La oposición condenó el miércoles los allanamientos a las viviendas en Caracas de las antichavistas Dinorah Figuera y Auristela Vásquez, exiliadas en España, ejecutados durante la jornada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y que fueron denunciados por la propia Figuera en Twitter.
En un comunicado, el grupo de exdiputados que conforman el Parlamento electo en 2015, que mantienen activo pese a que su período venció en enero de 2021, rechazó estos hechos y aseguró que se trata de acciones de terrorismo de Estado que buscan amedrentar a quienes piensan de forma distinta al oficialismo.
«Condenamos de forma contundente los allanamientos a las viviendas de la presidenta de este Parlamento, Dinorah Figuera, y la segunda vicepresidenta, Auristela Vásquez, ocurridos la tarde de este miércoles y perpetrados por funcionarios policiales del régimen de Nicolás Maduro», dijo el grupo opositor.
Esta entidad paralela alertó, además, sobre una ola sistemática de violaciones de los derechos humanos en el país, y exigió al gobierno de Nicolás Maduro, al que tilda de dictadura, cesar con la persecución, amedrentamiento y violación de los derechos civiles y políticos de los opositores a su gobierno.
Igualmente, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, de la que también forman parte los partidos políticos miembros del parlamento paralelo, rechazó estos allanamientos y los tildó de cobardes agresiones.
«Los organismos de seguridad del Estado siguen siendo solo el brazo persecutor del régimen, actuando cobardemente con ensañamiento en contra de mujeres demócratas y luchadoras», dijo la coalición en Twitter.
La tarde del miércoles, Figuera denunció que el Dgcim allanó su vivienda en Caracas, dos horas después de alertar que los agentes allanaron la casa de Auristela Vásquez -que también se encuentra en la nación europea-, ambas con órdenes de captura en su contra.
El pasado 9 de enero, el fiscal general, Tarek William Saab, informó de las órdenes de captura emitidas contra Figuera, Vásquez y Marianela Fernández -primera vicepresidenta del Parlamento de 2015-, acusadas de los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El funcionario aseguró entonces que Venezuela hizo una solicitud de alerta roja a Interpol, por lo que esperan la colaboración de España y Estados Unidos, donde residen las exdiputadas.