«El régimen utiliza el Saime para amedrentar a los diputados»

Desde enero de 2017, el gobierno de Nicolás Maduro ha retenido el pasaporte de 9 diputados de la Asamblea Nacional, de los cuales 7 fueron anulados.

Los últimos casos reportados corresponden a los legisladores Mariela Magallanes de la Causa R y Óscar Ronderos de Acción Democrática, miembro del Parlamento del Mercado Común del Sur, quienes se disponían a viajar el miércoles a la asamblea anual de la Unión Interparlamentaria Mundial.

El parlamentario indicó que las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería les devolvieron sus documentos de identidad en la mañana de este jueves, y alegaron que su retención obedecía a un error en el sistema.

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En el caso de Magallanes, el error se produjo al no aparecerle la aprobación de la prórroga pasaporte, y en el de Ronderos a que el trámite de renovación aún se mantenía abierto.

A juicio de Ronderos, la devolución de los documentos de identidad fue producto de la reacción que se generó en el ámbito internacional, debido a las declaraciones de la presidente de la UIP, Gabriela Cuevas, y a la denuncia que se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Consideró que la retención del pasaporte fue una maniobra del Ejecutivo para impedir que asistieran al evento internacional. “Es un triunfo que nos hayan devuelto los pasaportes, pese a no haber asistido a la UIP”, aseguró.

Retaliación política

El gobierno utiliza la anulación de pasaportes como un mecanismo para prohibir que diputados, dirigentes opositores y hasta periodistas salgan del país, en momentos en los que las denuncias por violación de derechos humanos han alcanzado máximos niveles.

Williams Dávila, legislador por AD y miembro del Parlasur, aseguró que esta medida es “una retaliación política, una violación flagrante de los derechos humanos, parlamentarios y de los tratados internacionales y de la Constitución, que dice que nosotros gozamos de inmunidad”.

A Dávila le anularon su pasaporte, debido a un presunto error técnico, el 7 de febrero de 2017, cuando se disponía a viajar a Perú por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Mencionó que su documento de identidad nunca estuvo extraviado, como le indicaron las autoridades, y que desde esa fecha ha realizado varios trámites para que le sea devuelto. “En el sistema aparece que el nuevo pasaporte que solicité llegó el 31 de marzo de 2017 a la sede de Mérida y nunca me informaron, a pesar de que dice que fue entregado”, explicó.

Denunció que en febrero de 2018 volvió a solicitar el pasaporte en la oficina central del organismo de identificación y que el director de ese momento, Juan Dugarte, envió a un funcionario para que lo atendiera, que le dijo que él no podía hacer nada, porque eran órdenes superiores.

“El régimen utiliza el Saime para amedrentar a los diputados que viajamos a ejercer funciones de relaciones exteriores o a denunciar violaciones de derechos humanos, para obligarnos a salir por los puentes fronterizos”, aseveró.

Agregó: “Este es el mecanismo que utilizan todas la tiranías del mundo, eliminar la ciudadanía y vulnerar tu derecho a la identidad”. 

Recordó que la Organización de Estados Americanos documentó los casos de anulación de pasaporte en el informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, que fue consignado ante la Corte Penal Internacional, en vista de que esta acción vulnera el artículo 15 del Estatuto de Roma.

“El privar sin ningún motivo a un ciudadano de sus documentos de identidad es cometer un delito. En Venezuela esto ocurre también con políticos, periodistas, empresarios y personas comunes, todos somos parte de esta persecución política”, enfatizó.

Los otros diputados afectados

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