La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional recibió este miércoles a familiares de víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro, quienes relataron los casos de sus allegados y solicitaron al ente legislativo que eleve las denuncias a instancias internacionales a fin de conseguir justicia y frenar las violaciones de los derechos humanos.
Dennis Fernández, presidente de la comisión, afirmó que con las denuncias pretenden individualizar los casos descritos en el informe de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, con el fin de “resguardar, preservar y exigir el respeto de los más elementales derechos humanos, como lo es el derecho a la vida”.
Indicó que los casos que reciba la instancia que preside serán enviados a la delegación designada de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en el país, a la Corte Penal Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo al que le pedirán que otorgue medidas de protección para los familiares, que también son víctimas de acoso.
“No me mates, por favor”
Zuleica Pérez, de 58 años de edad, relató a la comisión cómo funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana ejecutaron a su hijo el 8 de enero en la madrugada.
José Rafael Arévalo Pérez, de 29 años de edad, se encontraba en su casa del barrio Kennedy, junto con su esposa y su hijo, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales llegaron a las 5:30 am con los rostros cubiertos y portando armas largas. Después de sacar a su familia de la vivienda, los uniformados grabaron un video en el que se ve cuando mandan a vestir a Arévalo y este les dice: “No me mates, hermano; yo no estoy haciendo nada. No me mates, por favor”, para luego asesinarlo alrededor de las 5:45 am, narró la madre.
“Después de seis meses denuncio porque el informe de la alta comisionada me dio brío. Si en este país la pena de muerte no existe, entonces ellos ejecutaron a mi hijo. Si cometió un delito, tenían que imputarlo. Pero no lo hizo, él era inocente”, manifestó.
Indicó que desde que ocurrió el hecho ha recibido constantes amenazas por teléfono en las que le dicen: “Tú sabes que no puedes decir nada porque vas pa’ esa”, y que incluso el video de su hijo fue enviado de manera selectiva a su pareja y a otros familiares que se encuentran fuera del país. Además, los oficiales de ese organismo que ha sido calificado por varias ONG del “escuadrón de la muerte”, se robaron el regulador de corriente de la nevera, un reloj y otras pertenencias en la vivienda.
“Lo del video es lo más sádico, es lo que me tiene desecha. Sus últimos momentos pidiendo clemencia; y tú, cómo te aboga la ley, lo ejecutas, lo matas. Ya perdí el miedo, ya puedo hablar. Siento que es momento de comenzar el camino para buscar la justicia”, expresó con la voz desgarrada.
Indicó que después de asesinar a su hijo, las FAES ejecutaron a los jóvenes Ricardo y Carlos, en Kennedy, y a otros dos jóvenes en Macarao –que no tenían denuncias en su contra ni estaban solicitados–, realizando una simulación de hecho punible, que fue desmentido debido a que el video utilizado para el caso, conocido como “la masacre de Kennedy”, correspondía a un enfrentamiento con una banda de Carúpano, estado Sucre.
Pérez y su nuera interpusieron la denuncia del asesinato de Arévalo ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Fiscalía General de la República, que no han respondido: “Pido justicia. Ahora yo, Zuleica Pérez, les digo a ellos ‘van para esa’, van a pagar por sus delitos, desde el director de las FAES para abajo”.
Arévalo Pérez cometió un delito hace seis años, por el cual había pagado condena y había salido en libertad plena hace un año y seis meses, se encontraba reinsertado en la sociedad y trabajaba en un negocio en Sábana Grande, de acuerdo con su madre.
“No quiero que Samuel Enrique sea otro niño más buscando la libertad”
Samuel Enrique Méndez, de 25 años de edad, salió a manifestar el 30 de abril en la mañana en La Victoria, estado Aragua, atendiendo al llamado del presidente encargado, Juan Guaidó. En la tarde, su familia recibió la noticia de que había sido asesinado de un tiro en el tórax.
Al culminar la protesta, que fue reprimida por funcionarios de la Policía de Aragua, la Policía del Municipio José Félix Ribas y colectivos afectos al oficialismo, Méndez se dirigía a su casa cuando fue interceptado y llevado a los alrededores de la alcaldía, donde lo golpearon, le dispararon a quemarropa y lo volvieron a golpear. Horas después abandonaron el cuerpo en la calle, donde compañeros lo recogieron y lo envolvieron en una bandera tricolor, relató su tía Yuribia Méndez.
En la zona se encontraba la alcaldesa Sumire Ferrara y su esposo, Franklin Ruíz, que es jefe de seguridad ciudadana de la entidad, los que no actuaron en el momento del suceso.
“‘No sé queden viendo televisión, cazando mosca, vayan aunque sea a hacer bulto’, nos decía Samuel Enrique. Él era un muchacho cristiano, ayudaba mucho, recuperaba a jóvenes que estaban en drogas, que hoy son cristianos también. Era un muchacho que le ponía corazón y quería cambiar su país, por eso no se había ido. Decía: ‘Unidos sí podemos’, y nos los entregaron así”, señaló la tía.
Méndez estudiaba tercer semestre de Publicidad y Mercadeo en el Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial, centro de educación superior que en su honor bautizó uno de los pasillos con su nombre. Se congregaba en la Iglesia Cristiana Los Guerreros de la Fe, donde decenas de ciudadanos le dieron el último adiós. Su madre falleció hace nueve meses a causa de un aneurisma cerebral que sufrió al ser estafada cuando se disponía a comprar medicamentos para la abuela de Méndez, que padece cáncer.
“Él decía que no había que darle chance al enemigo, que teníamos que ir siempre para adelante. ‘Mi mamá murió, pero nosotros debemos seguir adelante, tenemos que hacer que esto cambie para que mis primos y mis hijos tengan un buen país’”, recordó Méndez.
Indicó que el caso de su sobrino quedó a la deriva, no ha recibido respuestas de instancias estatales: “Por eso traigo la denuncia a la comisión, para que en algún momento, cuando se restablezca la democracia haya justicia para él y muchos otros jóvenes. No quiero que Samuel Enrique sea otro niño más buscando la libertad”.
El diputado José Gregorio Hernández denunció que 2 días después del asesinato de Méndez, organismos de seguridad del Estado asesinaron a Josnel Peralta, de 16 años de edad, hirieron a 60 ciudadanos y detuvieron a 6: “Invadieron varias viviendas, las destrozaron ante la mirada cómplice de las autoridades municipales”.
Los miembros de la Comisión de Política Interior se comprometieron a elevar la voz por las víctimas y sus familiares, para que los casos no queden impunes.
“Está en nuestra manos exigir que la justicia se aplique a quien cómete este tipo de atrocidades, a quienes violan el derecho a la vida. No podemos darle el placer a quienes con morbo actúan. El sufrimiento y el dolor nos deben enaltecer. Estamos atentos, vigilantes y en pie de lucha para representarlos a ustedes, a cada una de las víctimas indirectas”, subrayó Fernández.
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