Denominada como la «policía política» del régimen, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se ha convertido en el símbolo de la represión en Venezuela. Acusado de torturas, desapariciones forzadas e incluso de homicidios de opositores al gobierno, sus operaciones han sido comparadas por disidentes con las realizadas por la KGB en la Unión Soviética; la Gestapo en Alemania, y la DINA en Chile.
El servicio vuelve a estar en la palestra, luego de que el presidente Nicolás Maduro destituyera a su director, Gustavo González, a solo tres semanas de la muerte del concejal opositor Fernando Albán en las inmediaciones del Sebin. Aunque la fiscalía venezolana y las autoridades gubernamentales aseguran que el político se suicidó, lanzándose del piso 10 del edificio central del organismo en Caracas, lo cierto es que su fallecimiento aún no es del todo esclarecido.
Qué es el Sebin
Creado por Hugo Chávez en 2010, el Sebin surgió como una restructuración de la entonces Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y prevención (Disip), y continuó tras la llegada de Nicolás Maduro en 2013.
De acuerdo con sus estatutos, depende directamente de la Vicepresidencia y, entre otras funciones, su labor es «la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado Venezolano».
Tiene una de sus bases en el Helicoide, una edificación iniciada en los años sesenta que tiene forma de pirámide. Su estructura, levantada con la idea de que fuera un centro comercial, fue alabada en todo el mundo. Sin embargo, a partir de los años ochenta se convirtió en una de las sedes del aparato de inteligencia.
Además, el organismo cuenta con un edificio administrativo en el centro de Caracas donde se encuentran las principales autoridades. En el piso 10 está ubicada la oficina del director y jefe del Sebin, entre otros funcionarios relevantes.
Acusaciones de tortura
Muchos aseguran que el actuar de este servicio de inteligencia tiene que ver más con reprimir al espectro político disidente que con suprimir «amenazas reales». El 2 de marzo de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares de protección a favor de los estudiantes Lorent Saleh y Gerardo Carrero, detenidos durante protestas en contra del gobierno.
El órgano internacional estableció que ambos jóvenes «estarían ubicados en un sótano (cinco pisos bajo tierra), conocido como ‘La Tumba’, del edificio que funciona como sede principal» del Sebin, donde eran sometidos a un «aislamiento prolongado sin contacto con otras personas, en un espacio confinado de 2×3 metros, con cámaras de video y micrófonos en cada una de sus celdas, sin acceso a la luz del sol o al aire libre».
En el Helicoide, en tanto, las últimas plantas están dedicadas a la Dirección de Inteligencia y la zona intermedia alberga clases policiales, prácticas de tiro, entre otras actividades. Sin embargo, los niveles inferiores sirven como cárceles. Diversos opositores que han pasado por él aseguran que los detenidos son duramente torturados. Según sus relatos, no hay luz natural, tampoco baños ni ventilación adecuada. Aseguran que muchos son colgados desnudos, reciben palizas y baños de agua congelada.
Vilca Fernández, ex candidato a la Asamblea Nacional, estuvo detenido en el Helicoide y relató al diario peruano El Comercio su experiencia. «Jamás se me olvidará que el inspector que me recibió tras mi detención me dijo: ‘Bienvenido al infierno’ y, acto seguido, me colgó de unos barrotes. Yo escuché cómo a otros presos los golpeaban o los sometían a descargas eléctricas», aseguró.
Según consigna el mismo medio de comunicación, en los últimos tres años, además de Albán, otros dos detenidos han fallecido a manos del Sebin. El piloto Rodolfo González, acusado de colaborar con protestas antigubernamentales, quien en 2015 se habría suicidado luego de permanecer más de un año sin juicio; y Carlos García, concejal del partido opositor Primero Justicia, quien en 2017 murió por una dolencia no tratada.
La ONG Centro Internacional para los Derechos Humanos, Justicia y Libertad señaló que el Sebin viola 22 pactos, tratados y protocolos internacionales. Ello, luego de que se conociera el testimonio del joven estudiante Lorent Saleh, quien fue excarcelado y enviado a España recién el 13 de octubre pasado.
El martes, el gobierno decidió destituir a Gustavo González López de la jefatura del Sebin y lo puso en su lugar al general de división del Ejército, Manuel Ricardo Cristopher Figuera. Ambos tienen en común que sus nombres están incluidos en la lista de funcionarios denunciados en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad por defensores de los derechos humanos.