El plan de la patria 2019-2025 que el presidente Nicolás Maduro pretende presentar ante la asamblea nacional constituyente para darle rango constitucional y que sea de obligatorio cumplimiento, “destruye los nueve títulos de la Constitución de 1999 para convertir el país en un Estado popular, revolucionario y socialista”, advierte el constitucionalista José Vicente Haro.
Desde que el presidente Hugo Chávez presentó en 2007 el primer plan socialista Simón Bolívar, se han desconocido: el título I, que consagra los principios republicanos básicos; el III, que se refiere a los derechos humanos, deberes y garantías constitucionales; y el VII, que establece la seguridad y defensa de la nación, y la actuación de la Fuerza Armada Nacional, recordó.
El jurista Juan Manuel Rafalli agregó que también han vulnerado el título II, que específica la organización del espacio geográfico y la división política, y el V, dedicado a la regulación del poder público. “Todo lo hecho desde el punto de vista comunal, las leyes del poder popular, la designación de protectores en las distintas entidades; en el momento en que tú creas un Estado paralelo, que es el supuesto Estado popular, violas la carta magna”.
En el borrador del proyecto reiteran que es la profundización del plan 2013-2019, que tiene coherencia con el “Libro azul” de Chávez y marca la “radicalización de la construcción del pensamiento chavista, revolucionario” para transformar el Estado en uno “popular, revolucionario y socialista”.
Los expertos coincidieron en que el programa no se puede convertir en ley, otorgarle rango constitucional, carácter vinculante o hacerlo de obligatorio cumplimiento. “Es un documento político que el Partido Socialista Unido de Venezuela pretende imponer, pero no puede tener carácter de ley ni vinculante. Es un gran fraude constitucional y jurídico”, afirmó Haro.
“El plan de la patria es una estrategia política que tratan de poner en la calle para radicalizar la revolución, no tiene discusión desde el punto legal. Por su naturaleza no puede ser una ley, por ser un documento programático se tiene que ceñir a la ley orgánica de planificación y no debe ser aprobado por la ANC, que lo único que debe hacer, si es legítima, es dictar una nueva Constitución”, explicó Rafalli.
A pesar de que los juristas sostuvieron que no se le puede dar rango constitucional, alertaron que pueden transformarlo en una nueva carta magna.
“El gran peligro es que intenten convertirlo en una Constitución –como hizo Chávez en 2007– cuando aprueben el proyecto a través de su ‘constituyente’, que es ilegitima y fraudulenta, para salir al paso al debate que hay sobre el 10 de enero de 2019”, enfatizó.
Asamblea
El Poder Legislativo anunció que desconocerá la aprobación de este plan por la ANC “porque no tiene legitimidad para aprobar ese tipo de normas”. El presidente del Parlamento, Omar Barboza, reiteró que “no cumple con los requisitos para ser norma”.
Carlos Valero, diputado de Un Nuevo Tiempo, señaló que “es un plan aéreo para profundizar la crisis y colocar al país en una ruta de un Estado forajido”.
Juan Guaidó, de Voluntad Popular, dijo que con esto el gobierno “incurriría en más errores políticos y económicos porque no será reconocido por la Asamblea Nacional ni internacionalmente”.
Juan Miguel Matheus, de Primero Justicia, agregó: “A este plan no se le puede dar rango constitucional porque es un panfleto socialista sin vestigio legal ni constitucional”.