El desencadenante histórico tan anunciado llegó. El presidente Nicolás Maduro informó el 1° de mayo lo que ya habría dejado en entredicho desde el 23 abril. Le tomó ocho días confirmar la decisión que reconfigura el panorama político en Venezuela: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
La decisión de, virtualmente, cambiarlo todo fue lo que su conciencia le hizo ver como salida ante una oposición que no le dejó “más alternativa”. Las fuerzas políticas que lo adversan tienen un mes manifestando en su contra y en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse las funciones de la Asamblea Nacional.
El jefe de Estado firmó la noche del lunes el decreto que inicia el proceso constituyente para “lograr la paz” en el país y otro para designar una comisión presidencial que se encargue del tema.
La medida de Maduro no sorprendió a muchos, pues ya lo había asomado desde hace más de una semana y lo que hizo fue confirmarlo en la avenida Bolívar frente a los trabajadores que tomaron el sitio. Mencionó todo lo que había hecho por asegurar la paz por medio de los intentos de diálogo con la oposición, aseguró que se han pagado tres millardos de dólares en deuda externa, detalló que 80% del parque industrial está activado y que por primera vez había cinco millones de hectáreas produciendo.
Después de su discurso, el presidente destacó que había pensado “mucho” con el estado mayor, alto mando militar y político las estrategias a seguir y tras encomendarse a Dios decidía hacer uso de sus atribuciones constitucionales para una Constituyente. Ahí esbozó sus planteamientos para una Asamblea Nacional Constituyente comunal, obrera, campesina, feminista y ciudadana. Horas después aclaró que era una Constituyente como lo planteaba la Carta Magna, pero que el carácter que él le impregnaba estaba centrado en la participación popular.
Al firmar el decreto para activar el proceso constituyente sostuvo que se hará con una elección “directa y secreta” bajo condiciones electorales “estrictas”. Indicó que activó el poder constituyente porque era lo que Chávez haría y reiteró que eso fue lo que su conciencia le dijo.
Maduro indicó que la Constitución de 1999 era su “hija” y lo que deseaba era ampliar su espectro de vida “con amor, como hace un padre” y también ampliar “los horizontes para cuidarla”. Para hacer esto pidió que desde ya se trabaje para escoger a los mejores candidatos para ser constituyentes, quienes «perfeccionarán la patria y la Carta Magna».
Antes de que se desplieguen campañas y se enarbolen consignas a favor y en contra de la Constituyente, existen algunas precisiones que deben hacerse:
¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente?
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es la forma más pura que contempla la nación para darles a los ciudadanos el poder de expresarse sobre la manera en que funciona su sistema político, económico y social por medio de la transformación del Estado, la creación de un nuevo ordenamiento jurídico y la redacción de una nueva Constitución.
La ANC es una de las formas que plantea la Carta Magna venezolana para ser reformada y con ella todo el funcionamiento del Estado en lo que respecta a instituciones y las ramas del poder público. Por medio de ella se “refunda” la República con cambios profundos que no pueden hacerse por reformas o enmiendas.
No existe una ley en específico que regule lo referente a la Asamblea Nacional Constituyente. El basamento jurídico de la ANC está establecido en los artículos 347,348, 349 y 350 del texto constitucional vigente (1999).
¿Ha ocurrido antes?
La convocatoria hecha por Maduro configura la primera del siglo XXI. La actual Constitución es producto de un proceso constituyente impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, que propuso el tema de reformar el Estado como una de sus promesas electorales en su primera campaña presidencial.
El 2 de febrero de 1999 Chávez al ser juramentado en el Congreso Nacional indicó que se juramentaba sobre una “moribunda”, en referencia a la Carta Magna, y ese día convocó a un referéndum consultivo para que los venezolanos decidieran si querían que se realizara una Asamblea Nacional Constituyente, tema que no aparecía en la Constitución de 1961, en los término que él planteaba y que el Consejo Nacional Electoral regulaba. Más de 80% de los venezolanos que votaron aprobaron la propuesta y se inició el proceso que derivó en la Constitución vigente.
A grandes rasgos la Constituyente de 1999 hizo cambios considerables en materia política: incrementó el período presidencial de cinco a seis años, agregó el capítulo sobre los referendos, estableció un límite de solo dos mandatos a los cargos de elección pública, exceptuando el de diputados que podría extenderse a tres. También unificó las dos cámaras del Congreso Nacional en una Asamblea Nacional y cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela.
¿Cuánto tiempo tarda?
