La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Consejo de Derechos Humanos que considere adoptar medidas para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela.
“Existe una preocupación real de que, en medio de la crisis económica y la continua polarización política, la situación se deteriore aún más. Por ello instaré al Consejo de Derechos Humanos a que considere tomar medidas para intentar prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela que, recordemos, es miembro del consejo”, declaró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein.
Agregó que cualquier acción debe respetar escrupulosamente y ser conforme a los estándares de los derechos humanos: “Por supuesto, cabe al consejo decidir cuáles podrían ser esas medidas, ya sea un mecanismo de seguimiento que reporte al consejo en forma regular o una comisión de investigación”.
Dijo que el gobierno de Venezuela debe velar porque se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a grupos parapoliciales violentos. “Estamos muy preocupados. Seguiremos esta situación con extremo cuidado”, aseguró.
Zeid Ra’ad al Hussein pidió garantizar que las investigaciones iniciadas por la fiscal Luisa Ortega Díaz, durante el período que abarca el informe, se prosigan de manera escrupulosa y con notoria imparcialidad.
Indicó que la democracia en el país se ha erosionado y que a su entender es claro que las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se han aplicado a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos. “Lo que está ocurriendo aumenta la impresión de que se está exprimiendo lo que queda de vida democrática. La democracia en Venezuela apenas está viva, si es que sigue viva”.
La oficina dirigida por Al Hussein publicó ayer su informe definitivo sobre las múltiples violaciones y abusos cometidos entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017 durante las protestas de la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro, del cual ya había adelantado el 8 de agosto conclusiones preliminares.
Cifras
124 muertes en el contexto de las protestas eran investigadas por el Ministerio Público al 31 de julio
600 civiles fueron detenidos en las manifestaciones y sometidos a la jurisdicción militar
Aumento de la fuerza
El análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, basado en las lesiones de los manifestantes, muestra que el uso de la fuerza se incrementó considerablemente con la aplicación del Plan Zamora. “Citando información aportada por personal médico, en la primera mitad de abril la mayoría de los lesionados fueron tratados por intoxicación causada por gases lacrimógenos. En la segunda quincena de abril, muchas lesiones resultaron del impacto de los cartuchos de las bombas lacrimógenas en las piernas, en el pecho o en la cabeza de las personas. En mayo las heridas fueron causadas por el impacto de perdigones y de objetos convertidos en proyectiles, como las metras y tuercas. En junio, registraron una combinación de heridas ocasionadas por cartuchos, perdigones y otras municiones. En julio comenzaron a tratar heridas de bala”, dice el informe.
“Infundado y manipulado”
El gobierno calificó de infundado y manipulado el informe sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. “Es una patética demostración de que esa oficina y, especialmente, el propio alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, han tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela”, señaló en un comunicado el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero.
Afirmó que el informe ha sido elaborado sin mandato alguno, dado que no ha mediado ninguna solicitud formal de los órganos intergubernamentales competentes de Naciones Unidas.
Valero acusó a la Oficina del Alto Comisionado de comportarse “como una de las tantas ONG financiadas por intereses inconfesables, para satanizar –en nombre de los derechos humanos– a gobiernos y pueblos soberanos y de sumarse a la campaña intervencionista foránea, que busca erosionar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la patria de Bolívar”.
El embajador aseguró que el informe “está plagado de mentiras” por utilizar presuntamente fuentes sesgadas y reproducir información de “organismos fantasmas, de ONG financiadas por instancias del gobierno norteamericano y órganos de seguridad”.
El documento hace “una narrativa falsa y manipuladora” de lo que realmente ocurrió en ese período, añadió.
Según Valero, la ONU atribuye a cuerpos de seguridad del Estado asesinatos cometidos más bien por los violentos y terroristas de la oposición, exagera el número de víctimas que padecieron la violencia y oculta casos puntuales en los que agentes del Estado incurrieron en violaciones de derechos humanos, pero que fueron de inmediato sometidos al imperio de la ley.
Aseveró que grupos fascistas quemaron a seres humanos vivos y practicaron abominables linchamientos, al asesinar a 11 miembros de las fuerzas de seguridad; asaltaron establecimientos militares, destruyeron bienes públicos y privados, pr
“Para el alto comisionado y su oficina tales crímenes no existieron”, sostuvo Valero.
Detalles
+ Documentado con 135 entrevistas a víctimas y sus familiares, testigos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y paramédicos, el informe indica las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales ligados al gobierno y a la oposición.
+ En el informe se constata que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva.
+ El derecho a la reunión pacífica fue violado como patrón, los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número.
+ Se identifican violaciones graves al debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas.
+ También señala violaciones a la integridad física, allanamientos ilegales y violentos y destrucción de la propiedad privada, aplicación de la justicia militar a civiles y violación del derecho a la libertad de expresión.
Testimonios
“Hemos sido amenazados, apuntados, los efectivos nos han atacado con bombas, en ambulancias, asistiendo o no a personas. Cuando sabemos que vienen (las fuerzas de seguridad) todo el mundo para de actuar, levantamos las manos, y así y todo nos disparan”.
“Entraron 10 funcionarios que destrozaron el closet, los juguetes de la niña, sacaron todas las gavetas. Hurtaron PC, monitores, iPads y una laptop. Se llevaron ahorros, todo el patrimonio familiar”.
“Me echaron cloro y sal en la boca, me golpearon con palos y lanzaron gases lacrimógenos cerca de mi cara. Perdí el conocimiento”.
“Los guardias lanzaban regularmente bombas lacrimógenas dentro del calabozo y tapaban las rejas de la puerta con una colchoneta para evitar que el gas saliera”.
“Yo no corrí como periodista sino como cualquier persona que quiere salvar su vida. Corrí y corrí hasta que la máscara se quedó cubierta de sangre”.
“Eso de que por ser periodista estás protegido ya no pasa en Venezuela. Me ha afectado sobre todo el miedo a terminar preso o que me roben”.
“Estaba desnudo por completo. Me echaron mucha agua. Un guardia repetía: ‘Mójalo bien porque si no lo quemas’”.
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