela o amparo constitucional interpuesta por Walter Márquez y Anacelita Hernández contra la Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, por violación a los derechos de petición, acceso a la justicia.
La Fiscalía General de la Nación en Colombia tiene archivado un expediente de cinco piezas, contentivas de más de 1500 páginas, que fue elaborado por la propia fiscalía de Cúcuta a raís del cierre fronterizo, las deportaciones forzosas de 1500 colombianos, destrucción de 200 de sus viviendas en el barrio, la invasión de San Antonio del Táchira y varias denuncias de agresión sexual por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas durante el cierre fronterizo en agosto de 2015.
El 13 de junio de 2017, junto con un grupo de abogados colombianos liderizados por Rafael Humberto Villamizar Ríos, presidente de la colegiatura de abogados del Norte de Santander, interpuso una denuncia de aproximadamente 400 páginas, en la que se pedía la investigación contra Nicolás Maduro y altos funcionarios del régimen, por crímenes de lesa humanidad.
Márquez destacó que el objetivo principal de su solicitud es que se abra una averiguación en Colombia por crímenes de lesa humanidad contra centenares de colombianos cometidos por el presidente Nicolás Maduro y su régimen.
Fiscal invoca jurisdicción universal
En cuanto a las declaraciones, desde Brasil, de la Fiscal general de a República, Luisa Ortega Díaz, desde Brasil, señaló que coincide con ella en el sentido de invocar la jurisdicción universal para juzgar a Maduro. “En el caso concreto de la denuncia de Odebrech debe abrir la averiguación la Fiscalía de Brasil porque es allá es donde funciona la sede matriz de esa empresa y desde donde se ordenaron los pagos de corrupción, y están los principales indiciados del fraude, y de esta manera dar cumplimiento a la Convención Internacional de la Lucha contra la Corrupción, de la cual son signatarios tanto Venezuela como Brasil, que obliga a todos esos estados a cooperar activamente para combatir este flagelo contra la humanidad”.
Explicó el parlamentario jubilado que, de acuerdo al artículo 7 numeral 1 del Estatuto de Roma, Maduro ha cometido 10 delitos de los 11 tipificados como crímenes de lesa humanidad, entre ellos: exterminio por falta de alimentos y medicinas; el de apartheid por discriminación étnica y racial contra los diputados de Amazonas; el de persecución política contra 11 alcaldes y la propia Asamblea Nacional; el de asesinatos vistos ante las protestas populares; deportaciones forzosas acontecidas en el cierre de frontera en 2015; la desaparición forzosa temporal que ha ocurrido tanto con Leopoldo López como con el general Isaías Baduel y el general Ángel Vivas; agresiones sexuales a varios detenidos; las torturas, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales sobran testimonios y evidencias.
En otras palabras, estamos en presencia de una gravísima violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que tiene que ser investigado, en Colombia, la Corte Penal Internacional en La Haya, la jurisdicción universal por un tribual de cualquier país que vea afectado los derechos humanos de sus connacionales mediante la invocación de la justicia universal para juzgar estos crímenes, detalló Walter Márquez.
Aislamiento comunicacional
Se refirió el parlamentario jubilado a la violación de derechos humanos con la orden del régimen de Nicolás Maduro de sacar de las parrillas de programación de las cableras que prestan servicio en el país a los canales colombianos RCN y Caracol en su versión internacional, antes ya lo había hecho con las señales originales, además de NTN24 y CNN en Español, ante lo cual indicó que es un intento más por pretender aislar comunicacionalmente a la población.
Nota de Prensa
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