La experiencia más reciente de una Constituyente ocurrió hace 18 años con el proceso que inició el 2 febrero de 1999 y culminó con la publicación de la Constitución en Gaceta Oficial el 24 de marzo de 2000.
El consultor electoral Aníbal Sánchez considera que una Constituyente dura más de un año debido a que deben convocarse dos referendos y elecciones para determinar a los constituyentes, quienes deberán discutir por meses los asuntos concernientes para la nueva Carta Magna.
Especificó que en 1999 el proceso fue un referéndum consultivo sobre el tema y las condiciones (25 de abril); escogencia por elecciones universales, directas y secretas de los constituyentes (25 de julio); la redacción de la Constitución (plazo de seis meses) y el referéndum aprobatorio (15 de diciembre).
Sánchez indicó que el Consejo Nacional Electoral (CNE), al recibir la notificación para la convocatoria, debe iniciar el proceso sin dejar de lado la renovación de los partidos políticos, iniciada oficialmente el 4 de marzo, y la convocatoria a las elecciones que debieron ocurrir en 2016.
¿Quién decide las condiciones?
El presidente Nicolás Maduro, como convocante de la Constituyente, debe presentarle al Consejo Nacional Electoral las bases comiciales para la ANC y es el ente electoral el que deberá decidir sobre la validez de las mismas en correspondencia con la actual Carta Magna.
El abogado constitucionalista José Vicente Haro destacó que el Poder Electoral debe garantizar que se respeten los principios de proporcionalidad, personalización del voto, representación proporcional de las minorías, pluralismo político y amplia representación de todos los sectores. De no ocurrir esto, la Constituyente violaría los preceptos constitucionales vigentes, no representaría a toda la sociedad y sería ilegítima para derogar o modificar artículos de la Constitución de 1999.
Haro explicó que si el CNE no puede establecer los principios, son las salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia las que tendrán el argumento final.
¿Cuáles son las condiciones que plantea Maduro?
El presidente de la República esbozó que planteaba la participación de 500 constituyentes, entre representantes sectoriales y territoriales, que serían escogidos por elecciones “directas y secretas”.
Señaló que 250 serían de los sectores sociales y mencionó a obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, movimientos sociales, comuneros, empresarios, indígenas y personas con discapacidades. Todos escogerán “ellos mismos a sus constituyentes”.
El argumento de Maduro fue desestimado por José Vicente Haro. El abogado aseveró que el jefe de Estado enumeraba a quiénes podían estar en la Constituyente, desvirtuando un proceso que debe ser abierto a toda la población desde todos los ámbitos que hacen vida en la sociedad, para así garantizar el principio de participación de los venezolanos.
También tuvo una apreciación negativa al planteamiento el consultor Aníbal Sánchez, que destacó que el modelo propuesto por Maduro no establece el voto universal. En la escogencia de tipo sectorial o comunal la elección pasaría a ser de segundo y hasta tercer grado. Además cuestionó el número de constituyentes que idealizó Maduro porque la cantidad no se corresponde con los municipios del país ni con los circuitos de las elecciones de 2015, aunque no descarta una modificación de las circunscripciones como en 2010.
El politólogo Nícmer Evans consideró como “concepción corporativista” la idea de Maduro de que exista una escogencia sectorial de 50% de los constituyentes y destacó que el gobierno buscará un mecanismo para garantizar tener la mayoría de los representantes de la ANC. También señaló que así habrá personas que voten por dos individuos (constituyente territorial y sectorial), mientras que otros podrán escoger hasta 20 representantes.
El mismo presidente Maduro respondió a las críticas sobre las condiciones para la escogencia de los constituyentes y dijo que el debate estaba abierto. Sostuvo que quien tuviera dudas activara los recursos legales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvería la interpretación.
«Yo me someteré a los designios del Tribunal Supremo de Justicia. Está abierto el debate», expresó.
Maduro también dejó saber, a grandes rasgos, los nueve temas que quiere sean tratados en la Constituyente:
1. Reafirmar los valores de la justicia, ganar la paz, aislar a los violentos en una constituyente para la paz.
2. Ampliar el sistema económico venezolano para dejar un sistema económico pos petrolero.
3. Constitucionalizar las misiones y grandes misiones creadas por Chávez.
4. La justicia, el sistema judicial y penitenciario, la guerra contra la impunidad, el terrorismo, el narcotráfico. Aumentar las penas para una justicia severa.
5. Constitucionalizar las comunas y los consejos comunales para llevarlos al rango constitucional más alto por ser nuevas formas de la democracia participativa y protagónica.
