Tamara Sujú, abogada y defensora de los derechos humanos, responsabilizó a los integrantes y partidos políticos que participaron en el gobierno interino liderado por Juan Guaidó, del fracaso que tuvo y pidió dar voz a la sociedad civil en la toma de decisiones.
A través de un hilo de mensajes en Twitter, la también directora ejecutiva de Casla Institute, escribió que «todos, quienes estaban en el gobierno interino, incluyendo Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, tuvieron su cuota de culpa del fracaso en sus objetivos, por sus ansias de poder individual y por olvidarse de lo importante: Venezuela».
Instó a que se incluya y escuche a la sociedad civil en las decisiones que se tomen para abordar la emergencia nacional. Del mismo modo pidió que «no se le dé carta blanca a ningún grupo político».
«Es hora de que se cree una junta nacional ad hoc con personas probas donde los venezolanos se sientan representados. Que las decisiones y acciones a tomar, para enfrentar lo que esta por venir, sea su único objetivo y presenten un plan a los venezolanos que se sienten desamparados», escribió Sujú.
Señaló que lo sucedido con la oposición venezolana es una de las razones por las que los venezolanos deciden huir a pie del país.
Tamara Suju recordó sus temas de emergencia nacional
La defensora de derechos humanos aprovechó de recordar los temas que, a su criterio, son de emergencia nacional, entre ellos, la libertad de todos los presos políticos. «Quien no los mencione en su día a día es cómplice», dijo.
También insistió en la organización de elecciones primarias urgentes, en donde exista la participación de venezolanos fuera del país y una alianza con gobierno aliados para que sus sedes diplomáticas se presten para el encuentro democrático. Resaltó que debe existir observación internacional de expertos en el tema y mencionó como ejemplo a la OEA y la Unión Europea.
Entre sus lineamientos prioritarios, Sujú propone un plan de seguridad y control territorial para el cese del ecocidio y control minero; el apoyo a la justicia internacional en las investigaciones realizadas por la Corte Penal Internacional; realización de un plan de retorno de la diáspora con condiciones laborales y económicas dignas; la recuperación de las empresas del Estado y sector agroindustrial; un plan para recuperar infraestructuras y condiciones laborales del sector educativo y de salud; el pago de la deuda a pensionados del país.