La oposición venezolana sigue hoy a la espera de que el presidente Nicolás Maduro cumpla su ofrecimiento de llamarla a un diálogo que alivie la tensión política, mientras persisten las acusaciones chavistas de un supuesto fraude electoral en los pasados comicios legislativos. Tras admitir errores propios y también alguna que otra virtud de la oposición en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, en las que los opositores obtuvieron la mayoría parlamentaria, Maduro hizo suya la denuncia de un fraude opositor que, dijo, ahora se investiga. ¿Supuesto fraude electoral? Este sábado, el gobernante mantuvo su denuncia al recomendar a través de la red social Twitter la lectura de reportajes que documentan el supuesto fraude, pero no respondió al llamado del líder opositor Henrique Capriles de investigar lo mismo en los comicios de 2013. En las presidenciales de 2013 Maduro obtuvo 223.599 votos (1,48 %) más que Capriles, quien denunció un fraude en su contra y, como respuesta, el chavismo afirmó que el de Venezuela es el «mejor sistema electoral del mundo». El mandatario, sin embargo, ha asegurado que hubo «corrupción política-electoral» en las legislativas del pasado 6 de diciembre ganadas por sus opositores, con una cosecha de 112 diputados contra 55 del chavismo. El gobernante tampoco respondió hoy a llamados a que haga efectivo su anuncio de convocar a los ganadores de los comicios legislativos a un diálogo para coordinar acciones que reviertan la crisis económica, reconocida por ambos sectores como muy severa. Al respecto, el ideólogo del plan económico de Capriles y ahora diputado electo, José Guerra, advirtió hoy que Venezuela «está ante la posibilidad cierta de que en 2016 se agudice la escasez de alimentos» que arrastra desde hace al menos dos años. «El Gobierno luce paralizado, sin iniciativas para enfrentar la crisis y atrapado en sus propias contradicciones», evaluó Guerra, quien se cuenta entre los 112 diputados que asumirán el 5 de enero. La nueva mayoría parlamentaria desea que entre sus primeras acciones conste la elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tarea que la actual mayoría afín a Maduro espera concluir la próxima semana y que la oposición espera impedir. Los 382 aspirantes a jueces serán impugnados ante el Comité de Postulaciones del Parlamento unicameral por sospechas de ser abogados afines al Gobierno, reveló hoy un grupo de juristas. «Vamos a impugnarlos a todos; queremos que se demuestre si los postulantes reúnen las condiciones que exige la Constitución», anunció René Molina, exinspector general de tribunales. La impugnación será formalizada ante el Comité por exjueces y juristas vinculados a la oposición a Maduro, quienes exigen que sea revisada públicamente la hoja de vida de cada candidato para determinar si cumple con los requisitos constitucionales. El actual presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el oficialista Diosdado Cabello, ha repetido desde que la oposición ganó las legislativas que la actual mayoría progubernamental cumplirá su agenda hasta el fin de su mandato, el 4 de enero próximo. Molina advirtió que el lapso para las impugnación vence el 24 de diciembre, tras lo cual debe abrirse un intervalo para presentar pruebas y descargos, «que no debe ser menor a ocho días», y después comenzará otro período similar «para examinar los expedientes». «Hablamos de un proceso que se extenderá hasta después del 15 de enero. No hay posibilidad de que nombren a los magistrados el 23 de diciembre. Tienen que acatar y los magistrados tienen que ser aprobados por la nueva Asamblea» Nacional, de mayoría opositora, remarcó Molina.
