Sebin desconoce boletas de excarcelación de presos emitidas por tribunales

Los meses pasan y las solicitudes de liberación remitidas por fiscales del Ministerio Público al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, organismo a cargo del general en jefe Gustavo González López, continúan siendo ignoradas. Las omisiones se han convertido en el peor castigo de 18 ciudadanos que se encuentran tras las rejas pese a gozar de órdenes de excarcelación, según el registro del Foro Penal.

Aunque se han emanado órdenes de medidas sustitutivas de privación de libertad, y que la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales han exigido el cumplimiento de las mismas, el dirigente de Voluntad Popular Yon Goicochea, el concejal de San Cristóbal José Vicente García, los tuiteros Rafael Liendo y Víctor Ugas y 14 policías de Chacao, se mantienen “secuestrados” en los calabozos del Sebin en El Helicoide.

Alonso Medina Roa, miembro del Foro Penal, indicó que la permanencia de este grupo de personas en los centros de reclusión es ilegal y contraria al derecho porque hay un desconocimiento del pronunciamiento de un tribunal de la República por parte de los captores. “Esto más que afectar, si se quiere, a los privados de libertad, afecta a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Este tipo de acciones constituye un golpe muy fuerte a lo que es el respeto al debido proceso”.

Desconocimiento. Yon Goicochea hoy cumple un año detenido. En 2016 fue interceptado por un grupo de hombres encapuchados y sin identificación y luego estuvo desaparecido por 56 horas. Ninguna institución del Estado ofreció información de su paradero. Fue el diputado Diosdado Cabello quien públicamente informó que el dirigente de Voluntad Popular había sido apresado con tenencia de artefactos explosivos.

El 20 de octubre del año pasado, cuando se venció el período legal para la investigación y la fiscal no presentó la acusación, el Tribunal acordó la libertad condicional de Goicochea. Hasta el momento el Sebin se mantiene en desacato con esa orden y con las exhortaciones de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la detención “ilegal” del ex dirigente estudiantil.

En febrero de este año, la CIDH consideró como una amenaza de vida la situación en la que se encontraba Goicochea. Por ese motivo exigió al gobierno garantizar su integridad personal, sus derechos y evaluar las condiciones de la reclusión. Al siguiente mes, durante una audiencia de la CIDH, los representantes del Estado venezolano ante ese organismo fueron interpelados sobre la actuación del Sebin, sin embargo, no dieron respuesta.

Secuestro. De los 18 presos políticos con boleta de excarcelación, 14 son policías del municipio Chacao, quienes fueron responsabilizados públicamente del asesinato del ex director de prensa de la Asamblea Nacional, Ricardo Durán, por parte del actual director del Sebin, que en aquel entones era ministro de Interior y Justicia.

La Fiscalía no halló en la investigación los elementos para imputarlos y exigió su liberación el 8 de agosto de 2016 a través del Tribunal 7° de Control del área metropolitana de Caracas. Hasta la fecha se encuentran detenidos en El Helicoide. “La respuesta que han dado los funcionarios del Sebin al alguacil es que no están autorizados por la superioridad para recibir la orden de libertad”, manifestó Zoraida Castillo, abogado miembro de la defensa de los Polichacaos.

Como medida de protesta para exigir el cumplimiento de su liberación, los policías se mantienen a las afueras de la celda y en dos oportunidades han hecho huelga de hambre, acción que les trajo como consecuencia cuadros de ictericia.

“Estos 14 meses hemos sufrido mucho como familia. Nosotros también somos prisioneros. Hemos tenido que vender nuestros enseres, algunas madres han sufrido problemas de salud, se han destruido nuestros hogares, nuestra vida está paralizada”, relató Pierina Medina, hermana de Venus Medina, funcionaria de Polichacao.

El 10 de julio, Katherine Harrington, vicefiscal designada por el Tribunal Supremo de Justicia, comisionó al fiscal 14º del área metropolitana de Caracas para atender el caso que fue remitido a la Sala de Casación Penal del TSJ para la revisión de la medida.

Al día siguiente Tareck William Saab, en su carácter de defensor del pueblo, solicitó el otorgamiento de la medida de libertad para los ciudadanos con boleta de ex cancelación, entre ellos, del grupo de funcionarios policiales, Goicochea y del diputado del Consejo Legislativo de Barinas Wilmer Azuaje, quien luego de 113 días privado de libertad fue imputado por la actual administración del Ministerio Público por presunta tenencia de armamento militar.

En el inframundo. Además de las restricciones de visitas, de tomar el Sol y de tener acceso regular a la atención médica, las 18 personas se encuentran detenidas en condiciones de hacinamiento y antihigiénicas; reciben comida a deshoras y muchas veces cruda o descompuesta.

“No es solo una privación ilegítima de libertad, esto es tortura porque le están violentando sus derechos fundamentales”, indicó Castillo. Y denunció que los 14 policías fueron objeto, al momento de la detención, de tortura física y psicológica que se manifestó en suministro de electricidad, amarres, colgaduras y golpes. “Dos estuvieron en La Tumba con sede en Plaza Venezuela”, señaló.

El mismo patrón se repitió con Goicochea, quien declaró a sus familiares que presenció torturas de electricidad dos o tres veces por semana y que fue internado en una celda de castigo, donde no existe ventilación ni aseo.

EL DATO

El 12 de julio pasado, el Tribunal Supremo de Justicia otorgó la medida de casa por cárcel para el diputado del Consejo Legislativo de Barinas, Wilmer Azuaje; también la Defensoría del Pueblo, que estaba a cargo de Tareck William Saab, solicitó para él una medida menos gravosa de privación de libertad, pero ambas solicitudes fueron ignoradas por el Sebin. Semanas después, el legislador fue imputado por seis delitos, entre ellos, la posesión de armamento militar, y enviado a la cárcel 26 de Julio en San Juan de Los Morros. La audiencia se celebró fuera del tiempo reglamentario, a los 113 días de haber sido detenido, luego del cambio en el Ministerio Público.