Las declaraciones de Salvatore Mancuso dieron visibilidad a lo que por años se han enfrentado en la frontera colombo-venezolana: el horror de las desapariciones, asesinatos, reclutamientos y demás vejaciones de los grupos irregulares ya con carácter binacional.
Según Mancuso, son 200 los cuerpos depositados en fosas comunes en municipios del estado venezolano de Táchira, donde, según su gobernador, operan 12 estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tres de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una del Ejército Popular de Liberación (EPL) y tres del Clan del Golfo.
Pero hay que sumarle la actuación de 45 grupos paramilitares instalados en el Norte de Santander y que, según Freddy Bernal, gobernador de Táchira, “intentan tomar la frontera».
La sumatoria se extiende con la participación de 26 grupos delictivos del Tren de Aragua, la banda delictiva exportada desde Venezuela a varios países latinoamericanos.
Este detalle en números se da días después de que los ministros de Defensa de ambas naciones, Iván Velázquez y Vladimir Padrino López, se reunieron en Caracas para abordar temas relacionados con los pasos fronterizos, en los que las mafias no han podido ser disueltas y en los que ambos Estados lucen débiles frente al accionar criminal.
Ahora, Mancuso no detalló la nacionalidad de esas 200 víctimas, de las que se presume sean tanto venezolanos como colombianos. Hoy muchas familias no saben el paradero de sus seres queridos ni si se encuentran en alguna de esas fosas.
Por ejemplo, hace 10 años, en el estado Táchira, un joven llamado Andrés decidió vender una computadora para obtener dinero y cubrir los gastos del nacimiento de su hijo. A los 22 años había dejado embarazada a su novia y debía buscar la manera de solventar el parto.
Este era el panorama en los pasos irregulares tras la reapertura del tránsito peatonal de los puentes binacionales, en Norte de Santander | Foto Gustavo A. Castillo Arenas / EL TIEMPO
Su amigo Juan le comentó que en Cúcuta le darían un buen monto por la compra de la computadora y que él lo podía acompañar “porque cruzar la frontera era un peligro”, pero juntos sería más seguro. Al menos así lo relató a EL TIEMPO uno de sus familiares, que ahora vive en Caracas, la capital venezolana.
Ambos muchachos salieron muy temprano pues no vivían cerca de la frontera. Sin embargo, Andrés nunca regresó. Juan sí volvió, pero no logró dar una explicación coherente. Primero, dijo que Andrés se perdió y no se pudieron encontrar y luego las versiones cambiaron con los días.
Después de tantas investigaciones, se supo que Andrés estaba en manos de las FARC, contó uno de sus familiares. Juan no volvió al pueblo.
Hasta hoy, la madre de Andrés sigue esperando a su hijo en la sala de su casa. La cama la puso en la entrada de la vivienda y duerme ahí “esperando que el joven regrese”, dice el familiar, quien prefiere no ahondar en detalles por temor.
Testimonios como este forman parte de las estadísticas que manejan algunas organizaciones. Fundaredes, por ejemplo, en su más reciente informe detalló que desde 2019 hasta finales de 2022, tiene un registro de 942 personas desaparecidas, a esto se le añade que 228 familias esperan respuestas de las autoridades del Estado para conocer el paradero de sus familiares.
Las declaraciones de Mancuso contrastan con el seguimiento que por años han hecho las ONG. Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y director General del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), considera que a la cifra de 200 víctimas habría que sumarle al menos 300 ciudadanos desaparecidos en trochas desde el año 2015.
Con todo el revuelo, en el estado Táchira fue instalado un operativo de seguridad que ya deja algunos detenidos y la instalación de una línea telefónica para reportar hechos de violencia o prevenirlos.
La gobernación tachirense informó sobre las muertes de tres ciudadanos presuntamente involucrados en hechos delictivos. Fueron identificados como Acuña Gómez de 24 años, conocido como Diómedes; Acosta Carrero de 23 años y Rodríguez Vargas de 25 años, alias Bocachico. Tres individuos lograron darse a la fuga.
El número de teléfono +58416 4958611 fue habilitado por las autoridades para recibir denuncias de los municipios fronterizos.
“Lamentablemente en Colombia, los grupos armados han vuelto a posicionarse en el Norte de Santander, más de 18 grupos de carácter paramilitar y 26 bandas delictivas. Ahora ellos pretenden extrapolar la violencia al Táchira, pero no se lo vamos a permitir, por eso pusimos en marcha el plan Operación Frontera de Paz”, dijo el gobernador Bernal.
Para Karim Vera, coordinadora del partido opositor venezolano Primero Justicia, en el estado Táchira, las declaraciones de Mancuso deben dar paso a una investigación transparente.
«Tenemos años denunciando las asociaciones criminales que no solo se mantienen en las llamadas trochas, sino que ha trascendido a gran parte del estado Táchira, entre grupos irregulares y funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos que hacen vida en la frontera», señaló la exdiputada.
Aunque los gobiernos de ambos países acordaron «unos prontos y eficaces mecanismos institucionales» para localizar los restos mortales de las víctimas del conflicto, Vera cree que no es suficiente con localizar los restos sino que además debe existir «voluntad política para combatir el flagelo que se dan en los pasos regulares e irregulares que se mantienen activos una vez que se abriera la frontera”.
Para Marino Alvarado, de Provea, la participación de la Naciones Unidas en este proceso es importante y que sea la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos con personal en terreno, tanto en Colombia como en Venezuela, que ayude a la localización de los restos de las víctimas.
“Acá, sin duda, de lo que sí hay certeza, es que del lado venezolano hay una responsabilidad, ya sea por acción, porque hubo funcionarios que colaboraron, o por omisión, lo que muestra la incapacidad de las autoridades para garantizar el resguardo de la soberanía nacional”, apuntó Alvarado.
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