Un grupo de diputados oficialistas presentó ante el Tribunal Supremo de Brasil tres peticiones para que se impida la posibilidad de iniciar un juicio político a la presidente Dilma Rousseff, anunciaron los legisladores a medios locales.Cuestionaron la legalidad de los procedimientos para iniciar el juicio parlamentario que estableció el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien según la Constitución es la autoridad competente para admitir o rechazar los trámites de esa naturaleza.Los legisladores afirmaron que Cunha permitió que la Cámara baja pueda presentar un recurso para analizar esas solicitudes contra Rousseff, aunque él las haya rechazado.Ese proceso sería ?inconstitucional?, dijo el diputado oficialista Paulo Teixeira, del Partido de los Trabajadores.En los últimos meses Cunha ha denegado una decena de solicitudes de inicio del juicio político y tiene pendiente otras nueve. La mandataria anunció la semana pasada una reforma ministerial en la que cedió más poder al Partido del Movimiento Democrático, al que pertenece Cunha.Esas solicitudes se basan en maniobras del gobierno para maquillar el déficit fiscal de 2014 que han sido reprobadas por el Tribunal de Cuentas, aunque aún pueden recibir el visto bueno del Parlamento.El oficialismo calificó de ?una versión moderna de golpe? de Estado los intentos de llevar a juicio a Rousseff.Los diputados de oposición no quieren esperar a que el Congreso decida sobre las cuentas del Estado para comenzar el proceso contra Rousseff.El miércoles pasado el Tribunal de Cuentas rechazó el balance de 2014. Se prevé que mañana Cunha evalúe en el Congreso la propuesta del juicio político contra la mandataria. RECUADRO Señalan a hijo de Lula El empresario Fernando Bahiano, arrestado por estar implicado en el caso Petrobras, afirmó que pagó casi 2 millones de reales (530.000 dólares) por gastos personales de Fábio Lula da Silva, hijo mayor del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con dinero de la red de corrupción, informó ayer O Globo. Bahiano, acusado de ser intermediario en el pago de sobornos entre empresas de Petrobras y los políticos que amparaban las corruptelas, se acogió a un acuerdo para colaborar. La semana pasada el Tribunal Supremo autorizó a la Policía Federal a convocar a Lula para un interrogatorio en calidad de testigo.
