La organización defensora de los derechos humanos Provea rechazó este miércoles la condena de seis años y ocho meses contra los responsables de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim.
“Desde Provea rechazamos la sentencia por considerarla insuficiente. No establece responsabilidades directas relacionadas con la tortura y tratos crueles que sufrió Arévalo en junio”, difundió Provea en un comunicado.
El Tribunal Supremo de Justicia condenó a Ascanio Antonio Tarascio y a Estiben Zárate, miembros de la Dgcim, de homicidio preterintencional. La condena se cumplirá en las instalaciones de la Dgcim.
Provea rechazó la condena por considerarla una ventana desde el régimen de Nicolás Maduro para propiciar la tortura y los malos tratos hacia la población. Enfatizaron en que la condena de los responsables por la muerte del capitán propicia nuevos maltratos, pues no prevé el cumplimineto del tiempo mínimo de pena que describe la ley.
Normalización de la tortura
La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles establece que la condena por tortura debe ser de 15 a 25 años de prisión.
“Reafirma, además, que en Venezuela se creó una estructura institucional para favorecer el abuso de poder, las violaciones de los derechos humanos y la impunidad”, señala el comunicado.
Asegura que el régimen se desliga de la responsabilidad sobre la muerte de Arévalo al dictar un condena mínima a los miembros de la Dgcim. A su vez, explica que se le violaron sus derechos a la vida y al debido proceso debido a que el capitán fue acusado de planificar un golpe de Estado, en lo cual nunca se pudo comprobar su culpabilidad.
Mientras el capitán debía estar en el proceso de investigación sufrió fractura de costillas y del tabique nasal, golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo; excoriaciones en hombros, codos y rodillas; hematomas en la cara interna de los muslos.
Delito común
El Tribunal Supremo de Justicia calificó la muerte de Arévalo como homicidio preterintencional, lo cual es equivalente a un delito común, explicó la organización.
Su muerte representa la violación de los derechos humanos y del código internacional. El régimen estaría normalizando la tortura en manos de los cuerpos de seguridad del Estado.
Debido a esto, la organización exigió una investigación con miembros internacionales que ayuden a dilucidar el caso del capitán.