El juez de un tribunal antiterrorismo de Venezuela ordenó el juicio contra Nélida Sánchez, coordinadora nacional de Formación de la ONG Súmate -detenida el 26 de agosto-, con base en una «acta policial forjada», denunció este sábado la organización, dedicada a temas electorales.
En un comunicado, expresó que el juez «violó los derechos constitucionales a la defensa por sus abogados y al debido proceso» de la activista, al decidir «su pase a juicio manteniendo los cinco delitos imputados en la audiencia de presentación» con «fundamento en el acta policial» que «incurre en el vicio de falso supuesto».
Según la ONG, Sánchez fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y se le acusa de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.
Súmate cuestionó que el juez «haya desestimado, sin justificación, los argumentos» de la defensa pública sobre el documento policial, que señala hechos que «no se corresponden con la verdad», entre ellos, los relacionados con la fecha y el lugar de detención, así como con una supuesta prueba presentada que fue «forjada».
La denuncia de Súmate
Por tanto, la organización no gubernamental rechazó y repudió esta «nueva decisión judicial» basada en un «acta policial ausente de hechos veraces», lo que -advirtió- «incrementa el desasosiego, la angustia y dolor» de Sánchez y su familia y «oscurece aún más la imagen de la administración de justicia».
Insistió en que el juez debió «declarar nula la prueba presentada, así como todos los actos procesales que tengan fundamento en el acta policial».
La detención de la coordinadora de Súmate se produjo en un contexto de crisis política desatada tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, un período en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, ha alertado sobre el aumento de la «persecución» y «represión» por parte del gobierno.
El pasado septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
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