Súmate presentó un informe que condensa el expediente de ilegalidad en el que han incurrido las rectoras Tibisay Lucena, presidente del CNE; Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’ Amelio desde 2009 hasta marzo de este año. Recuerda que Hernández y D’Amelio venían de ser militantes del PSUV cuando asumieron los cargos.
“En el transcurso de estos nueve años, las rectoras son responsables de la comisión de una serie de irregularidades, ilegalidades y omisiones al frente del Poder Electoral”, señaló la organización.
Las irregularidades más recientes tienen que ver con la convocatoria, el 7 de febrero, a las presidenciales para llevarlas acabo el 22 de abril, y luego para el 20 de mayo. Con esta disposición, el proceso fue fijado para 8 meses antes de la fecha constitucional en diciembre de este año.
Sostiene que el avance del cronograma comicial evidencia su opacidad. Por ejemplo, “la publicación del Registro Electoral, al 26 de febrero de 2018, para las elecciones presidenciales, inicialmente previstas para abril, reporta un movimiento irregular de incorporación, reubicación y actualización de 1 millón 678 mil 553 electores en el lapso tan corto de 10 días continuos, en el que además hubo dos fines de semana y dos días feriados de carnaval”.
El director de Súmate, Francisco Castro, indicó que “en los últimos años, el CNE ha violado y viola derechos políticos. Los derechos políticos son derechos humanos y, por tanto, no prescriben. Aunque en este momento no haya garantías de una investigación a las rectoras, tarde o temprano deberán responder”.
Añadió que existen “serias dudas” sobre la notificación de los ciudadanos que fueron sorteados para prestar el servicio electoral, en mayo, y que deben fungir como miembros de mesa y de los organismos subalternos. “El problema es que sí no se informa a los seleccionados, el CNE escoge miembros ad hoc o a los coordinadores de los centros con el riesgo de que sean del partido de gobierno”, dijo Castro.
Súmate recordó que el organismo comicial no ha respondido el recurso sobre el fraude electoral en Bolívar durante las elecciones regionales efectuadas hace cinco meses. Añadió que el CNE difirió para el 15 de octubre pasado los comicios “que debieron ocurrir a más tardar en diciembre de 2016 y excluyeron a los legisladores estadales”.
Esas elecciones fueron supeditadas al proceso de renovación de los partidos en el primer semestre de 2017. En el expediente se puntualiza que, en el camino, fue ilegalizada la tarjeta de la MUD y los principales partidos de la oposición: AD, Primero Justicia y Voluntad Popular.
Subraya como una violación del Estado de Derecho la declaratoria de la vacante absoluta del cargo de gobernador del Zulia, luego de la negativa del mandatario electo, Juan Pablo Guanipa, “de juramentarse ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente “.
Práctica recurrente. La postergación de las regionales, según Súmate, no es una práctica nueva: las rectoras “otorgaron un período adicional de cuatro años a los miembros de los concejos municipales, electos en agosto de 2005, y cuya elección debió realizarse en agosto de 2009. Se concedió un año adicional a los alcaldes electos en 2008, que debieron renovarse en 2012, y los comicios fueron efectuados el 8 de diciembre de2013”.
La organización sostuvo que, en contraparte, Lucena y sus compañeras avalaron el proceso para elegir a los miembros de la ANC, el año pasado, cuyo origen es ilegítimo porque la convocatoria fue al margen de la ley.
Indica que las rectoras cancelaron las elecciones del Parlatino en 2015 y suspendieron el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en 2016.