El recurso que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, entregó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro no sólo puede profundizar las grietas en el gobierno, sino que también podría ayudar a tender puentes entre chavistas críticos y la oposición.
Ortega solicitó el jueves al máximo tribunal del país la nulidad de la Constituyente que se votará el 30 de julio, por considerar que violenta la progresividad de los derechos humanos, la democracia y el derecho al sufragio.
Este viernes, ex fiscales, ex jueces, representantes de partidos opositores y otros políticos pretendían adherirse a la acción legal, pero el TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- amaneció cerrado y sus accesos militarizados.
En tanto, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció desde la sede de la Fiscalía que introdujo una «denuncia penal» ante el ente dirigido por Ortega contra el presidente Nicolás Maduro, los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo y las rectoras del Poder Electoral por intentar cambiar «violentamente» la Constitución, una acción respaldada en el artículo 143 del Código Penal venezolano.
Oportunidad de oro
Dirigentes opositores, como el parlamentario Henry Ramos Allup, pidieron respaldar el recurso. Algunos, como la diputada Delsa Solórzano, fueron directamente al TSJ este viernes, pero lo encontraron cerrado.
Parte del chavismo crítico de Maduro afirmó en una carta que se unirá a la propuesta.
«Pretenden la realización de una Asamblea Constituyente espuria y sin apoyo popular», señala la misiva, firmada entre otros por los ex ministros Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio y el mayor general retirado Clíver Alcalá.
La fiscal, la oposición, y el chavismo disidente rechazan la iniciativa de Maduro porque no contempla un referendo previo para que los venezolanos decidan si desean reformar la Constitución, como sí lo hizo el ex presidente Hugo Chávez con la Constituyente de 1999.
«La fiscal ha puesto sobre la mesa un elemento en el que todos coinciden: opositores radicales y blandos, disidencia dura y blanda. Hay apoyo prácticamente unánime. Se ha tendido un puente para que se unan los dos bandos», dijo a la AFP el analista Félix Seijas.
Seijas afirmó que el recurso de la fiscal también «es una oportunidad de oro» para quienes rechazan el proyecto de Maduro.
«La Constituyente dividió al chavismo. No tengo dudas de que se evidenciarán nuevas grietas», agregó.
La fisura se abrió cuando la propia fiscal denunció la «ruptura del orden constitucional» por un fallo -luego anulado- con el que el TSJ asumió las funciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición.
Por esa decisión estallaron el 1 de abril las protestas que exigen la salida de Maduro del poder mediante elecciones generales, que ya dejan 66 muertos.