6. La defensa de la soberanía nacional, el rechazo al intervencionismo.
7. Nueva espiritualidad cultural y venezolanidad, el carácter pluriculturalidad y la identidad cultural.
8. Derechos y deberes sociales, educativos y culturales de la juventud venezolana.
9. El cambio climático, el calentamiento global y la sobrevivencia de la especie en el planeta.
¿Qué podría pasar con los derechos?
Mientras no entre en vigencia una nueva Constitución permanece en funcionamiento el ordenamiento jurídico aprobado en 1999, es decir, todos los derechos consagrados en la Carta Magna se mantienen.
El consultor electoral Aníbal Sánchez especificó que el derecho político al sufragio continúa, por lo que el Consejo Nacional Electoral debe convocar a las elecciones regionales y municipales que corresponden desde 2016 y que no realizó, además de llevar a la par la renovación de los partidos políticos y el proceso constituyente. De no hacerlo continuaría una omisión constitucional, como ocurre con los comicios estatales y municipales.
Además de los derechos políticos, todos los demás siguen plenamente vigentes y no podrán desmejorarse con una convocatoria. El abogado José Vicente Haro indicó que existe el principio de progresividad de los derechos humanos y es por esta razón que los cambios que se hagan a la Constitución solo deberían mejorar los que están ya consagrados.
Haro sostuvo que el artículo 350 de la Carta Magna es la “principal herramienta jurídica” que tienen los venezolanos al desconocer un gobierno, autoridad o legislación que contraríen los valores, principios y garantías democráticas o menoscaben los derechos humanos. Recordó que por esta razón ese apartado integra el capítulo de la Constitución que habla de la Asamblea Nacional Constituyente.
¿Qué pasaría con las instituciones?
La convocatoria a una Constituyente no detiene el Estado. En 1999 hubo una convivencia de las actuales instituciones con el proceso iniciado por Chávez.
El abogado constitucional José Vicente Haro reiteró que, tal y como ocurrió al final del siglo XX, debe existir una cohabitación de las instituciones establecidas en la Constitución vigente y que estas no se disuelven. Estas funcionan mientras ocurre el proceso y es con un referéndum aprobatorio que los venezolanos deciden si aprobar o no una Constituyente que modifique el funcionamiento del Estado.
Todos los poderes públicos y sus órganos continúan trabajando mientras se desarrolla el proceso, de no hacerlo habría un vacío legal.
Haro desmintió que por medio de la Constituyente se elimine la Asamblea Nacional o alguna otra institución actual. No es posible que ocurra debido a la progresividad del derecho, es decir, no puede desmejorarse algo que ya está vigente en la Constitución, pero sí modificarlo.
¿De aprobarse una Constituyente podría reiniciar todo el modelo político, económico y social?
En la práctica las decisiones que se tomen con la Asamblea Nacional Constituyente modificarían varios aspectos políticos y sociales, según lo esbozado por Maduro, pero los cambios no podrían vulnerar algunos derechos y condiciones ya establecidas. En materia de políticas públicas el presidente destacó que quería darles rango constitucional a las misiones, al igual que a la organización social de comunas y consejos comunales. En el ámbito económico podrían modificarse algunas bases, siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales.
¿Cuál fue la posición opositora?
La Mesa de la Unidad Democrática respondió a la convocatoria del presidente en una rueda de prensa encabezada por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, quien catalogó como “estafa” la Constituyente que propuso Maduro y llamó a los venezolanos a “rebelarse” contra ella.
Borges afirmó que la medida representaba la consolidación del golpe de Estado a la Constitución y a la democracia.
«Lo que presentó Maduro hoy es mucho peor a la denuncia que hicimos. Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y la República (…) Es una estafa para engañar al pueblo con un mecanismo que no busca otra cosa que agravar la crisis en Venezuela», ratificó.
Hizo llamados a la Fuerza Armada y a las instituciones a no apoyar a Maduro en el golpe de Estado y a que estuvieran de parte de los venezolanos.
Pidió a los venezolanos mantenerse en las calles pacíficamente, exigiendo con contundencia sus derechos.
«Sabemos que tenemos muchos días en la calle, pero quiero decirles que la lucha apenas comienza por lograr el cambio definitivo con el voto. No podemos cansarnos, tenemos que seguir adelante mañana, tarde y noche. Llegó el momento de sacar la casta del pueblo venezolano», ratificó Borges.
Los artículos de la Asamblea Nacional Constituyente
Artículo 347:
El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Artículo 348:
La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral.
Artículo 349:
El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada de la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.
Artículo 350:
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
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